La Asamblea Legislativa estudia restarle poderes a la presidencia de la Corte de Cuentas por medio de 14 reformas a la ley que rige al ente contralor, y de inmediato hubo al menos un diputado pecenista que se pronunció en favor, a pesar de que esa institución ha sido feudo pecenista desde 1984.
La iniciativa fue del partido FMLN y será conocida por el pleno este jueves, cuando empiece un camino que puede llevarla a las gavetas de los archivos legislativos o una comisión que abra un debate que termine en reformas al funcionamiento de la institución encargada de vigilar la capacidad de hacer su trabajo de las oficinas del Estado, y el buen uso de los recursos estatales.
La propuesta fue presentada por tres diputados del FMLN. En términos generales, el documento plantea reformas que permitan “hacer más colegiadas las decisiones” que toman los magistrados y repartir el poder que ostenta actualmente uno de los veteranos dirigentes del Partido de Conciliación Nacional, Hernán Contreras. Con su firma, Contreras puede hacer pública una auditoría, puede librar de cargos y responsabilidades a funcionarios sospechos de corrupción, puede pasar a la Fiscalía un expediente para investigación de delitos o puede decidir no hacer ninguna de esas cosas. A discreción del titular de Cuentas queda también la posibilidad de aprobar presupuestos, contratar servicios, funcionarios, auditorías externas...
La forma de repartir las atribuciones que ahora solo tiene el presidente de la Corte es sencilla: la iniciativa plantea que en lugar de concentrar casi todas las atribuciones en la figura de un presidente, estas sean atribuciones de la Corte en pleno, es decir, de los tres magistrados.
Las actuales atribuciones del presidente, según la ley de la Corte de Cuentas, son las siguientes: 'Formular las políticas de selección, capacitación, remuneración y demás pertinentes al personal de la Corte; representar legalmente a la Corte y delegar mediante acuerdo, el ejercicio de sus atribuciones, facultades y funciones administrativas en los magistrados y demás funcionarios de esta, cuando lo estime necesario o conveniente; depositar sus funciones en el primer magistrado y, a falta de este en el segundo magistrado, por enfermedad u otro motivo justificado; imponer sanciones administrativas; contratar servicios de auditoría o de consultoría en cualquier materia pertinente a sus funciones; comunicar al Fiscal General de la República, de los posibles ilícitos penales, y las demás atribuciones que esta ley u otras Leyes le asignen.'
La propuesta también contempla que se obligue a la Corte a mandar un presupuesto detallado de gastos anuales de la misma forma en que lo hacen todas las instituciones del Estado. 'La Corte hace su presupuesto de la misma forma en que la Corte Suprema o la Asamblea Legislartiva, y la Corte de Cuentas no es un Órgano de Estado', comenta Lorena Peña, diputada del FMLN, una de las tres personas que presentó la solicitud de reformas.
La medida fue recibida en términos generales como 'positiva', 'interesante' o 'digna de estudio' por el resto de fracciones legislativas, sin embargo ninguno de los representantes consultados se comprometió a apoyarla o defenderla oficialmente. Sí destaca el caso de Mario Ponce, subjefe de fracción del PCN, ya que su partido ha controlado desde hace 26 años la entidad contralora y ha sido acusado repetidas veces por sus detractores, de utilizar la Corte para chantajes políticos. Ponce estuvo de acuerdo con que la presidencia de la Corte recoge demasiadas atribuciones. 'Creo que los magistrados tienen funciones muy limitadas y que es necesaria una discusión más colegiada, ciertamente es una institución presidencialista', dijo. El legislador se preocupó por subrayar que no está hablando como vocero del partido y que sus palabras no expresan la posición pecenista.
