Un mes después de la emergencia por las lluvias que dejaron unos 198 fallecidos y 77 desaparecidos, el responsable de conducir el sistema de prevención de desastres reconoció que no estaban preparados para atender la emergencia que provocó el huracán Ida entre el sábado 7 y el 8 de noviembre pasados.
Jorge Meléndez, director de Protección Civil, reveló que el sistema que coordina y dirige en realidad es una especie de cascarón, pues carece de estructura en más de la mitad de los municipios del país. “No estábamos preparados. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos”, dijo Meléndez a El Faro.Más allá de si las autoridades decretaron o no con tiempo una alerta que permitiera evacuaciones en las zonas más proclives a inundaciones o deslizamientos, lo revelador es que las autoridades sabían de antemano que en algunos casos, como el de la destruida Verapaz, de poco serviría alertar nada porque el sistema no tenía posibilidades de activarse.
Cuando el nuevo gobierno asumió el 1 de junio, se hizo cargo de un tejido supuesto a prevenir tragedias como la que causó Mitch en 1998 o como la que iba a producirse cinco meses más tarde. En julio, cuando asumió Jorge Meléndez, poco a poco se percató de que los indicios indicaban una red de protección con orificios por todas partes. En octubre, producto de una encuesta con las alcaldías, se enteraron de lo peor: apenas 87 de los 262 municipios de El Salvador decían tener los comités municipales de protección que ordena la ley que organicen las alcaldías. Verapaz era uno de esos. 'El sistema territorial, francamente, es casi inexistente', dice Meléndez.
La ley de Protección Civil, aprobada después de los estragos provocados por la tormenta Stan –en 2005, que dejó el 80% del territorio propenso a deslizamientos-, ordena que el Sistema Nacional tenga tentáculos en los 262 municipios del país tan fuertes y organizados que permitan una comunicación fluida de forma descendente y ascendente, para que en el caso de la declaración de alertas -como la alerta verde que se emitió el 5 de noviembre pasado- algo ocurra en los territorios más propensos a inundaciones o deslizamientos de tierra. Pero esa estructura en realidad no existe y, por lo tanto, aunque se decretara una alerta verde o amarilla o naranja, no había posibilidad de una reacción en aquellos municipios que no contaban con sistemas municipales ni comunales cuatro años después de que la ley lo exige.Meléndez dice que cuando se percató de estas deficiencias, empezó a trabajar en intentar corregir 'los errores heredados' de los gobiernos anteriores. Su propósito era, dice, enmendar todo para este diciembre de 2009. La naturaleza, sin embargo, no lo esperó y Protección Civil y el Ministerio de Gobernación vieron cómo en cuestión de 12 horas casi 200 salvadoreños murieron víctimas de la inoperancia de un sistema que públicamente siempre se vendió como algo funcional. Ante la prensa y ante el público, sin embargo, tanto Meléndez como el ministro de Gobernación, Humberto Centeno, nunca revelaron que la mayoría de municipios del país no tenían siquiera comités municipales y, por el contrario, aseguraron que el sistema estuvo listo desde cuando dos días antes de la tragedia se decretó alerta verde.
Lo que se guardaron
En julio, Protección Civil detectó que no había ningún archivo que hiciera constar que los 262 municipios del país contaban con comisiones municipales de prevención y mitigación de desastres. Tampoco encontraron actas que hicieran constar el trabajo del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, la institución decidió arreglar eso y tres meses después, en octubre, luego de pasar una encuesta en las 262 municipalidades, encontró que solo 101 de las 262 municipalidades dijeron tener comisiones municipales de prevención de riesgos, como lo manda la ley. Esto significa que más de la mitad de las comunas y de sus ediles violan la ley.
