El subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, está presentando en estos días una lista de pedidos que espera que el presidente de la República, Mauricio Funes, le cumpla a partir de 2010. Se trata de un plan con el que espera impulsar una cultura de diafanidad en el gobierno, que incluye que los auditores internos de las instituciones del Órgano Ejecutivo actúen como intermediarios con la ciudadanía para recibir demandas de información y denuncias, y dar respuesta.
Rodríguez, quien asumió el cargo en agosto bajo la sombrilla de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, tiene previsto presentar este diciembre su propuesta a Funes. Ahí incluirá transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, con el objetivo de que el manejo de lo público en el Ejecutivo deje de hacerse detrás de los telones.
El subsecretario de transparencia era hasta agosto el encargado del capítulo El Salvador de Transparencia Internacional, y dice haber llegado al Ejecutivo con las expectativas de que Funes tiene intención de honrar el compromiso que asumió durante la campaña electoral y en su discurso de toma de posesión, de hacer culto a la transparencia.
En las últimas semanas, El Salvador ha debatido la discrecionalidad del gasto de millones de dólares en Casa Presidencial gracias a que por una modificación que se hizo a la Ley de presupuesto desde 1996, el Ministerio de Hacienda puede hacer transferencias de fondos ahorrados en las oficinas del Ejecutivo y canalizarlos hacia la Presidencia sin necesidad de autorización legislativa. Fue de esta manera como en el gobierno de Antonio Saca, de 2004 a 2009, este tuvo disponibles 219 millones de dólares adicionales a los que la Asamblea Legislativa le había autorizado en el presupuesto general de la nación. Aunque el presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, salió respaldando a Saca diciendo que no habían encontrado anomalía alguna, hay quienes critican que, por ejemplo, más de 80 millones de dólares se destinaran a publicidad.
Según Rodríguez, con su propuesta –que antes de llegar a manos de Funes pasará por el filtro del secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hato Hasbún- se garantizaría mejores niveles de eficiencia y eficacia en los ministerios y oficinas autónomas adscritas al Ejecutivo. Y también en la misma Presidencia.
Uno de los elementos del proyecto es crear un sistema de contraloría ciudadana que ponga a disposición de la gente mecanismos de participación. “La primera estrategia es fortalecer la transparencia y participación. Al gobierno no le corresponde inventar participación, sino abrir mecanismos y ventanillas para que participen. En la medida en que se abran mecanismos de transparencia, y no solo aquí en San Salvador, sino a nivel territorial, eso estimula. ¿Qué se logra? Elevar los niveles de exigibilidad social”, diceo Rodríguez.
Esa participación comenzaría a generarse, explica Rodríguez, al abrir Oficinas de Información y Respuesta (OIR) en cada uno de los ministerios, autónomas y demás oficinas del Ejecutivo en donde la ciudadanía podrá presentar una solicitud de información o denuncia. De esa misma oficina debería obtener respuesta.
Anclada a esta estrategia, una segunda apuesta del plan es otorgarle una nueva función contralora a las unidades de auditoría interna de las instituciones de gobierno para que sean estas las principales garantes no solo del buen manejo de los asuntos burocráticos, sino de que esas solicitudes ciudadanas de información sean respondidas. Rodríguez ve a los auditores como los principales responsables de la satisfacción de las denuncias y demandas de transparencia. “Es importante que el auditor interno entienda que su función contralora tiene que ver con el papel de ese organismo del Estado está jugando con la sociedad. Y el contralor interno debe ser partícipe de la respuesta a la gente. Este mecanismo de articular demanda ciudadana con mecanismo contralor tiene mucha potencialidad”, dice Rodríguez.
Una tercera apuesta es hacer una reingeniería en el Ejecutivo para simplificar los trámites de las instituciones. “¿Por qué? La burocratización de trámites estimula la corrupción. Eso es obvio. Entonces cuantas menos manos sobre un papel no solo se es más eficiente y eficaz sino que hay menos necesidad de acortar los procesos. Nadie te puede pedir que pagués por un servicio que te los están dando adecuadamente”, explica.
Pacto de rendición de cuentas
El cuarto punto de la propuesta de la Subsecretaría, y quizá uno de los más ambiciosos, es el de buscar un pacto de rendición de cuentas entre el Estado y sus diferentes órganos e instituciones contraloras, con la empresa privada, los medios de comunicación y la ciudadanía, para fomentar una competencia positiva de transparencia horizontal y a todos los niveles.
Rodríguez ve el pacto en dos rondas: una primera, en donde los representes de los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo; la Corte de Cuentas y la Fiscalía; los medios de comunicación y la empresa privada, se exigen todo para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas hacia el público desde sus diferentes trincheras. Así, el Estado, más obligado que la empresa privada o los medios de comunicación, también puede exigir a las contrapartes del sector privado que respondan al público fomentando transparencia en sus operaciones en el mercado. En el caso de los medios de comunicación, en sus publicaciones, por ejemplo, e incluso creando las figuras del defensor del lector.
En la segunda ronda, cada una de las partes firmaría únicamente aquello a lo que se compromete, para que esto sea monitoreado en periodos anuales por todos. “Lo que hemos propuesto es que en tres meses distintas organizaciones que incluyan los medios de comunicación, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo discutamos y establezcamos un pacto en donde la particularidad sería que lo que se firma no es lo que harán los otros sino lo que cada uno va a hacer. Cada una de las partes dice: dentro de este marco de discusión yo me comprometo a que dentro de estos cinco años... Por ejemplo, los medios de comunicación pueden decir: vamos a tener un ombudsman elegido por los medios. Y lógicamente el Ejecutivo tendría que poner lo suyo, la Corte de Cuentas también”, dice Rodríguez.
“Con esto se genera una especie de cooperación pero también de competencia legal por la legitimidad donde las instituciones se sienten presionadas positivamente a cambiar actitudes, procedimientos y establecer nuevos mecanismos”, añade.
Según Rodríguez, de no conseguir el pacto, el resto de las estrategias del plan continuarían su marcha para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el Ejecutivo.
La propuesta del pacto fue presentada hace dos semanas a representantes del resto de órganos del Estado, de las instituciones contraloras y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Rafael Domínguez, presidente del gremio de periodistas, calificó el proyecto como positivo, 'en tanto que todo aquello que promueva la transparencia es bienvenido'. Pero Domínguez asegura que la APES expresó sus dudas en torno a si esta propuesta le suma o le resta a la probable aprobación de la Ley de acceso a la información en discusión en la Asamblea Legislativa.
'Y la respuesta que dio el secretario de Asuntos Estratégicos es que no es un instrumento vinculante pero sí paralelo en el tema de transparencia. Y además agregó que el presidente Mauricio Funes mantiene su apoyo para la aprobación de la Ley de acceso a la información. Y al menos eso es un compromiso', dijo. La APES, junto a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, la Fundación Nacional para el Desarrollo, el periódico El Faro y otras entidades no gubernamentales forma parte del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información.
La última estrategia de la Subsecretaría de Transparencia del Ejecutivo va encamminada precisamente a que, sin normativa salvadoreña, se haga una revisión integral de todos los convenios internacionales suscritos por El Salvador con los cuales se pueda medir el avance en los cumplimientos en la lucha contra la corrupción. “La idea es cómo vos hacés para que esos puntos no sean un punto de política exterior sino un punto de política interior. ¿Cómo hacés para que la Convención Interamericana y la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas no solo sea mandato porque la ley dice que todo convenio firmado... sino que se parte de la política nacional”, dice.