En Arena, que tiene la segunda magistratura de la Corte, la medida fue calificada como digna de estudio por el diputado Roberto d'Aubuisson, quien se negó a sentar postura frente a las funciones del presidente de la Corte de Cuentas y la necesidad de reformas en dicha institución. En Gana, Mario Tenorio se manifestó de acuerdo en términos generales porque según él eso contribuiría a la política de transparencia que tiene este gobierno.Gana reúne 14 votos, los suficientes para aprobar las reformas junto al concurso de los 35 votos que tiene listos el FMLN.
En el PDC, el otro partido que tiene representante en la Corte de Cuentas, aún no hay opinión. La coordinadora adjunta del PDC, Ana Guadalupe Martínez, explicó que daría postura luego de estudiar la iniciativa.
Las telarañas de la Corte
Sobre la Corte de Cuentas pesa una estela de hechos que le restan credibilidad entre la misma clase política. La última declaración polémica del presidente de la Corte ocurrió a finales del año pasado, cuando Hernán Contreras dijo que no haría ninguna auditoría especial para determinar si hubo irregularidades en el gasto de un excedente de 219 millones de dólares durante la administración del ex presidente Antonio Saca. El mismo Contreras dijo en rueda de prensa que el caso lo daba por cerrado porque las auditorías, no publicadas, ya estaban hechas.
Hérnan Contreras, miembro del Consejo Ejecutivo pecenista, dirigió la institución desde 1990 hasta 1998, fecha en que se retiró para competir en las elecciones presidenciales de 1999. Regresó a la Corte en 2002 y se ha mantenido en el cargo desde entonces.
Junto a Contreras fueron reelegidos los dos magistrados restantes, Abdón Martínez, un hombre propuesto por Arena, y Mártir Arnoldo Marín, del PDC. Los legisladores de estos tres partidos desoyeron así algunas voces que piden que se despartice la institución, como la ONG Probidad y la misma Fundación Salvadoreña para el Desaarrollo Económico y Social (Fusades).
La Corte de Cuentas, en 2007, fue llevada a tribunales por la Fiscalía General de la República luego de descubrirse que auditores pedían sobornos a alcaldes para minimizarles los informes de auditorías. Tras comprobarse este hecho, el presidente de la Corte mandó secuestrar todos los documentos de la delegación de San Miguel y cerrar las oficinas hasta nuevo aviso. Los olores a corrupción, no obstante, tampoco son nuevos.
En 1989 la Asamblea Legislativa destituyó a Ciro Cruz Zepeda Peña de la presidencia de la Corte de Cuentas. El hoy secretario general del PCN fue acusado de corrupción, después de unos manejos sospechosos de una ayuda proporcionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Zepeda es secretario general pecenista desde 1989.
Durante los años 80s, el pacto fue principalmente entre PDC y PCN. De mayo de 1982 a junio de 1984 el presidente fue José Francisco Guerrero. Después, Benjamín Wilfrido Navarrete tuvo la titularidad entre julio de 1984 y octubre de 1985 y con él comenzó el largo gobierno pecenista en la Corte. Le sucedió Ciro Cruz Zepeda, hasta marzo de 1989, mes en que fue destituido por la Asamblea Legislativa. La fracción legislativa de Arena lo acusó de entregar un finiquito en forma irregular al entonces presidente de la Comisión Nacional de Restauración de Áreas, el pedecista Luis Mejía Miranda.
En febrero de 2006, este periódico publicó que entre 280 y 300 de los nuevos votantes de Jutiapa trabajaban en la Corte de Cuentas, según denuncias del ahora magistrado presidente del Tribunal Suprema Electoral, Eugenio Chicas. En ese momento, miembros de Arena también mostraron una lista de empleados de la Corte de Cuentas que cambiaron su domicilio a Jutiapa, cuna del presidente de la Asamblea Legislativa Ciro Cruz Zepeda, quien había movido su candidatura de diputado al departamento de Cabañas, en un afán de asegurar un escaño legislativo. Fracasó y después decidió competir como candidato a diputado por San Salvador y obtuvo la curul en 2009.
