Una vez más la Universidad de El Salvador ha sido paralizada por el cierre del campus central por miembros de organizaciones estudiantiles y aspirantes de nuevo ingreso que demandan se amplíen la matrícula de nuevo ingreso y se amplíen los cupos. Esta acción ha detenido el trabajo administrativo, docente y de investigación.
En principio podría pensarse que las peticiones estudiantiles son válidas. Para nadie es un secreto que para muchos jóvenes de escasos recursos económicos, la Universidad de El Salvador es la única vía para realizar estudios superiores. Asimismo, es claro que la demanda de nuevo ingreso aumenta cada año.
Sin embargo, un análisis más detallado deja ver que el problema es más complejo. La UES ha establecido un proceso de admisión mediante el cual se selecciona a los estudiantes que ingresarán en cada carrera. Parte importante de ese proceso es la realización de un examen de admisión; cada facultad define el número de estudiantes que puede aceptar y ese cupo es llenado por aquellos que sacan las notas más altas. El problema es que muchos de los bachilleres aspirantes obtienen resultados muy bajos en la prueba. Esta situación es más grave en las carreras con alta demanda.
Es por eso que hay una segunda fase, en la cual los estudiantes que no logran ingresar hacen un curso propedéutico y se someten a otro examen. En este caso deben inscribirse en la carrera que escogieron como segunda opción. Aún así, hay muchos que no logran entrar; obviamente porque su preparación no es la mejor.
Es aquí cuando aparecen las organizaciones estudiantiles que pululan en la UES, y que son las que promueven y lideran las acciones de protestas; que van desde pronunciamientos internos, presiones a las autoridades de cada facultad para obligarlas a entrar en negociaciones amañadas, hasta llegar al cierre del campus. Las autoridades alegan que no es posible atender a más estudiantes por falta de recursos: docentes, laboratorios, aulas, etc. Paradójicamente, esas organizaciones estudiantiles se apropian de aulas que convierten en “sedes”, pero que muchas veces son negocios de fotocopias o simples espacios de ocio para los organizados, muchos de ellos estudiantes de profesión, porque nunca terminarán su carrera.
A menudo, el conflicto de nuevo ingreso termina en el cierre de la Universidad por las organizaciones estudiantiles. Esta forma de lucha da resultados y generalmente las autoridades ceden y amplían los cupos, mediante reubicaciones. La Facultad de Ciencias y Humanidades, aceptó por esta vía a más de 350 estudiantes. Para las cortas miras de las organizaciones estudiantiles esto es una victoria; un triunfo que justifica su lánguida e intrascendente existencia en la Universidad.
En realidad, este es un mecanismo perverso que se ha vuelto costumbre en la UES con la aquiescencia de las autoridades. En primer lugar deja por fuera las debilidades académicas que los estudiantes traen del bachillerato, que son las que determinan que no aprueben los exámenes de admisión. En segundo lugar, solo pospone el problema para el siguiente año; muchos de los estudiantes son reubicados en carreras que no les interesan y que simplemente usarán de trampolín para entrar a la que creen es su vocación, mediante el llamado “cambio de carrera”, al cual tiene derecho cualquier alumno. Y finalmente, porque da lugar al clientelismo político y la corrupción, pues en última instancia no entran los que lograron mejores resultados en las pruebas, sino aquellos que se “anotaron” en la lista a negociar.
Para este tipo de estudiantes, el primer año en la universidad debería dedicarse a lograr las competencias académicas mínimas que no alcanzaron en el bachillerato, por las razones que sean. Con el mecanismo de la reubicación simplemente pierden un año. Digo que lo pierden porque no siempre logran el cambio de carrera; cuando esto sucede es poco probable que obtengan equivalencias de las asignaturas cursadas, pero sobre todo porque pasan un año en la Universidad sin superar las deficiencias iniciales. Si tienen suerte y logran el cambio, entrarán a su nueva carrera sin haberse superado mayor cosa; con lo cual sus posibilidades de éxito se reducen considerablemente. Muchos de ellos simplemente dejarán los estudios, perdiendo tiempo y dinero, y además, agregarán una frustración a sus jóvenes vidas.
Ahora bien, esta situación tiene otras implicaciones, quizá más graves. ¿Cuánto le cuesta este problema a la Universidad en términos económicos? ¿Alguien tendrá idea de lo que se invierte en docentes, recursos materiales, administración, infraestructura, etc. para atender a estos jóvenes, sin que se les ayude realmente a superarse? La Universidad trabaja con fondos públicos. Son los impuestos que pagamos todos los salvadoreños los que sostienen nuestro trabajo; por lo tanto estamos obligados a hacer el uso más eficiente posible de ese dinero. Y esto no es pensar en términos economicistas; es simple responsabilidad social.
Entonces, lo que procede es definir una política de nuevo ingreso que toque la raíz del problema y esta es de carácter académico. Cada año la demanda de aspirantes aumentará, y a juzgar por las tendencias, el número de los que no reúnen los requisitos de ingreso también. ¿Por qué no crear un sistema que realmente ayude a estos jóvenes? Alternativas hay muchas; un año de estudios generales, por ejemplo. Pero en todo caso, el objetivo debe ser ayudar al estudiante a mejorar su formación académica, de tal manera que sus metas no sean simplemente ingresar a la universidad, sino formarse y graduarse con altos estándares de calidad que les permitan competir con ventaja en el mercado laboral.
Lastimosamente, las autoridades universitarias solo se acuerdan de este problema cuando las organizaciones estudiantiles comienzan a presionarlas. El vicerrector académico declaró a un medio que “están por comenzar” el estudio del tema. La actual administración va para tres años de gestión, y aún no ha tenido tiempo de trabajar en algo tan importante.
La semana anterior, en una asamblea de docentes, el vicedecano de Humanidades reconoció que se ha sentado a negociar con representantes de gremios y organizaciones estudiantiles, algunos de los cuales no dan ni siquiera su nombre. ¿Cómo pretende este funcionario que alguien lo tome en serio, si acepta negociar bajo esos términos? En esa Facultad, hay una división, por no decir pugna de poderes. Al parecer, Decano, vicedecano, Junta Directiva y Jefes de departamentos, no solo no se ponen de acuerdo sobre el tema de nuevo ingreso, sino que cada una de esas instancias tiene su propia posición y “trata” unilateralmente con los estudiantes. La anarquía solo puede producir caos.
Un matutino publicó fragmentos de un acuerdo de la Junta Directiva de Humanidades en el que aceptaron “flexibilizar” el tema de las notas. Y es que a las organizaciones estudiantiles no les interesan los resultados de la notas del examen de admisión, porque ellas negocian “listados”, lo cual es una flagrante violación al reglamento de nuevo ingreso. Pero lo cierto es que no son ellas las obligadas a respetar la ley, sino las autoridades de la UES.
Entonces, ¿de quién es la principal responsabilidad del problema que hoy mantiene cerrada a la UES? De las autoridades universitarias. Por años, los cupos de nuevo ingreso se han ampliado después de las tomas del campus. ¿Es lógio pensar que alguien dejaría de hacer algo que siempre la ha dado resultados? Definitivamente que no. Por lo tanto, ya es tiempo que se trate este problema con un mínimo de responsabilidad. No es posible que treinta encapuchados, que nadie sabe si son realmente estudiantes, cierren el campus universitario a la hora que se les antoje.
Una necesaria aclaración: los custodios de la UES son responsables directos del cierre del campus. Las cadenas y candados que tienen los portones son los de la institución. ¿Cómo hacen los estudiantes para quitárselos? ¿Para qué sirve entonces ese caro e ineficiente servicio de vigilancia?
