El debate sobre inseguridad pública, intensificado por la masacre de 17 personas el pasado 20 de junio, ha derivado en un desfile de propuestas e intervenciones para atajar la grave situación de inseguridad que atraviesa el país.
El presidente Funes presentó su propuesta de ley antipandillas, que deberá ser aún sometida al voto de los diputados en la Asamblea Legislativa, y que considera ilegales a las maras y a los grupos de exterminio.
Algunos partidos políticos han presentado la propia, con medidas que el Ejecutivo ha expresado disposición a analizar, y todas las fuerzas nacionales parecen estar de acuerdo en que la situación actual es ya una emergencia nacional y que requiere medidas extraordinarias.
En ese sentido, la propuesta presidencial merece ser sometida a prueba, aunque su eficacia dependerá, en última instancia, de una de las instituciones más incapaces en el combate a la delincuencia y el crimen organizado: la Fiscalía General de la República.
No estamos ya en condiciones de fallar; la amenaza que baja desde México, y que ya lo convirtió junto a Guatemala prácticamente en un estado fallido, comienza a materializarse también en El Salvador. Lo que se haga ahora será determinante para la institucionalidad del país, el Estado de Derecho, la soberanía nacional, y la paz ciudadana. Todo eso está en juego en estos momentos.
El narcotráfico y el crimen organizado en general no pueden crecer sin la complicidad de las autoridades. Es urgente detener esta complicidad y aplicar un estricto regimen de depuración y rendición de cuentas a todo el aparato de seguridad y justicia que incluye a fiscalía, policía y jueces.
Todos los que ostentan algún poder están moralmente obligados a acudir al llamado de ayuda y asistencia de la población en general, y esto incluye a los empresarios, que aún se resisten a una profunda reforma fiscal que de todos modos tendrá que emprenderse; a Estados Unidos, que continúa empujando al sur los problemas originados en su frontera, a sabiendas de nuestra incapacidad para lidiar con el narcotráfico a gran escala; a todos los poderes políticos y a los dirigentes sociales y religiosos.
En un apartado, hay que apuntar que la nueva ley aprobada por mayoría simple la semana pasada, y que obliga a las escuelas a la lectura de la Biblia, no solo es inocua en el combate a la delincuencia, sino también contraria al espíritu laico del Estado, a la libertad de culto y a la responsabilidad de los legisladores de originar propuestas acordes con las necesidades nacionales y no con la demagogia para alcanzar a grupos de ciudadanos. Esta ley oficializa el fundamentalismo cristiano en El Salvador, y debe ser vetada por el presidente Funes.