Pero tener comités es una cosa, y tener planes de emergencia es otra. La encuesta también reveló que de las 101 alcaldías que decían tener montados sus comités de prevención, solo 87 tenían planes, aunque estos nunca fueron validados por Protección Civil. ¿Qué podían hacer el resto de las municipalidades con una declaratoria de alerta verde emitida tres días antes de la tragedia? Quizás el departamento de San Vicente, el que más muertos puso en la tragedia, ilustre la situación. El Faro reveló hace dos semanas que el jueves 5 de noviembre, con motivo de la alerta verde, el gobernador departamental convocó a reunión a los alcaldes del departamento. Ninguno acudió a la cita. La noche del sábado y la madrugada del domingo, al gobernador lo sorprendió la tragedia primero en una fiesta para buscar a la reina de las fiestas patronales, y luego en su cama, dormido. Al alcalde de Verapaz también lo pilló dormido.
Cuando la pregunta se le hace a la directora ejecutiva de la ONG Centro de Protección para Desastres (Ceprode), Lidia Carrillo, la respuesta es “nada”. Carrillo cuenta la experiencia en esta emergencia en la municipalidad de Berlín, Usulután, en donde el anuncio de alerta verde incluso llegó con un día de atraso: a la 1:15 de la tarde del viernes 6 de diciembre. “Que da cuenta de que el sistema de envío de información no está actualizado. Pero también refleja otro problema: ¿y a dónde más hay información para esas municipalidades de qué hacer con ese fax en donde se decreta alerta verde? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Llamar a quién? ¿Informarse dónde?”, cuestiona.
En Berlín, a la 1:15 recibieron un fax donde se notificaba elevación de alerta verde. 'Pero no hubo más que eso. Ya no hubo más notificación de cómo iba dándose el pronóstico. Imagino con esto que el sistema no es automatizado”, dice Carrillo.
Hasta ahora, no obstante, Protección Civil nada dice de estas deficiencias en su estructura. Al contrario, en su 'boletín aclaratorio' fechado 1 de diciembre, dice que cuando el 5 de noviembre se decretó alerta verde, se activó al sistema. 'En ese sentido se indicó a los alcaldes y a los gobernadores mantenerse vigilantes de esta situación y activar sus respectivas comisiones de protección civil', dice el boletín. Se refiere a las comisiones que solo existían, posiblemente, en 101 municipios. Otros 161 no tenían nada que activar.
De nada hubiera servido elevar la alertaEl diputado de Arena Roberto d´Aubuisson es quien más se ha dedicado a señalar los “errores” que dice tuvieron las autoridades de Gobernación y Protección Civil para atender la tragedia. Aunque ha evitado decir que el sistema ya cojeaba desde los gobiernos que administró su partido.
Una semana después del desastre, D´Aubuisson presentó en la Asamblea Legislativa una bitácora no oficial del centro de monitoreo nacional en donde se reflejaba que desde el mediodía del sábado 7 había suficiente información como para elevar el grado de alerta en el país para pasar de un estado de expectativa a un estado de evacuación temprana en las zonas de riesgo. Es decir, como para cambiar de alerta verde a alerta naranja.
“¿Qué va a evacuar usted en la madrugada del domingo si las lluvias pararon? Nunca dieron ninguna alerta. Son tan mala cabeza que la que aplicaba era la roja. Ellos no han leído la ley ni tampoco su reglamento. Sabían la mitad de nada de cómo actuar”, critica.
El problema ahora revelado por el director Meléndez es que aún con un cambio de alerta, el Estado era incapaz de prevenir algo en muchas de aquellas zonas que se vieron más golpeadas por las inundaciones y por los deslizamientos de tierra. Aunque hicieron evacuaciones preventivas -y exitosas- en zonas como la Costa del Sol, no hicieron prácticamente nada en lugares como Verapaz y Guadalupe, donde los pobladores pudieron ver algunas señales de advertencia pero no había nadie organizado para ordenar nada.
El sistema fue sorprendido por una precipitación récord, pero también pecó al advertir tarde la gravedad de la situación. Además, nadie tomó ninguna decisión después de las 8 de la noche del sábado 7 para atender el interior del país, aunque Meléndez insiste en que sí se tomaron decisiones.
