Los diferentes lentes de la pobreza
Al final de los tres debates organizados por El Faro y patrocinados por el PNUD, queda claro que una investigación como el mapa de pobreza urbana requiere un intenso cabildeo y de claridad sobre dónde buscar los fondos que hagan falta. Asimismo, que los habitantes de los asentamientos precarios ansían, sobre todo, la legalización de sus parcelas.
El Faro intentó ver a la pobreza urbana desde diferentes dimensiones durante tres debates. Las consultas, patrocinadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analizaron el recientemente publicado mapa de pobreza urbana a través de los ojos de los operadores políticos, de los pobladores de los asentamientos urbanos precarios y de los especialistas en prevención del delito.
En el primer debate, tres representantes de los partidos políticos con mayor representación en la Asamblea Legislativa y uno del Ejecutivo debatieron por qué muchos de los diagnósticos y estudios se quedan atorados en el debate partidario. Discutieron las claves para que este país sobrediagnosticado pueda superar ese problema y que el mapa de pobreza urbana sea una herramienta útil.
La mayoría coincidió en que uno de los requisitos necesarios para que un diagnóstico despierte reacciones en los políticos es el cabildeo en la Asamblea Legislativa y la búsqueda de alianzas partidarias. Tanto Arena como FMLN también sugirieron la importancia de la existencia de una política de Estado sobre la utilización de subsidios como mecanismo para paliar la pobreza extrema.
En el segundo, El Faro habló con dos residentes de asentamientos urbanos en extrema pobreza y con uno proveniente de una comunidad de la zona rural. Eso permitió conocer las impresiones de los habitantes de las comunidades estudiadas, y explorar diferencias con pobres de áreas rurales. Julio Molina y Dagoberto Ulloa, pobladores de comunidades urbanas, pidieron la legalización de los terrenos que ocupan sus casas como prioridad número uno. Molina y Ulloa relataron cómo años atrás se unieron a centenares de personas para “ocupar”, un día, terrenos ociosos del Estado y privados.
El tercer debate se acercó al tema de seguridad, una de las problemáticas que el mapa de pobreza del PNUD no incluyó en el análisis. Aída Santos, la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y Adilio Carrillo, de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, discutieron sobre el problema de la criminalidad dentro de los asentamientos. Ambos coincidieron en que el tratamiento de la seguridad en las comunidades va más allá de la disminución de los homicidios y en que requiere de una estrategia para disminuir los delitos contra el patrimonio y sexuales. Junto a Santos y Carrillo, Damaris Orellana, una facilitadora comunitaria, relató cómo la apertura de talleres de arte y de refuerzo escolar en la comunidad 22 de abril, de Soyapango, ha sido un instrumento de prevención, que según ella, ha producido frutos.
El Faro ha intentado, en esta entrega final, sintetizar lo mejor de los tres debates a través de un mecanismo en el que los lectores identifiquen los principales problemas que nuestros panelistas diagnosticaron en la pobreza urbana y las soluciones que propusieron.
Debate 1: ¿Por qué muchos estudios o análisis como el mapa de pobreza del PNUD no generan reacciones en los políticos?
Invitados:
Edín Martínez, viceministro de Vivienda
Julio Gamero, asesor del partido Arena en la Asamblea Legislativa
Roberto Lorenzana, diputado del partido FMLN
Rafael Morán Orellana, alcalde de Ahuachapán y coordinador general del partido Gana
La razón:
Edín Martinez: La razón fundamental porque algunos estudios no se llevan a la práctica o en políticas públicas o instrumentos operativos es porque generalmente tocan intereses. Terminamos la ley de lotificaciones que toca intereses muy poderosos. No se puede orientar las políticas públicas a los sectores más carentes sin afectar intereses. A veces lo que pasa con los estudios es que llega una empresa externa y te tira un informe en el despacho. Después se va la empresa y el funcionario no aprendió nada de lo que señalaba el informe. Un estudio debe pasar por un proceso de apropiación para que no se quede en los anaqueles.
