La Asamblea Legislativa encargó a la comisión de Hacienda que estudie si procede crear una comisión especial que investigue los contratos de publicidad del Ejecutivo con la agencia Polistepeque S.A. de C.V., cuyo propietario es el asesor y amigo del presidente Mauricio Funes, Joao Santana.
La pieza de correspondencia 28-A introducida por el partido Arena pedía el establecimiento de una Comisión Especial 'para que se investigue las irregularidades en el proceso de adquisición y contratación de los espacios publicitarios de la Presidencia y las instituciones mencionadas en la resolución conjunta de contratación directa para la adquisición de servicios, código RCD/001/2009”.
Arena hacía referencia a un documento fechado el 19 de noviembre y que hizo público El Faro hace una semana, en donde la presidencia y otras 11 oficinas adscritas acordaban contratar única y exclusivamente a la agencia de publicidad de Joao Santana para que maneje la publicidad gubernamental este 2010.
La presidencia y el mismo presidente Funes han argumentado que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) los faculta para contratar de forma directa, dado que no encontraron en el mercado local una sola empresa que reuniera suficientes atributos de experiencia y calidad como para someter a licitación los contratos. El gremio de publicistas salvadoreños exigió esta semana al mandatario que se retracte de esa decisión que calificaron como “ilegal”.
La Presidencia, en cambio, argumenta que el artículo 72 literal (a) le permite contratar de forma directa y que un monitoreo –que no han hecho público- arrojó que en el país no hay ninguna otra agencia de publicidad con las cualidades de la de Joao Santana.
Arena considera que hay “falta de transparencia” y que hubo un procedimiento que debe explicarse a la población, según planteó el jefe de fracción legislativa, Donato Vaquerano: “Es necesario que los funcionarios involucrados en estas adjudicaciones millonarias expliquen a la Asamblea Legislativa la legalidad de las contrataciones”.
Sin embargo, la fracción tricolor no encontró el apoyo necesario este jueves 14, pues los partidos con los que podía hacer mayoría, como FMLN, PCN y el movimiento Gana, le negaron los votos y ahora tendrá que apostarle a convencerlos en la Comisión de Hacienda, que es presidida por una diputada efemelenista.
Miguel Ahues Karra, jefe de fracción de Gana, dio por zanjado el tema argumentando que Arena solo está buscando una maniobra política para afectar la imagen del gobernante. “Creemos que hay otras instituciones encargadas de vigilar la probidad y la transparencia y la Asamblea no debería estarse metiendo a entorpecer la gobernabilidad que el presidente Funes quiere construir”, dijo el representante de los 12 diputados ex areneros.
Roberto Lorenzana, del FMLN, dijo que el partido recibió con sorpresa la noticia y que llegó a la siguiente postura: “Es normal y lógico que el presidente quiera que la imagen la lleve alguien de confianza. Eso es natural”, dice, aunque agrega un matiz que suena a un pero: “Ustedes dan muchos indicios de que pasa algo, pero en eso es que hay que ser institucionales, si la Corte de Cuentas hace una investigación, nosotros y el presidente mismo deberíamos acatar lo que resulte de ese estudio”. El FMLN tampoco está de acuerdo con la creación de una comisión especial, ya que aseguran que es punto de la agenda política de Arena.
Superintendencia decide que no le compete investigar
La Superintendencia de Competencia, que había abierto un expediente el martes 12, resolvió este jueves que la ley no le da las facultades para investigar y emitir fallo alguno sobre la contratación de Polistepeque S.A. de C.V.
La Superintendencia, de oficio, inició una investigación del caso, para intentar develar si la decisión del Ejecutivo violaba los derechos del resto de agencias de publicidad del país.
Este jueves, sin embargo, la Superintendencia resolvió que el asunto no es materia de su incumbencia: 'Lo actuado no encaja dentro de ninguna de las conductas típicas descritas como anticompetitivas por la Ley de competencia de El Salvador', dijo. 'En este sentido, no es procedente iniciar ningún procedimiento administrativo sancionador por falta de tipicidad, principio fundamental en el derecho administrativo sancionador', reza el punto 4 de la resolución.
Competencia plantea que la acción realizada por el gobierno -favorecer a una sola empresa, sin licitación y descalificando al resto- no encaja como una acción anticompetitiva entra las empresas. El superintendente, José Argumedo, planteó a El Faro el miércoles 13 pasado que no existía un precedente en el cual el Estado afecte la competitividad entre las empresas.
'El presente caso, recae sobre una interpretación del artículo 72 letra a) de la LACAP, la cual, a juicio de la Presidencia de la República, es suficiente para cumplir con los requisitos de procedencia de la contratación directa', reza el punto 3 de la resolución.
'Es oportuno mencionar que la aplicación de dicha disposición legal a un supuesto concreto es parte de la discrecionalidad de los titulares de las instituciones públicas, quienes deben realizar el juicio correspondiente y decidir si los hechos encajan en la norma jurídica', añade.
La institución, sin embargo, señala en su conclusión que existen procedimientos jurídicos para aquellas partes que se sientan afectadas para denunciar un atropello en la LACAP para favorecer la contratación de Polistepeque.
Por la tarde del jueves el presidente Funes convocó a una reunión a Casa Presidencial al gremio de publicistas de El Salvador.
