El Ministro de Defensa intervino la semana pasada en el debate sobre la seguridad pública con una propuesta que contempla, esencialmente, tres cosas: declarar estado de excepción en las zonas más conflictivas; modificaciones a la legislación que permitan al ejército una mayor y más efectiva participación en el combate al crimen y a la justicia más herramientas para castigar a los delincuentes; y un cambio de visión total del problema, de uno de seguridad pública a uno de seguridad nacional, que por ende tenga en el ejército al principal ejecutor de su solución.
Es una propuesta interesante, en primer lugar, porque por fin alguien hace una. Porque mientras los encargados de diseñar las políticas de seguridad pública siguen discutiendo para lanzar una propuesta, el jefe del Ejército ha lanzado una que, además, cuenta con otro elemento inédito: considera que, habida cuenta de que las estrategias de combate al crimen utilizadas en los últimos años no han funcionado, hay que cambiar completamente el abordaje del problema.
Puede que su propuesta no sea la más completa ni la más feliz, y menos en un país que guarda recuerdos muy tristes de los años en que el Ejército estaba en las calles y “solucionaba” los problemas nacionales. Sí, pero la ciudadanía aprueba abrumadoramente la presencia y permanencia del Ejército en el combate a la inseguridad, y el general Munguía Payés tiene razón al predecir que también apoyarían su propuesta, simplemente porque es el único que ha hecho una y porque los salvadoreños parecemos, según las encuestas, dispuestos a probar cualquier cosa que sirva para disminuir los homicidios, las extorsiones, los secuestros y los robos.
Alguien al menos parece haber reparado en que en nuestro sistema algo no marcha bien y que necesita reformas a nivel institucional y legal. Alguien ha reparado en que las respuestas dadas hasta el momento no han sido efectivas. Alguien ha reparado en que necesitamos un golpe poderoso y herramientas contundentes para pelear contra un enemigo que sí ha estado haciendo su tarea. Y en todo esto, será difícil entrar en contradicción con el diagnóstico militar.
Obviamente, es difícil aceptar recomendaciones de Munguía Payés como permitir que la ciudadanía ande armada, porque esta medida va justamente en contra de todas las recomendaciones de expertos y estudios sobre violencia que indican que, por el contrario, portar un arma aumenta considerablemente el riesgo de recibir un disparo.
Pero incluso esta recomendación tiene sustento en una verdad que nadie en el Ejecutivo se atreve a admitir: hoy el Estado es incapaz de proveer seguridad a sus ciudadanos.
Es por las razones de fondo, más que por las propuestas de forma, por lo que se vuelve hoy necesario escuchar las recomendaciones del Ejército. Que en todo caso, deberían servir de base inmediata, urgente, para un debate serio, amplio y expedito que permita tener pronto una política de seguridad pública y una estrategia de combate al crimen.
