El ministro de seguridad y justicia, Manuel Melgar, reveló a El Faro que el presidente Mauricio Funes ya tiene en su escritorio un anteproyecto de ley que derogaría el permiso de portación de armas de fuego en El Salvador.
Melgar aclaró que esta propuesta, que fue entregada al presidente a inicios de este mes, no convertiría a las armas en bienes ilícitos, sino que sólo eliminaría la licencia que permite circular armado. De aprobarse esta medida, los salvadoreños aún podrían adquirir armas y tramitar un permiso para tenerlas en sus casas.
Esta es una propuesta que estaba ya contemplada en el plan de gobierno que Funes hizo público cuando aún era candidato presidencial. Ahora falta que él apruebe el proyecto enviado por el ministerio para que este sea enviado a la Asamblea Legislativa, donde se necesita el respaldo de 43 de los 84 diputados para aprobarla.
En el caso de que el FMLN decida apoyar la medida, la modificación a la Ley de Armas solo necesitaría el concurso de ocho legisladores adicionales, que sumados a los 35 efemelenistas hacen mayoría. El problema es que, a pesar de la evidencia de que las armas en manos de civiles agravan el fenómeno de homicidios, los restantes partidos han manifestado en ocasiones anteriores su rechazo a lo que consideran desarme de las personas particulares.
El PNUD hizo una investigación hace unos años en la que mostró que las personas que intentan defenderse de un acto de delincuencia utilizando su propia arma de fuego, multiplican por cinco las probabilidades de morir en el asalto.
No obstante, los políticos de derecha hasta ahora han argumentado que el Estado debe respetar el derecho de los particulares a andar armas para defenderse de los delincuentes.
“La propuesta aún tiene que pasar por la Secretaría Jurídica de la presidencia y un análsis de la viabilidad que puede tener en la Asamblea. No se trata de mandar por mandar”, explica Melgar.
Hasta ahora, prácticamente todo el gabinete de seguridad, con excepción del ministro de Defensa, se han declarado partidarios de eliminar la licencia de portación. La presidenta del Consejo de Seguridad, Aída Santos; el ministro de Seguridad, Melgar, y el director de la Policía, Carlos Ascencio, piensan que un factor fundamental en los homicidios es la portación de armas de fuego y por eso debería prohibirse.
En este punto, el ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, se alinea con la posición de los legisladores de derecha, argumentando que el Estado no tiene la capacidad ofrecer seguridad a sus ciudadanos: “No estoy de acuerdo en eso (derogar la portación de armas), porque siento que hay una responsabilidad del Estado de proporcionarnos la seguridad, y si el Estado no te puede proporcionar seguridad, entonces tenés que tener la elección de poder hacerlo tú solo, tenés que tener la opción de defenderte o enfrentar el peligro”, dijo a El Faro hace una semana. Ni el ministro Melgar, ni el secretario de asuntos estratégicos, Franzi Hasbún quisieron comentar las opiniones de Munguía Payés.
En El Salvador, según las últimas estimaciones que hizo públicas el Ministerio de Defensa hace cuatro años, hay cerca de medio millón de armas de fuego en manos de particulares, la mitad de ellas ilegales.
Aproximadamente el 80% de homicidios en el país se comenten con armas de fuego; es por eso que distintas instituciones, incluyendo a la PNC y a algunos expertos, como el colombiano Hugo Acero, quien asesora al gobierno en asuntos de seguridad pública, coinciden en la necesidad de retirarlas de la calle.
