Después de años de intentos infructuosos, El Salvador por fin vio la noche de este jueves el nacimiento de una ley para que las autoridades puedan intervenir las telecomunicaciones cuando investiguen delitos graves como homicidios, secuestro y crimen organizado. A las 7 p.m. la legislatura estaba lista para votar por unanimidad.
La aprobación, cuyo proceso inició a las 5:37 p.m., fue posible después de que los diputados superaran los últimos dos escollos, que tenían que ver con quiénes ejecutan las escuchas telefónicas y con la experiencia mínima que se le exigirá al jefe del centro de escuchas. El presidente de la Asamblea, Ciro Cruz Zepeda, pidió que se considerara modificar la agenda para introducir el dictamen favorable de la Comisión de Legislación.
La Ley especial para la intervención de las telecomunicaciones se abrió paso a partir de 2009, después de que la Asamblea Legislativa ratificara una reforma al artículo 24 de la Constitución que permite la interferencia de las llamadas telefónicas para fines de investigación y previa autorización de un juez.
Para fines de ese año, la Comisión de Legislación ya tenía un proyecto de ley, pero apareció el principal punto de enfrentamiento entre Arena y FMLN: quién se encargaba del centro de escuchas. Finalmente, los diputados acordaron que sea la Fiscalía la encargada, con colaboración de la Policía Nacional Civil. 'La ejecución de la intervención de las telecomunicaciones será realizada por la Fiscalía General de la República, con la colaboración de la Policía Nacional Civil', dice el artículo 13.
Ese acuerdo se logró esta semana, y el último obstáculo era el de la experiencia que se le exigirá al funcionario encargado del centro de escuchas. Mientras el FMLN y el PCN pedían un mínimo de cinco años de experiencia en la Fiscalía, Arena decía que no había necesidad de ese requisito. Finalmente, el miércoles acordaron que se pida un mínimo de tres años.
La ley dispone que la intervención de una línea telefónica no podrá autorizarse para un período mayor a tres meses, aunque podrá solicitarse hasta un máximo de tres prórrogas. Solo excepcionalmente, la Fiscalía podrá pedir períodos adicionales, debidamente justificados ante el juez correspondiente.
La lectura del dictamen favorable a la ley, que incluyó la lectura de la ley, terminó a las 6:50 p.m., cuando los legisladores dedicaron varios minutos a felicitarse entre sí antes de proceder a la votación. Esta ocurrió hasta las 8:15 p.m., con el sí de 83 de los 84 legisladores.
La ley establece que el centro de monitoreo de llamadas comenzará a operar en un plazo no mayor de seis meses después de la entrada en vigencia de la ley.
Algunos de los delitos para cuya investigación podrá solicitarse la interferencia de llamadas telelfónicas son el homicidio, el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y el crimen organizado en general.
Las autoridades policiales pedían desde hacía años esta herramienta, dado que según sus investigaciones muchas de las extorsiones de las maras y homicidios se planifican desde las cárceles, donde los reos burlan la prohibición y tienen teléfonos celulares con los cuales se comunican con los sicarios que están en libertad.
Cuando en 2009 comenzó a discutirse la ley, la primera gran diferencia fue que mientras el FMLN quería que se incluyera los delitos de corrupción entre los que permitirían intervención de telecomunicaciones, Arena se oponía. Al final, ese punto quedó soslayado y los diputados se concentraron en los delitos frecuentemente vinculados con las maras y el crimen organizado.
