Pronunció el presidente Funes su discurso de primer año de gobierno en el que destacó logros y reivindicó promesas. En el que habló con la esperanza de un mejor país y aseguró haber dado pasos importantes para conseguirlo.
Pero la vida de los salvadoreños no está en mejores condiciones que hace un año, lo que evidencia que han sido al menos insuficientes las medidas tomadas hasta hoy.
En medio de la peor crisis de inseguridad pública que enfrenta el país desde hace décadas, la policía sigue sin recursos, infiltrada por el crimen organizado e incapaz de hacer frente a la evolución del narcotráfico en El Salvador.
La incorporación del ejército tampoco ha impactado en la disminución de homicidios, y el esbozo de plan de seguridad que presentó el presidente hace ya varios meses no ha funcionado.
A pesar de que han aumentado las capturas, el sistema judicial es incapaz de convertirlas en encarcelamientos que pongan a violentos criminales fuera de contacto con la población. Hay áreas enteras del país en las que el Estado no ejerce soberanía, y que están bajo control absoluto de grupos delincuenciales.
El fiscal pactado por el presidente con las demás fuerzas políticas no existe. Ni en materia de exposición pública ni de ejercicio de sus funciones. Ha visto pasar en todos los medios de comunicación acusaciones de corrupción y lavado de dinero por parte de destacados políticos contra otros, y hasta ahora no le han parecido suficiente material como para citar a los declarantes y abrir investigaciones de oficio.
En materia económica, con unos niveles vergonzosos de pobreza (40 por ciento de hogares en pobreza extrema) y un gobierno sin recursos, el presidente ha sido incapaz de enfrentarse a los grupos de poder que se resisten a cualquier cambio en su tradicional política de beneficiarse del Estado y de pagar las tasas impositivas más bajas del continente. Que se resisten a abanderar un proyecto de desarrollo nacional. Que siguen amenazando con que cualquier aumento en sus costos será trasladado a “los consumidores”; es decir, a aquellos que menos tienen.
Tampoco ha sido Funes hombre ejemplar en el recorte de gastos del Estado; mantiene fondos de propaganda que no son coherentes con un Estado que no puede garantizar siquiera el acceso a medicinas.
El mandatario volvió a mencionar en su discurso de primer año la necesidad de combatir la corrupción. Son palabras alentadoras después de un primer año en que no ha hecho nada por combatirla, y en el que, de hecho, hay síntomas de que la corrupción y el nepotismo también han afectado a su gobierno. Pero el combate a la corrupción no es patrimonio del gobierno central. La Corte de Cuentas sigue siendo el peor cáncer de un estado inmóvil ante la corrupción y no hay instituciones en ninguno de los tres órganos del Estado con la capacidad ni la voluntad de combatir la corrupción.
Ciertamente programas como la fabricación y distribución de uniformes escolares son un paso positivo en la dirección correcta: mejor redistribución del ingreso y fuentes de empleo para los estratos más golpeados por la situación económica. Pero son insuficientes para marcar un verdadero cambio en la calidad de vida de los salvadoreños.
Funes ha entrado ya en su segundo año como presidente, y le queda muy poco margen de maniobra. El próximo año, los partidos políticos entrarán de lleno en campaña electoral para las municipales y legislativas, y la Asamblea se moverá al ritmo de las necesidades proselitistas.
Pero aunque es poco el margen, tiene aún el presidente la oportunidad histórica de cimentar una verdadera transformación estructural en El Salvador. Una oportunidad que ha desaprovechado en su primer año.
