La aprobación de una ley que permita que se intervenga las telecomunicaciones con fines de investigación de delitos está a un punto de ser realidad en la Asamblea Legislativa: la diferencia básica entre los diputados es si el centro de escuchas telefónicas estaría adscrito a la Fiscalía General o a la Policía Nacional Civil.
Mientras el FMLN insiste en que sea la PNC la que maneje el centro de intervenciones telefónicas, Arena, PCN y PDC prefieren la Fiscalía, aduciendo su independencia respecto de los otros órganos del Estado.
En marzo de 2009, los diputados de la anterior legislatura aprobaron la reforma al artículo 24 de la Constitución para permitir la intervención de líneas telefónicas con el fin de contribuir a las investigaciones criminales. Esta legislatura deberá ratificar esta reforma y además aprobar una ley que regule los delitos para los cuales se podrá utilizar esta herramienta y cómo deberá ser utilizada.
Esta ley está casi terminada y en manos de los diputados de la Comisión de Legislación que, aunque ya llegaron a un consenso en casi todos los puntos -como que se use para delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas-, aún deben resolver la dependencia administrativa que tendría el centro de escuchas. Las escuchas solo podrían hacerse previa orden judicial.
El FMLN argumenta que en la Constitución de la República se establece que la atribución de la Fiscalía es dirigir la investigación y no llevarla a cabo, no operativizarla. La diputada Margarita Velado recordó además que debido a que permitir las escuchas telefónicas entraña un riesgo de que se utilicen para fines distintos a los que pretende la ley, hace falta asegurarse de que hay una institución vigilando a la que se haga cargo de las escuchas. Según Velado, no hay un ente que por ley controle la actuación de la Fiscalía y en cambio la policía sí tiene supervisión. “La Fiscalía no rinde cuentas. Esta instancia (el centro de intervenciones) requiere de instancias contraloras”, demandó.
La PNC tiene un organismo interno que es la Inspectoría General, que se encarga de vigilar la conducta de sus miembros. Sin embargo, esa Inspectoría depende de la dirección policial, y por lo tanto carece de independencia para vigilar a la institución.
El arenero Guillermo Ávila Qüehl, presidente de la comisión, se declaró contra esa opción, porque no hay garantía de independencia y sugirió la posibilidad de abusos. “No deja de causar un escozor que sea la policía la que tenga el centro a su cargo porque el director de la policía lo nombra el presidente, ahí esta el Ministerio de Justicia y Seguridad y puedan venir a un posible abuso en cuanto a eso”, afirmó.
Qüehl también aseguró que una oficina bajo la sombrilla de la Fiscalía sería más práctica y menos burocrática.
Dado el entrampamiento, la comisión acordó hacer una excursión. El próximo lunes visitarán el centro de intervenciones telefónicas guatemalteco, que está bajo la dirección de la Fiscalía de ese país. Ahí verán cómo opera para sacar conclusiones sobre qué conviene más a El Salvador.
El legislador Benito Lara, del FMLN, asegura que su partido está dispuesto a conocer esta experiencia y modificar su posición siempre y cuando se respete lo establecido por la Constitución, y dejó claro que ellos no se cerrarán a nuevas posibilidades si los demás grupos parlamentarios no lo hacen.
