La Ley de escuchas telefónicas se encuentra a un paso de ser realidad, pero la Asamblea Legislativa está partida en dos bandos que se contrarían sobre quién debe ponerse los audífonos y escuchar las llamadas telefónicas. Mientras Arena, Gana y PDC quieren que se deje a discreción de la Fiscalía quién ejecutará el monitoreo de las intervenciones, el PCN y FMLN quieren que sea la policía quien realice las escuchas, bajo dirección y vigilancia de la Fiscalía.
Esta es prácticamente la única diferencia relevante que impide que este jueves se apruebe una normativa que atenderá la reforma constitucional ratificada el año pasado. Los diputados de la Asamblea Legislativa pasada aprobaron al final de su gestión una enmienda al artículo 24 de la Constitución para permitir la intervención a las telecomunicaciones en la investigación de delitos.
La reforma estableció que se crearía una ley especial para la intervención de las telecomunicaciones y que esta y cualquier reforma que se le realice deberá ser aprobada con mayoría calificada, es decir, un mínimo de 56 votos de 84 posibles.
Las escuchas telefónicas se podrían hacer siempre y cuando haya autorización de un juez para investigar delitos de crimen organizado.
A las 2 de la tarde de este miércoles, los diputados de la Comisión de Legislación no habían llegado a un acuerdo en cuanto a quién ejecutará el monitoreo de las escuchas. La Comisión dejó la sesión abierta para continuar la discusión este jueves, día de plenaria.
La manzana de la discordia es por el momento el artículo 13 de la ley, en el cual se establece que la Fiscalía será la institución encargada de realizar las escuchas. “La ejecución de la intervención de las telecomunicaciones será realizada por la Fiscalía General de la República”, se lee en el proyecto de ley.
La posición de la fracción arenera era en un principio que se mantuviera la redacción del proyecto de ley. Sin embargo el PCN llevó una propuesta de reformas a 8 de los 52 artículos de la legislación para lograr un consenso.
La propuesta del PCN, que es apoyada por el FMLN, es que se base la redacción de la ley en la de la Constitución: “La Fiscalía General de la República ejecutará la intervención de las telecomunicaciones con la colaboración de la Policía Nacional de la República”.
El diputado Guillermo Ávila Qüehl aseguró durante la reunión de este día que al dejar esta redacción se le estará atando las manos a la Fiscalía a la hora de decidir quién ejecutará la intervención. El diputado arenero alega que el fiscal tiene que tener la opción de decidir en quién confía más para realizar la intervención, si en personal de la Fiscalía o personal de la Policía. “Además de la cuestión constitucional nosotros hacíamos ese planteamiento de orden político. Yo creo que la Policía tiene cuotas, tenemos escozor de que esto pueda dar lugar a cuestiones de escuchas por razones políticas”, dijo Ávila Qüehl.
Mario Valiente, también diputado de Arena, agregó que su posición personal es que es preferible tener la ley, aunque no se perfecta, a no tenerla, pero que si hubiera una posición de la fracción en contra de lo que ya es un acuerdo entre FMLN y PCN, él la acataría. Además dijo que lo que ellos piden no es que sean los fiscales quienes escuchen, sino gente preparada que no necesariamente sea policía. “Es que no va a ser el fiscal del caso. Los que escuchan pueden ser policías o gente de la Fiscalía. Tendrían que ser gente dentro de la carrera fiscal, empleados de la fiscalía”, comentó.
En cambio el FMLN asegura no entender el porqué de la posición de Arena y dice que la única manera de aprobar la ley es que Arena flexibilice su posición. “Es curioso hoy que cuando el FMLN ya ha cedido y aceptado que sea el fiscal el que dirija directamente, porque hoy es ahora Arena el que no quiere”, comentó Benito Lara.
Hasta el lunes pasado, el FMLN se decantaba en favor de que fuera la Policía la que tuviera en sus manos el centro de escuchas. El martes, sin embargo, cedió el mando a la Fiscalía.
Además, el diputado efemelenista comentó que tendría discusiones con todas las bancadas para tratar de buscar una solución, siempre y cuando se garantice el precepto constitucional, el cual es claro en que la Fiscalía dirija en colaboración de la Policía. En caso de que lleguen a tener los votos para este jueves, Lara confirmó que considerarían llevar el dictamen al pleno aunque no tengan el apoyo de Arena.
Ninguno de los bandos tiene por el momento los 56 votos requeridos para aprobar la ley de escuchas por lo que se reunirán mañana durante la plenaria para tratar de llegar a un consenso.