Julio Gamero: La queja es válida de que los estudios no generan reacción entre los políticos. Todo depende desde dónde se miran los toros: si se miran desde detrás de la barrera o desde los graderíos. Hay que dejar claro que por más elementos técnicos que tenga, un estudio debe buscar los apoyos políticos. Los diagnósticos que se quedan en los anaqueles son los que tienen un costo político, no lograron el acompañamiento de los sectores, o porque no se tiene dinero para realizarlos.
Roberto Lorenzana: No me quiero pelear con los que hacen los estudios, pero hay que saber de dónde sale el dinero para hacer lo que los estudios muestran. Los estudios están en el plano del deber ser, uno debe apostarle al deber ser, pero debemos tomar en cuenta nuestras capacidades objetivas. No hay que perder objetividad. ¿Cuáles son nuestras posibilidades reales si no tenés de dónde sacar dinero? ¿Qué podemos hacer? También hay que recordar que se vienen muchos intereses encima.
Rafael Morán Orellana: Para que estudios como el PNUD tengan éxitos, se necesita de un alto nivel de compromiso social con los políticos, el sector empresarial y los pobres. En la actualidad no hemos podido armar un pacto de nación con el cual identifiquemos los temas transversales y necesarios para nuestro país.
La solución:
Edín Martínez: Este tipo de informes debe pasar por un proceso de apropiación. El estudio dice que unos son más iguales que otros. Hay que focalizar las inversiones del Estado si queremos llegar hasta las profundidades. Se debe reorientar las inversiones del Estado. Es peligroso caer en la trampa del activismo de sólo hacer por hacer. Se debe construir políticas que trasciendan los gobiernos para desencadenar procesos que sean irreversibles. Un proceso que no sea asistencialista.
Julio Gamero: Se debe hacer lobby, una política de consensos y acercamientos a partidos políticos y grupos parlamentarios. Se van a topar con propuestas que tienen un gran costo político que nadie quiere asumir. No hay que olvidar que hay que encontrar un momento indicado para el estudio. Sin embargo, hay temas difíciles. Por ejemplo, lo de ordenamiento de transporte público. Este sector está apoyado por diferentes partidos y es difícil lidiar con él. Nadie está dispuesto a pagar ese costo y aquí incluyo Arena. Ahora vemos que hay organismos que no sólo se reúnen con el gobierno, sino que buscan a los representantes de los demás partidos. Tal es el caso del BID, que sentó a los grupos parlamentarios para hablar de la deuda pública.
Roberto Lorenzana: Tenemos que preguntarnos dos cosas: ¿quién encarga los estudios y quién hace los estudios? Además, ¿por qué debemos tomar todas las recomendaciones, ya que a veces los estudios tienen una visión diferente a la de los partidos políticos? Concuerdo en que también es necesario el lobby. No hay que absolutizar al decir que todos los estudios se engavetaron. Muchas cosas se han traducido en legislación.
Rafael Morán Orellana: Más que lobby es voluntad política de resolver los problemas graves que tenemos lo que hace falta. Más que lobby hay que incorporar estos temas en la ciudadanía. Me extraña que nadie hable de los ejes transversales, de equidad de género, de rendición de cuentas, de deforestación. Eso es más importante que el lobby.
Debate 2: ¿Qué piensan de su situación los habitantes de los asentamientos precarios?
Invitados:
Julio Molina, dirigente de la Comunidad Ecológica Gerardo Barrios, Soyapango
Dagoberto Ulloa, ex dirigente de la Comunidad Madre del Salvador, Santa Ana
Santos Lovato, dirigente del Cantón San Isidro, municipio de Verapaz, San Vicente
Principal problema
Julio Molina: Nuestro principal problema es la legalización de los terrenos en los que vivimos, eso es el todo.
