Opinión /

Tiempo de reformas


Lunes, 3 de mayo de 2010
El Faro

El movimiento político Gana, compuesto por ex areneros cercanos al ex presidente Antonio Saca, ha iniciado con mucha fuerza su campaña proselitista y se ha convertido ya en la principal amenaza para Arena con miras a la elección parlamentaria y municipal de 2012. De extremo a extremo, el país ha sido inundado con propaganda de Gana, y es evidente que cuenta con una gran cantidad de dinero para promocionar su imagen.

 

Gana controla ya una parte significativa de la Asamblea, y ha recibido desde Arena acusaciones de recibir dinero del crimen organizado y la corrupción. Detrás de Gana, insisten en Arena, se encuentra Saca. En una entrevista concedida a este medio, el ex presidente dejó abierta la puerta para buscar su reelección en 2014, y no ocultó sus simpatías por Gana. En las últimas semanas, Saca ha sostenido reuniones con el PCN y el PDC, en lo que parece un claro movimiento de pacto político para hacerse con el control parlamentario. 

 

En estas circunstancias, Arena tiene hoy la mejor oportunidad para presionar por una ley de financiamiento de partidos políticos a la que se ha opuesto hasta ahora, pero que por primera vez necesita. Esta afortunada coincidencia entre los intereses de ese partido y los intereses nacionales abren una oportunidad invaluable para transparentar el origen de los fondos de campaña y poner un obstáculo más a la penetración del crimen organizado en el sistema político. 

 

En un sistema político en el que el ganguerismo y los pactos oscuros son materia común, y en el que algunos partidos pequeños hacen un gran negocio con sus votos en la Asamblea, existe una enorme vulnerabilidad que debe ser atendida de inmediato. La cúpula dirigente de Arena, que ha conducido a su partido en los peores momentos de su historia, tiene hoy la excepcional oportunidad de recomponerse, demostrar a los ciudadanos que son capaces de hacer aportes significativos al país y romper para siempre con un historial de clientelismo, corrupción y abuso de poder. Si toman la iniciativa, obligarían al FMLN a hacer cumplir sus promesas de campaña y el discurso sostenido durante toda su vida como partido político: combate a la corrupción, rendición de cuentas e institucionalidad. 

 

El hecho de que el FMLN vea a un extraño en este gobierno, tal como lo da a entender ya abiertamente, hace más propicio este momento para imnpulsar todas las iniciativas relacionadas con transparencia. 

 

Ellos, Arena y el FMLN, que continúan siendo hoy los dos principales partidos políticos salvadoreños, podrían hacer un pacto de madurez y responsabilidad política que represente un aporte extraordinario a la nación. 

 

En materia política, incluso a Gana le urge una ley de este tipo, para eliminar sospechas sobre el origen de los fondos con que cuenta y aportar legitimidad a su movimiento. 

 

El avance del crimen organizado y el narcotráfico, y la debilidad institucional, componen un escenario propicio para una grave descomposición política, institucional y de seguridad pública. Los pasos esenciales para evitarlo requieren de nuevas leyes y consolidación institucional. No basta con la buena voluntad de quienes quieren informarnos de dónde obtienen fondos de campaña o cómo se utilizan los fondos del Estado. Necesitamos institucionalizar la transparencia. 

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