La institucionalidad ejercida en los despachos suele tener efectos mínimos en la vida de los ciudadanos de países como el nuestro. La realidad, esa que mantiene a millones de salvadoreños viviendo en condiciones indignas y violentas, es sostenida por estructuras políticas, económicas y sociales que no pueden ser modificadas por decreto ni a través de la puesta en ejercicio de decisiones simplistas.
Por definición, a ninguno de los pocos grupos de poder que siguen beneficiándose del modelo actual le gustará modificarlo. Pero la realidad golpea todos los días en el rostro de las mayorías y ha dado suficientes pruebas de que el modelo no funciona.
Las desigualdades, la pobreza, la marginalidad, los pésimos servicios públicos de salud y educación, el hacinamiento, la violencia, las tasas de homicidios y la desintegración familiar demuestran que las actuales estructuras y dinámicas sociales se han transformado en una espiral peligrosa, de la que no se escapa a menos que un verdadero cambio opere en el flujo.
La libertad, esa palabra prostituida y pervertida para justificar la conservación del modelo, es una quimera para buena parte de la población que ni siquiera puede ejercer el derecho a la vida, ni la libertad de expresión o movilidad (sin contar con un permiso de la pandilla local o pagar “peaje”).presentar una denuncia sigue siendo una de las actividades más peligrosas en El Salvador; como poner un negocio y negarse a ser extorsionado; o transitar por territorios
En las zonas rurales la falta de educación, salud y servicios básicos mantiene a miles de salvadoreños en condiciones de pobreza y marginalidad extremas, que se unen a la ausencia absoluta de la justicia para resolver diferencias entre vecinos y parientes y a una mayoría de hogares disfuncionales en los que la familia se ha desintegrado y la violencia y el abuso marcan la pauta de la convivencia.
No se puede crear un mejor país sin resolver estas condiciones. La actual estructura es ideal para acelerar el fracaso de un Estado amenazado por múltiples factores externos como el narcotráfico y las tremendas diferencias en el acceso a tecnología, conocimientos y capital de trabajo para poder competir. El sistema urge una fuerte sacudida que permita establecer condiciones reales para el desarrollo nacional. Pero eso no solo es responsabilidad de los gobernantes; sino también de los ciudadanos.
