Los diputados y los representantes de las principales compañías telefónicas coincidieron este martes en que los usuarios de las líneas telefónicas serán quienes, de una u otra forma, tendrán que pagar los costos de la portabilidad numérica a que aspira la Asamblea Legislativa.
Los legisladores de la Comisión de Economía consultaron hoy a los representantes de las empresas telefónicas el decreto que contiene las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que estableció el cobro obligatorio al segundo exacto, la vigencia ilimitada de los saldos en telefonía prepago y que los usuarios puedan ser los dueños de un número de telefonía, de tal manera que aunque se cambian de operadora puedan mantener el mismo número.
El decreto número 379 fue aprobado por unanimidad el 10 de junio y un mes después volvía a la Asamblea con una serie de objeciones, como la que hizo a la vigencia ilimitada de los saldos prepago. Para Funes el saldo debía caducar solo si el usuario no registraba movimiento en la línea durante tres meses, ya que de lo contrario significaba que una línea podía estar eternamente asignada a alguien independientemente de que no se utilizara.
En la reunión de este martes, los diputados recibieron a dos grupos de operadoras telefónicas: primero, a las pequeñas compañías nacionales, que básicamente atienden mercado de telefonía fija, y luego a las transnacionales.
En el primer grupo, Salnet, Telcam y GCA Telecom dijeron que la portabilidad numérica es económicamente inviable para ellas porque las pondría en desventaja ante las grandes operadoras internacionales. Según José Belarmino Jaime, director general de GCA Telecom, eso facilitaría a los operadores dominantes el acceso a sus principales clientes, facilitando la posibilidad de quitárselos. Además, dijeron, hacer posible la portabilidad supone un gasto que no están en condiciones de asumir. 'Para nuestras redes la portabilidad numérica significaría un gasto altamente oneroso, el cual no estamos en la capacidad financiera de realizar”, dijo Jaime. Dijo que, en todo caso, el plazo adecuado para poner en marcha la portabilidad numérica sería de dos años como tiempo mínimo.
De acuerdo con los legisladores, la medida pretende reafirmar y fortalecer los derechos del usuario de líneas telefónicas contemplados en la Ley de Telecomunicaciones, y ellos siguen interesados en favorecer al público general. “La portabilidad numérica eleva las condiciones de la competencia y garantiza un buen trato entre el operador y el usuario de la línea”, comentó Orestes Ortez, diputado del FMLN.
En cuanto al cobro al segundo exacto, las compañías nacionales también se opusieron, alegando que salvo si se modifica la ley una operadora de telefonía fija saldría perdiendo al hacer conexiones con las operadoras de telefonía móvil, porque actualmente las primeras deben pagar por minuto redondeado cuando se hacen llamadas entre teléfonos fijos y móviles, y si se les obliga a cobrar por segundo exacto, siempre seguirían ellas pagándole por minuto redondeado a las otras operadoras.
Sobre los saldos prepago no vertieron opinión porque es un servicio que no prestan. Entonces llegó el turno de los representantes de las compañías telefónicas trasnacionales. El encargado de exponer la posición de Telefónica, Tigo, Digicel y Claro fue Julio Carlos Porras, director general de Claro El Salvador. La sesión transcurrió entre algunas coincidencias entre diputados e invitados, pero también tuvo sus momentos de reclamo entre las partes.
Porras desde el principio aclaró que el desafío primordial para las grandes telefónicass era transparentar la relación con los usuarios. “Hemos sido incapaces de comunicar transparentemente”, dijo.
Pronto la intervención de Porras fue interrumpida por dos legisladores que coincidieron en hacer reclamos a las compañías. Roberto d'Aubuisson, de Arena, y Blanca Coto, del FMLN aprovecharon para objetar los comunicados y las publicaciones hechas por las telefónicas en distintos medios de comunicación, calificando de inaceptable el tono en el que expresaron su oposición a la decisión legislativa de regular las áreas incluidas en el decreto. Los diputados recordaron a los empresarios que la misma Constitución en el artículo número 110 brinda la autoridad a los legisladores de regular a estos concesionarios del Estado. 'Ustedes cuando vinieron a este país ya sabían que esas son las reglas del juego que da la Constitución', les reclamó Coto. Porras pidió disculpas en nombre de todas las operadoras y el presidente de la comisión, Mario Marroquín, de Arena, las aceptó.
En su exposición, Porras comentó que con la normativa de la portabilidad numérica se beneficiaba, únicamente, al 3% de las 8 millones de líneas de telefonía en El Salvador, dado que este es un servicio que en su mayoría es solicitado por los consumidores de línea postpago. Respecto al costo del proyecto dijo: 'El costo va a ser cubierto por nosotros pero al final quien realmente paga es el usuario'.
Para Blanca Coto, diputada del FMLN, queda claro que las telefónicas cobrarán, de una u otra forma, a los usuarios los 15 millones de dólares del gasto que representa la portabilidad numérica, esto de acuerdo al estudio de costos y beneficios de la portabilidad numérica realizado por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. 'Por eso es que queremos que la portabilidad sea gratuita. Esto evitaría el doble cobro', dijo.
Para las grandes telefónicas la vigencia en los saldos prepago no tiene mayor relevancia, siempre y cuando este no aplique para cuando se trate de promociones como las de doble y triple saldo. “En ese caso, dejarían de ser promociones”, dijo Porras.
Respecto al cobro al segundo exacto el representante de Claro explicó que no se generaba mayor problema en el caso de las líneas móviles. 'Lo que va a suceder es que si el precio baja más de lo que el mercado abarca, el consumidor va a hablar más. Con el dinero que les sobre no van a comprar más pan o leche, no van a mandar a sus hijos a las escuelas', comentó.
Porras aseguró que los salvadoreños ya son de los que más hablan por teléfono en el mundo.
En el caso de las líneas fijas es distinto ya que el mercado es más reducido y no soportaría el tema del cobro al segundo exacto, mencionó. En este punto coincidieron con los representantes de las telefónicas nacionales, quienes alegaron que la regulación de tarifas fue creada con cobros al minuto y es necesario que sea regulada.
Las telefónicas transnacionales expusieron algunos de los porcentajes de inversión que están haciendo en el país, pero se rehusaron a hablar de los porcentajes de ganancia que obtienen en el país, y como la diputada Coto aseguró en un momento que el mercado en El Salvador resulta muy apetecible para cualquiera, dado que 2 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, los empresarios la contradijeron. “El país es uno de los menos rentables del mundo y el número siete entre los rangos de los países más baratos para hablar por teléfono”, intervino Hernán Ozón, representante de Telefónica El Salvador.
La Asamblea Legislativa puede decidir dos cosas sobre las observaciones del presidente Funes. Una es reiterar el decreto original ignorando las objeciones del presidente, y para eso le bastaría emitir una nueva resolución con el apoyo mínimo de 43 diputados. Otra posibilidad es aceptar las recomendaciones del presidente, haciendo las modificaciones correspondientes al decreto. Esto también se resuelve con mayoría simple.
