Coordinación de sección y traducciones por Héctor Lindo-Fuentes
Debido al surgimiento de Chávez y sus admiradores en otros países la pregunta “¿qué queda de la izquierda?” se formula con menos frecuencia ahora que en la década de los noventa. Sin embargo, todavía es pertinente en Brazil, Chile y Uruguay, y también es relevante para los partidos moderados de izquierda en otros países.
Los académicos han llegado a conclusiones opuestas sobre los efectos de largo plazo de los “partidos de izquierda”. El trabajo estadístico que he hecho en colaboración con Alex Segura-Ubiergo muestra que los presidentes de partidos con “base popular” son más propensos a apoyar gastos en seguridad social, una forma de gasto social relativamente regresiva, que en salud o educación. Es más, la científica política Karen Remmer ha mostrado que los gobiernos “de izquierda” son más propensos que los conservadores a adoptar programas de estabilización estrictos cuando enfrentan desajustes macroeconómicos. Evelyne Huber y sus asociados han presentado pruebas cuantitativas en sentido opuesto. Ellos muestran que cuando los partidos de izquierda controlan las legislaturas durante períodos prolongados, los gastos en salud y educación tienden a aumentar y el índice Gini de desigualdad disminuye.
No es probable que se resuelvan estas diferencias empíricas solamente con mejores cifras y técnicas econométricas más sofisticadas. También se requiere más investigación cualitativa de estudios de caso para investigar la dinámica del proceso político y el papel que desempeña la competencia entre partidos políticos. Un estudio breve de tres áreas de políticas nos podría proporcionar una mayor comprensión de las oportunidades y dilemas que enfrentan los gobiernos de izquierda.
La primer área se refiere a los programas anti-pobreza comunes en la región. Programas como “Oportunidades” en México y la “Bolsa Família” en Brasil han tenido bastante éxito estimulando a las familias a que mantengan a sus hijos en la escuela, y han producido una diferencia visible en los niveles de pobreza. Cabe notar, sin embargo, que los programas anti-pobreza tienen apoyo a través del espectro político, no son exclusivamente programas de izquierda. De hecho, en México fueron iniciados y continuados por gobiernos de centro derecha. Además, estos programas enfrentan restricciones fiscales severas y continuas. Por ejemplo, la Bolsa Família representa solamente el 0.3 por ciento del PIB de Brasil, mientras que el gasto social (la mayor parte del cual no redistribuye riqueza) constituye entre el 15 y el 16 por ciento del PIB. Para los partidos de izquierda, los esfuerzos para reasignar fondos adicionales a programas anti-pobreza presentan el riesgo de provocar la oposición de grupos obreros y de clase media, sus bases políticas tradicionales y principales beneficiarios de los programas de seguridad social convencionales.
En consecuencia las restricciones que imponen los ingresos tributarios constituyen un segundo gran desafío para los partidos de izquierda. No es solamente que con frecuencia las prioridades de gastos no son igualitarias, sino además la mayoría de los países de Latinoamérica, con la notable excepción de Brasil, tienen cargas tributarias muy bajas. Las limitaciones de los ingresos tributarios agravan los conflictos distributivos e impiden esfuerzos para ampliar la protección social. Sin embargo, es difícil cobrar impuestos sobre la renta de carácter progresivo. Esto se debe no solamente a la inadecuada administración de la recolección de impuestos, sino también a que la extrema concentración del ingreso reduce los incentivos para que los grupos con ingresos elevados paguen, a la vez que ellos no utilizan los servicios públicos de educación y salud. Los impuestos de valor agregado no son tan progresivos como los impuestos sobre la renta, pero son más fáciles de recolectar y proporcionan ingresos que se pueden usar para ampliar el alcance y la calidad de los servicios públicos. A su vez, el pago de impuestos parece funcionar mejor cuando la gente siente que recibe algo a cambio. Para encaminarse a este tipo de políticas, sin embargo, sería necesario que muchos activistas de los partidos de izquierda repensaran ideas muy arraigadas sobre este tema.
El tercer dilema en las políticas se refiere a las formas de acelerar el crecimiento y la creación de empleo. Los economistas están de acuerdo en que la estabilidad macroeconómica y los presupuestos equilibrados son condiciones necesarias para el crecimiento, pero hay poca claridad sobre las políticas adicionales necesarias para mejorar el desempeño económico que en general ha sido errático y lento. Estas incertidumbres abren oportunidades para que la izquierda piense con imaginación, inclusive dentro del contexto de las restricciones de los mercados globales. Sin embargo, hasta el momento es difícil detectar un programa o una visión integral. En Chile y Uruguay, economías pequeñas de por sí muy abiertas, la izquierda en general ha estado a favor de aumentar los vínculos con Estados Unidos, mientras que el gobierno brasileño se ha inclinado más a consolidar su poder de negociación a través del Mercosur. Todavía no se han definido con claridad estrategias para mejorar las destrezas de la fuerza laboral, reestructurar los mercados de trabajo, o desarrollar la infraestructura.
Hay un cierto riesgo que las frustraciones que se pueden producir al hacer frente a estos desafíos puede ser tentación para que los gobiernos de izquierda cometan costosos errores de cálculo. Por el momento, la presión para cambiar la dirección de las políticas parece particularmente fuerte en Brasil. El gobierno de Lula ha presidido sobre tasas de crecimiento lentas muy por debajo de los niveles históricos. Potencialmente, el cambio a un papel del estado más activo en la inversión y la infraestructura puede tener un efecto positivo. Pero en la ausencia de reformas significativas (y potencialmente muy difíciles) en los sistemas tributarios y de seguridad social, puede ser difícil para el gobierno mantener el equilibrio fiscal necesario.
La buena noticia, tanto en Brasil como en los otros países, es que lo más probable es que este tipo de decisiones se tomen dentro de sistemas democráticos bastante estables en los que los votantes tienen la posibilidad de hacer que los gobiernos paguen por sus errores. Esto proporciona un incentivo fuerte para que los gobiernos social demócratas en el poder procedan con cuidado, a la vez que presionen por mejoras incrementales en el empleo y la distribución del ingreso. A su vez, es posible que estos incentivos refuercen la durabilidad y calidad de los sistemas democráticos. Incluso si el progreso social es lento, la integración de la izquierda como competidor en el juego político ofrece un canal vital para la representación de grupos que por mucho tiempo han estado marginados de la política latinoamericana.
Una versión más extensa de este texto se encuentra en Cynthia J. Arnson and José Raúl Perales, compiladores, The New Left and Democratic Governance in Latin America (Wilson Center, 2007).
