Ejército en las cárceles convierte Asamblea en una Babel

La Presidencia de la República logró que prácticamente cada grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa tomara un camino distinto cuando el jueves pasado conocieron la petición de reformar la Ley Penitenciaria para que el ejército pueda tener labores dentro de las cárceles.

Con la excepción del movimiento Gana y el PDC, que de inmediato se pusieron a las órdenes del Ejecutivo para votar por la reforma, los demás tuvieron objeciones a la propuesta porque consideran que carece de suficiente precisión, pero también porque unos piensan que deben limitarse claramente las funciones de los militares en los centros penales, y otros porque piensan que deben ampliarse.

El PCN, que durante años en el pasado fue visto como el partido de los militares y simpatizantes del protagonismo del ejército, se pronunció en favor de restringir las funciones que los soldados deberán cumpli. El diputado Antonio Almendáriz llegó incluso a advertir del peligro de que, eventualmente, algún efectivo del ejército pudiera terminar siendo acusado de violar derechos humanos, habida cuenta de que no están preparados para tareas de seguridad pública o de custodia de cárceles.

En el lado contrario, el FMLN planteó que lo mejor sería que la Fuerza Armada tomara el control de los centros de internamiento mientras se depura a las autoridades civiles, porque estas tienen grave problema de corrupción.

El gobierno de Mauricio Funes está intentando encontrar la salida al problema de delincuencia, y para eso pretende resolver la condición de centros de planificación de crímenes en que se han convertido los reclusorios, pues se ha probado que desde ellos se ordena asesinatos y extorsiones.

El presidente Funes anunció, durante su discurso en la celebración del día del soldado, que el próximo paso en el uso de la Fuerza Armada en el combate a la delincuencia sería su colaboración dentro de centros penales.

Menos de una semana después del anuncio de Funes, el ministro de seguridad llegó a la Asamblea Legislativa para presentar la propuesta de modificaciones a la ley, que dejarán a los militares la puerta abierta a los centros penitenciarios. La propuesta del Ejecutivo parece ser muy amplia para el gusto de algunos legisladores, ya que el texto de enmienda solo establece la colaboración del ejército en las tareas.

Antonio Almendáriz, diputado del PCN y coronel retirado, cree que es necesario limitar las funciones en la reforma que se propone. “Ahí no se especifica. Puede ser todo, puede ser poco, pero yo quiero garantizarme de que exista un límite de empleo de la Fuerza Armada en los centros penales (…) Aunque nos dijera de palabra, la ley no lo especifica”, comentó Almendáriz, quién además subrayó su oposición a que la tropa pueda ser utilizada en funciones para las que no están capacitados ni equipados.

El ingreso de los militares como un engranaje más del sistema carcelario empieza por alterar el artículo 21 de la Ley Penitenciaria, el cual define las funciones de la Dirección General de Centros Penales, a la que se agrega la posibilidad excepcional de la participación del ejército: 'Coordinar con la Fuerza Armada la seguridad y custodia de los centros penitenciarios y de los internos, en el caso excepcional contemplado en el artículo 22-Bis de la presente ley'.

El artículo 22-Bis dice que aunque las autoridades penitenciarias son estrictamente civiles, excepcionalmente puede haber participación de la Fuerza Armada. El nuevo artículo le daría al presidente la posibilidad de usar temporalmente a la institución castrense para la seguridad y custodia de los internos y de los establecimientos penitenciarios, y para los registros de entrada y salida de las instituciones.

El caso de excepcionalidad es descrito por diferentes personas de muy diferente manera. Douglas Moreno, director de Centros Penales, aseguró que de aprobarse las reformas los militares tendrían un rol de seguridad. Este rol, aclaró, implica que la Fuerza Armada estaría realizando funciones de seguridad perimetral, vigilancia desde las torres, registro de las personas que ingresan y salen de los penales, y además desarrollaría operaciones tácticas. Esbozó alguno de los límites que se les impondría, pero aclaró que no pueden revelar todo lo planeado por razones de seguridad.

Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático, dijo que el Ejecutivo les ha dejado claro que la participación del ejército sería, sobre todo, en tareas de resguardo y vigilancia de los centros penales. “Resguardo se refiere a apoyo en la vigilancia interna y todo lo que comprende la seguridad dentro de los penales. Nos han dejado claro que el trabajo es de apoyo”.

Para el FMLN todavía hay que hacerle algunos ajustes a la reforma presentada por el Ministerio de Seguridad y, al contrario que el PCN, cree que la Fuerza Armada debería tener control total de los centros penitenciarios mientras se depura al personal civil.

El legislador efemelenista Benito Lara afirma que la propuesta del Ejecutivo plantea que se le dé a los militares que estén dentro de los centros penales funciones que van más allá de vigilancia o de registro de las entradas y salidas.

Lara cree que se debería ir todavía un paso más lejos con esta medida, destituyendo a la mayoría del personal carcelario, exceptuando a los que cumplen funciones administrativas, y sustituyéndolo por miembros de la Fuerza Armada. Esto, asegura, permitiría una depuración de los cuadros del sistema penitenciario, ya que se sabe que muchos custodios con cómplices de los reclusos.

A pesar de las diferentes posiciones del FMLN y el PCN, ambos partidos concordaron en dos aspectos: uno, que la discusión debía llevarse a la comisión de Seguridad, en lugar de resolverla en la misma sesión plenaria, como querían Gana y PDC, y dos, que se debe hacer un decreto transitorio y no una reforma permanente a la Ley Penitenciaria, como propone el Ejecutivo.

Durante la sesión hubo tres partidos que no mostraron ningún problema en aprobar el decreto sin discusión dentro de la respectiva comisión. El grupo parlamentario Gana solicitó dispensa de trámites para votar esa misma noche sobre la propuesta del ejecutivo. El PDC mostró su apoyo a la moción del diputado Mario Tenorio, jefe de fracción del partido naranja, quién aseguró que no entiende el afán de limitar a la Fuerza Armada. “La verdad es que la fuerza armada debe tener funciones bastante amplias (…) Si están en un centro penitenciario es porque van a tener contacto con los reos no van a llegar a ser espectadores de hielo”, dijo.

A los 14 diputados de Gana y a los 5 del PDC se sumó tímidamente el diputado propietario del CD, Douglas Avilés. El parlamentario aseguró que este tema cumple con el requisito de urgencia, el cual es uno de los requisitos para hacer uso de las dispensas de trámite.

A pesar de la solicitud de dispensa de trámites de Gana y del apoyo de seis diputados más, llegando a un total de 20, no lograron los votos suficientes para su aprobación.

Con el pesar de estos partidos Sigfrido Reyes, que en ese momento hacía de presidente en funciones, anunció a las 7 de la noche con 23 minutos que la pieza de correspondencia pasaba a la comisión de Seguridad Pública.

Arena fue el único partido que rechazó sin matices la propuesta del Ejecutivo y planteó que el presidente estaba utilizando a la Fuerza Armada porque su gobierno no es capaz de controlar el problema de seguridad, tanto fuera como dentro de las cárceles. Se pronunció en contra de reformar la Ley Penitenciaria para que mejor se formule una ley que regule las facultades de la Fuerza Armada como una herramienta de seguridad pública, con la cual se plantee que esta no sea un simple colaborador de la policía, sino que tenga iguales obligaciones que la policía.  

Con reportes de Patricia Carías.