Las palabras pronunciadas el sábado 16 de enero por el presidente Funes tendrán eco durante mucho tiempo. Tuvieron que pasar dieciocho años y un cambio de gobierno para que por fin, desde la administración del Estado, surgiera un perdón oficial contra todas esas víctimas de la violencia estatal durante el conflicto armado que los cuatro gobiernos anteriores quisieron esconder en un armario para que no obstaculizaran nuestro camino al progreso.
Ciertamente, el perdón oficial hubiese tenido mayor significado de haber provenido de un mandatario de derecha, y especialmente de ARENA, habida cuenta de que los fundadores de ese partido tenían una relación cercana con las fuerzas de seguridad estatales. Pero nunca tuvieron voluntad de hacerlo e incluso el sábado pasado, tras el discurso de Funes, algunos dirigentes históricos de la derecha manifestaron su repudio al perdón oficial.
Pero está solicitado, por el presidente de El Salvador, en público y de manera contundente. Y esto pasa una página más en nuestra transición de la posguerra a la vida institucional.
Cierto, el discurso no fue del agrado de todos. Pero ahí, en el salón de la cancillería donde se escuchó el perdón, había suficiente representación de un hito mundial que, de tan normal que se nos ha vuelto, se nos olvida lo extraordinario que es: convocados por un presidente de izquierda, del FMLN, en ese salón estaban dos expresidentes que hace menos de dos décadas tenían al Frente como enemigo jurado; estaban militares que combatieron (y que quizás también cometieron crímenes de esos por los que hubo que pedir perdón); ex guerrilleros que no aplaudieron y que hoy hablan más y mejor con sus antiguos enemigos que con el grupo político-militar para el cual combatieron. Así de tanto ha cambiado el país en 18 años.
Esas víctimas, apenas reconocidas en un monumento construido por la sociedad civil, han sido por fin reivindicadas desde la institución del Estado. No será aún suficiente para devolverles plenamente la dignidad, pero es un paso muy importante.
Los siguientes desafíos, que tienen que ver con la búsqueda de desaparecidos; investigación y reconocimiento del papel de los cuerpos de seguridad en la represión y desapariciones forzosas; y procuración de justicia y reconciliación, deberán encontrar respuesta durante la presente administración. El país está listo, a pesar de las voces disonantes de unos pocos.