-No estábamos tan preparados. Estábamos al máximo de preparación con lo que encontramos. En los medios dicen que aquí no estábamos activados ¡y lo estuvimos desde el 5 de noviembre! Cuando se desarrolló el fenómeno, aún después de 50 minutos de lluvia, nosotros no teníamos conciencia de que eso ya era un cambio. Teníamos la sospecha y la preocupación. Y quizá a la media hora de lluvia, empezamos a llamar al SNET.
-¿Entre 8 y 9 de la noche del sábado?
-Así es. Y a esa hora le hablamos también al presidente de la República para decirle “estamos preocupados. Aquí está sucediendo una cosa que no es lo que se había pronosticado.
-¿Y qué dijo el Presidente?
-Que estaba pendiente y que nosotros decidiéramos lo que había que hacer. Después ordenamos a los cuerpos de socorro que activaran sus equipos de búsqueda, y a esa hora llamamos a los gobernadores, alcaldes… y no solo en estos cinco departamentos. Lo hicimos a nivel nacional.
Lo cierto es que a la 1 de la mañana del domingo, el gobernador de San Vicente y el alcalde de Verapaz estaban dormidos.
Y Carrillo, de Ceprode, tiene una pequeña anécdota que contar al respecto. “A las 7 de la mañana del lunes 9 -al día siguiente del desastre- dijeron en conferencia de prensa que habría reunión del sistema para ese mediodía. Ceprode es parte del sistema y como dijeron de la reunión, llegué a Gobernación, pregunté y pregunté y solo me respondían no, no sabemos nada. No se sabía si habría o no reunión. Todo era un misterio. El tiempo transcurrió y solo empezaron a reunirse los entes gubernamentales entre ellos. Los demás nos quedamos con la boca abierta. A las 3 de la tarde me fui porque nunca inició esa reunión”, cuenta.
Roberto d´Aubuisson se descompone con la actitud que dice tiene Gobernación de querer echarle la culpa al anterior gobierno del partido Arena por lo que no se hizo. “Es querer justificar lo injustificable. Querer echarle culpas a otros. A mí no me interesa si quieren culpar al pasado gobierno, a los alcaldes, hoy concejos municipales, al mal clima, a los empleados públicos, a las organizaciones no gubernamentales… desde el hecho que están buscando echarle culpas están buscando responsabilizar a otros de cosas que son únicamente responsabilidad de ellos”, dice.
Carrillo dice que solo corrigiendo lo debilitado que está el sistema en los municipios se puede lograr que la prevención realmente llegue a todo el país. Meléndez opina lo mismo, pero hace caso omiso al texto de la ley que lo obliga a sancionar a todos aquellos funcionarios que no actuaron acorde a los parámetros exigidos por la ley antes de la tragedia. Por ejemplo, a la mayoría de municipalidades, incluidas las del FMLN, que para el día de la tragedia no tenían armados sus sistemas de prevención ni sus comités. “De ahora en adelante, sí”, promete.Y contrario a lo que se había propuesto para diciembre de este año (tener armados los 262 comités municipales con sus respectivos comités comunales y los 262 planes de prevención municipales), ahora dice que no sabe cuándo se puede lograr esto y le apuesta a tenerlo armado solo en aquellas zonas de mayor impacto de aquí a la próxima temporada de lluvias.
¿Y por qué Protección Civil apareció siempre en público actuando como que tenía capacidad de manejar todo bien? Carrillo interpreta que esas conductas las dicta algo distinto a la técnica. “Son cuestiones políticas... a veces aceptar realidades cuesta”, reflexiona. Y sobre lo que cree depara el futuro, después de analizar la actuación del gobierno un mes después de la tragedia, cree encontrar al menos señales de las autoridades ya están aprendiendo de sus errores. “Al menos ya hay un poco más de comprensión y ahora sí pareciera están aprendiendo las cosas que tienen que hacerse”.
