El presidente ha iniciado las presentaciones de un plan de medidas inmediatas para reforzar el combate a la delincuencia y el crimen organizado, que parte del lugar correcto: el reconocimiento de que el problema es complejo, que el enemigo es fuerte y ágil, que el Estado ha sido infiltrado por el crimen organizado y que más que una colección de medidas hace falta una verdadera reforma a todo el sistema de seguridad pública.
Las llamadas medidas inmediatas anunciadas por el gabinete de seguridad son un primer paso en este sentido. Son insuficientes y ni siquiera cuentan con los recursos financieros para implementarse de inmediato. Pero son, sobre todo, una respuesta concreta del Ejecutivo, presionado por una realidad que ya ha roto todos los registros de tasa de homicidios, de la impunidad, del horror y de la descomposición social.
El presidente ha llamado a la unidad de todos los sectores para hacer frente a esta situación, liderando por fin los esfuerzos en este sentido. Con ello, y con un plan en la mano, ha logrado abrir un ambiente propicio para que los sectores políticos, económicos y sociales aporten a la solución del problema.
Pero este nuevo escenario durará poco, si no hay muestras prontas y contundentes de que estas primeras medidas son efectivas.
En San Salvador, el alcalde ha revelado ya también un detallado plan de combate a la delincuencia, que se ha esforzado por compartir con la policía para coordinar acciones. Este es un hecho muy positivo, que al menos en el terreno de la seguridad pública abre la oportunidad de cambiar la tradicional política partidaria ejercida desde las instituciones públicas, y que las instancias correspondientes puedan trabajar de la mano. La PNC ya ha comenzado la coordinación con la alcaldía, ahora cabe esperar que el trabajo conjunto se amplíe al resto del gabinete de seguridad.
La situación es apremiante y ciertamente demanda de todos los sectores. El fin de semana, mientras apenas comenzaba a conocerse públicamente el plan del Ejecutivo, en Tonacatepeque las buenas intenciones chocaron con la realidad: una nueva masacre, perpetrada con armas de alto calibre, dejó cinco muertos y seis heridos; la segunda de este tipo en menos de una semana. El aumento de la presencia del Ejército no ha servido ni como disuasión ni como medida represiva. A las medidas presentadas habrá que agregar un aparato de inteligencia eficaz y que otras instituciones, como la Fiscalía o el sistema judicial, lleven a cabo una urgente limpieza y se comprometan públicamente a reformarse de inmediato.
El presidente dijo que, a pesar de que las instituciones del Estado han sido infiltradas por el crimen organizado, El Salvador no es ni un Estado fallido ni un narcoestado. No, aún no. Pero de actuar de forma inmediata y eficiente depende en buena medida evitarlo, y no hay mucho margen, habida cuenta de lo que se observa en países vecinos como Guatemala o México. A las medidas inmediatas habrá que incorporar pronto la discusión sobre políticas regionales de seguridad pública. El problema no podrá resolverse solo aquí.
