El presidente Mauricio Funes anunció este martes que no avalará el último paquete de reformas a la telefonía celular orientadas a favorecer a los usuarios, porque según él cambia las reglas del juego y obligan tanto a las operadoras como al Estado a incurrir en gastos millonarios que no estaban previstos.
Las reformas a la Ley de telecomunicaciones garantizan que las operadoras privadas cobren solo el tiempo preciso de servicio que dan a los usuarios, que no caduquen el saldo para llamadas bajo el sistema de prepago y que los usuarios sean los concesionarios de las líneas telefónicas de tal manera que puedan conservar el número de su teléfono independientemente de si se cambian de compañía.
Funes anunció que devolvería con observaciones el decreto aprobado por unanimidad el 10 de junio pasado. Sus argumentos son los mismos que utilizó en marzo pasado para revertir la decisión de eliminar la cuota básica del servicio de telefonía residencial.
Hace cuatro semanas, la Asamblea aprobó con 75 votos la declaratoria de perpetuidad de la compra de saldos de telefonía en la modalidad de prepago. Hasta ahora, aún si no se ha utilizado el monto comprado para hacer llamadas, este se pierde después de cierto tiempo de activ¡vado el saldo. Los diputados acordaron la “vigencia ilimitada” de esos saldos, tanto los que se adquieren por medio de tarjetas, como los que se compran por medio de pines, recargas electrónicas y traslado de saldos.
Según Funes, no es posible para el gobierno aprobar la no caducidad de los saldos prepago, aunque no explicó en detalle el motivo de su objeción. Dijo que en el documento de observaciones que enviaría a la Asamblela Legislativa estarían recogidos todos los pormenores. En todo caso, es imposible que no venzan los saldos, aseguró. “Tiene que haber un término perentorio. No necesariamente el que han puesto las telefónicas, pero tiene que haber un término perentorio”.
Los diputados también decretaron que la portabilidad numérica es “un derecho de los usuarios y una obligación de los operadores de telefonía fija y móvil”. Esta reforma permitiría que un usuario pudiera cambiarse “voluntariamente de operador, conservando su número móvil o fijo sin costo alguno”. Este punto obliga a los operadores a realizar todos los trámites para la migración del número telefónico “con agilidad y sin costo alguno”.
Las operadoras dijeron a los medios de comunicación la semana pasada que la portabilidad numérica tiene un costo millonario. Hablaron de unos 20 millones de dólares y preguntaban quién iba a cubrir ese costo. Este martes, el presidente dijo que eso constituye cambiar las reglas del juego porque obliga a las empresas a hacer una erogación que no tenían prevista. Pero Funes también aseguró que para el Estado eso implicaría un gasto de unos 4 millones de dólares.
En el último mes, las compañías telefónicas arremetieron fuertemente contra la Asamblea Legislativa yvisitaron a todos los partidos políticos para intentar hacerlos retractarse de la medida que corregería, según la misma Asamblea, fallas e irregularidades del sistema. El mismo Funes admitió hoy que las telefónicas exigieron al gobierno que vete las medidas, pero que por medio de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones se le informaría hoy que el decreto no sería vetado, sino “observado”. Y mientras Funes argumenta que con las medidas se alteran las reglas de juego del sistema de telefonía, la Asamblea dijo en su decreto que lo que se alteraba eran las irregularidades ques e permitieron durante 13 años.
“(La ley de Telecomunicaciones) adolece de algunos vacíos como consecuencia del desarrollo y adelanto tecnológico del sector, que han dado origen a algunas irregularidades en la prestación de tan vital servicio y que afectan los intereses de los usuarios”, rezó, en los considerandos, el espíritu que movió a esta reforma. La tercera gran reforma que hizo la Asamblea es la que obligaría a las telefónicas a cobrar solo el tiempo de servicio de las llamadas. Funes no reveló a qué obedece su oposición y se limitó a decir que también iba a explicarlo en el documento que se aprestaba a enviar a la Asamblea Legislativa. “Lo del segundo exacto en el caso de la telefonía fija acarrea un problema a la telefonía que lo estamos analizando”, dijo.
A inicios de 2010, el Ejecutivo observó otra gran reforma a la telefonía que anulaba un cobro sin justificación técnica por parte de la SIGET en la tarifa de telefonía fija. La observación fue prácticamente un veto disimulado, ya que una de las empresas telefónicas –la que saldría más afectada con pérdidas millonarias: Claro, del magnate mexicano Carlos Slim- salió ganando con una nueva redacción elaborada por los partidos PCN, Gana, Arena y PDC. Con la nueva redacción del decreto observado por Funes, lejos de significar una derrota para Claro, le terminó reportando 8.6 millones de dólares adicionales en ingresos que no tenía antes de la intervención de la Asamblea Legislativa.
Estas propuestas de reforma en telefonía que Funes está observando eran parte del paquete de enmiendas que el ex superintendente Tomás Campos Villafuerte llevó bajo el brazo a Casa Presidencial, con el aval y respaldo del secretario técnico de la Presidencia, Álex Segovia, quien lo había recomendado para el puesto. Esas propuestas incluso llegaron a las manos de Segovia para incluirlas dentro del plan quinquenal del gobierno, según Campos Villafuerte. Sin embargo, este fue despedido por Funes en enero, por “falta de confianza”. En su lugar, el presidente puso a uno de los líderes del movimiento cívico político que lo llevó al poder, Luis Méndez Meléndez.