Dagoberto Ulloa: Sólo pedimos la legalización de nuestros terrenos, y no construcción de nuestras viviendas. Si se nos da la legalización, construiremos nuestras casas a nuestra manera. No queremos deuda porque eso implicaría que la gente caería en mora y volvería a la calles.
Santos Lovato: La falta de recursos para comprar un terreno destinado a la casa comunal. Nuestra comunidad (rural) tiene problemas diferentes a los de los asentamientos en la ciudad. La mayoría de nosotros somos dueños de nuestros terrenos, y nos asusta el aumento de los impuestos, porque no tenemos suficientes recursos.
El reto
Julio Molina: Si nos comprometemos a legalizar, tendríamos que asumir el reto de pagar impuestos. Un censo socioeconómico sería útil para saber la capacidad de pago que tiene la gente de nuestra comunidad. Además, podría servir para darles más oportunidad de empleo.
Dagoberto Ulloa: A la gente le hemos dicho que tal vez después de la legalización se van a arrepentir. Si se legaliza, tendremos que tomar una buena actitud para pagar, porque queremos salir adelante. Queremos la legalización porque nuestra salud mental se arruina más por la amenaza de desalojo. Con el tiempo, nos hemos llegado a querer en la comunidad como hermanos y primos.
Santos Lovato: Nos cuesta la falta de organización. Estamos en un proceso de cómo nos organizamos. Tenemos hasta el momento ocho sectores que son pequeñas juntas directivas. Nuestro ideal es hacer una intracomunal.
Debate 3: Pobreza-violencia: ¿binomio indisoluble?
Invitados:
Damaris Orellana, Comunidad 22 de Abril, de Soyapango
Adilio Carrillo, Coalición Centroamericana contra la Prevención de la Violencia Juvenil
Aída Santos, programa Pro Jóvenes y presidenta del Consejo de Seguridad Pública
Homicidios: ¿Cuál es el reto más grande de los asentamientos?
Damaris Orellana: En la comunidad tenemos un problema de maras y que le ponen renta a los buses. Últimamente he visto una disminución en los homicidios que acontecen en la comunidad.
Adilio Carrillo: El tema de violencia es más amplio que los homicidios. En los asentamientos urbanos hay alta incidencia de los delitos contra el patrimonio, por eso los homicidios no lo son todo. El tema de la violencia tiene diferentes causas, no necesariamente la pobreza. La violencia puede estar causada por la guerra, la migración, el desempleo, entre otras. El conjunto de estas condiciones adversas que hay en una comunidad para que la población y los jóvenes cometan ilícitos.
Aída Santos: Hay un tipo de violencia que es silenciosa y es la doméstica. Descubrí que en muchos asentamientos, más que homicidios, existe mucha incidencia de delitos contra la libertad sexual: las violaciones y agresiones sexuales se presencian a diario. Podemos mencionar también otro tipo de delitos, como el crimen organizado y el lavado de dinero.
Solución para prevenir el delito
Damaris Orellana: Yo tengo una labor que creo que ha ayudado a que se disminuya la cantidad de homicidios. Ayudo a los jóvenes a que inviertan su tiempo libre en actividades como hacer zancos o estudiar. Muchos jóvenes regresan a la escuela y se mira el cambio radical en sus vidas.
Adilio Carrillo: Es necesario que haya coordinación interinstitucional para prevenir la violencia. Es muy importante para solucionar esto el tema de construcción de masculinidades. Se debe resaltar la labor de la comunidad en la prevención y aumentar la empleabilidad de la juventud.
Aída Santos: Es necesaria mayor relación interinstitucional, mayor organización comunitaria, que abramos más escuelas que cárceles, y más programas educativos que les interesen a los jóvenes. Siempre hay que recordar las limitantes del lugar, porque no se les puede montar en un asentamiento clases de computación, si ni siquiera hay agua y condiciones mínimas para que sobrevivan.