El doble crimen del domingo pasado nos ha vuelto a mover los límites del horror. El ataque a balazos y la quema de un microbus con todos sus pasajeros es el último grito de una crueldad patológica que se ha masificado, enraizado y crecido al amparo de la negligencia, la corrupción y el oportunismo de un sistema político que prefirió tratar de sacarle rentabilidad mediática que ponerle alto cuando era mucho más sencillo.
Esto es una violencia desbordada, desafiante y patética. El asomo al abismo macabro en que caímos sin freno. Es una aberración en la que participaron, según las primeras investigaciones, más de una decena de personas, incluyendo a menores de edad. Un grupo planificando cómo detener un microbus, acribillarlo y prenderle fuego con todo y sus pasajeros. Un pequeño grupo que pertenece a una organización muy grande, organizada y compartimentalizada, compuesta por miembros de la marginalidad, que en El Salvador es la mayoría. Una organización que extorsiona, que roba, que secuestra, que mata, que se ensaña con sus víctimas, y que tiene por enemigo a otra organización que hace lo mismo, ante la incapacidad del Estado para frenarlas.
El presidente Funes dijo dos cosas muy ciertas después de los hechos: el primero es la urgencia de aumentar el número de agentes policiales en las calles, de mejorar la inteligencia policial y la eficiencia también de la fiscalía. Eso no solo es necesario, es urgente desde hace muchos años. Pero solo se logra cumpliendo con dos requisitos indispensables: voluntad política y recursos. Ambas han estado ausentes durante muchos años.
A ello hay que agregar un tercer elemento: la falta de involucramiento de la sociedad civil para revertir la situación, y la falta también de liderazgos sociales. Es decir, una sociedad sin tejido, y una institucionalidad débil, amenazada por una criminalidad organizada y cruel, endemoniada.
Pasamos muchos años escuchando mensajes propagandísticos desde las instituciones de seguridad pública, con la aprobación de quienes hoy, escudados en la oposición o el secretismo del empresariado, lejos de asumir su responsabilidad se frotan las manos para lanzar las primeras piedras.
Contar con mejores y más sanas instituciones de seguridad pública requiere de recursos, esos mismos que los grandes empresarios se niegan a entregar alegando daños a la productividad a pesar de sus insultantes márgenes de ganancia.
El país ya no puede esperar a que quienes mejor preparados están, y por tanto deberían adquirir mayores responsabilidades nacionales, entiendan por qué es urgente una mejor distribución del ingreso nacional y por qué deben pagar impuestos. El país ya no puede esperar a que se convenzan.
Si, como todo parece indicar, ARENA y algunos grandes empresarios persisten en su acuerdo de sacar rentabilidades electoreras de la violencia y polarizar nuevamente el país, y si a esto se suma la poca efectividad del actual gabinete de seguridad, tenemos ya una buena muestra de la irresponsabilidad de las dirigencias nacionales y pocas razones para ser optimistas.
En GANA, el nuevo partido surgido de la escisión de ARENA, comienzan ahora a alzarse las voces que piden la pena de muerte Es la misma receta de mano dura que impulsaron sus propios dirigentes en la administración anterior, con René Figueroa como su máximo exponente. Pero son proclamas que tienen tan poco sentido que se derrumban de inmediato: son ellos, justamente, los que pasaron los últimos cinco años acusando al sistema judicial de obstaculizar el combate al crimen. Acusaron a los jueces de corrupción y de incapacidad para ejercer su trabajo. Hoy es a esos mismos jueces a los que les piden que decidan sobre la vida y la muerte. Es, pues, demagogia, populismo irresponsable, oportunismo.
Dijo otra cosa el mandatario en su reacción al crimen: el Estado ha sido penetrado por el crimen organizado. Ya sabemos, gracias a nuestros vecinos, lo que pasa si esto no se corta de tajo. Y cada vez tenemos más pruebas del crecimiento del crimen organizado en nuestro país. Del narcotráfico y de las maras. Además de lo anterior, se requiere transparencia y contraloría eficiente.
No quedan, después de lo que vimos el domingo, muchos espacios para seguir depositando esperanzas. Pero esos pocos demandan el compromiso, la responsabilidad y los mejores talentos de todos.
Hoy enfrentan su prueba definitiva: la capacidad de las autoridades de seguridad pública de la actual administración; la eficiencia de la fiscalía y el sistema judicial; la responsabilidad de todo el sistema político; el compromiso de la empresa privada con el país; el ejercicio de los liderazgos sociales; la determinación de los ciudadanos. Todo eso es necesario, si no queremos seguir asomándonos al horror en que nos hemos convertido y que nos hemos negado a ver.
