La frecuencia, intensidad y atrocidades de los homicidios de los últimos días han generado indignación y sentimientos de impotencia ante una crisis crónica que produce miedo.
En general, hay dos tipos de temor. Uno es habilitante y nos llena de adrenalina, permitiéndonos realizar hazañas que de otra manera no podríamos hacer, ya sea para salvar nuestras vidas o evadir riesgos inminentes y evidentes. El otro tipo de temor es paralizante, prolongado, nos llena de angustia y nos produce malestar. Puede ser incluso a veces obsesivo, porque no sabemos exáctamente qué lo genera. Si no suprimimos el temor, evitando que degenere en otros problemas, buscamos incesantemente razones que expliquen ese miedo. En este proceso es muy probable encontrar chivos expiatorios, es decir, individuos, o caracterizaciones simples de individuos, que expliquen las causas de nuestros malestares. De esta manera esperamos que el temor paralizante se vuelva habilitante, al haber identificado un simple y manejable riesgo inminente contra el cual tenemos que realizar hazañas fortalecidas, con la ayuda de la adrenalina que el temor nos concede.
En ocasiones excepcionales, los chivos expiatorios coinciden completamente con los riesgos inminentes. Entonces, este proceso psicológico puede tener un valor pragmático, al traer resultados evidentes que reducen nuestros niveles de temor. Pero la mayoría de las veces, los chivos expiatorios no son la explicación total de los riesgos que nos generan temor. Por ello corremos el riesgo de hacer atropellos innecesarios, y lo que es peor, agravar problemas, ya sea por concentrar nuestros esfuerzos de manera equivocada en los chivos expiatorios, o por crear otros riesgos que no existían antes de nuestras medidas.
Es posible identificar este proceso en el debate sobre el tema de seguridad en El Salvador de las últimas semanas. Muchos actores sociales han expresado cómo consideran que ya cayó la gota que derramó el vaso. Un vaso que por cierto ha estado quebrado y en añicos bajo una catarata de muertos, desde hace décadas. Los homicidios de los últimos días han reforzado la inseguridad, sin que sea posible identificar causas sencillas a esta sensación. Obviamente, las razones inmediatas de esta reforzada inseguridad son los asesinatos atroces que se cometen, ayduados en gran parte por las notas de prensa que describen con lujo de detalle y tono tenebroso, cómo se cometieron los asesinatos, o más bien, como imaginan los periodistas que sucedieron los asesinatos. Sin embargo, las variables y estructuras fundamentales que explican los homicidios no son evidentes ni mucho menos inminentes. Ante esta doble inseguridad, de no saber quién será la próxima víctima, ni saber qué, ni quién determinará esto, muchos desarrollamos un temor paralizante.
Podemos hacer varias cosas para lidiar con este temor de una manera habilitante. Sin embargo, todas las estrategias efectivas tienen que ver con la identificación de las variables y estructuras que explican los homicidios. De la misma manera, todas las estrategias estarán irremediablemente cargadas de nuestras emociones. No obstante, algunas estrategias serán conscientes de estas emociones, las contextualizarán y les pondrán nombre. Otras no serán conscientes de estas emociones, no las identificarán por su nombre y por ende permitirán que estas emociones desordenen la forma como re-actualizamos el problema de homicidios con nuestra inteligencia. Este desorden intelectual, aunado a un deseo caprichoso de orden, puede llevar a sobresimplificaciones del problema, como la identificación de chivos expiatorios. Estos se vuelven la causa única o más importante del problema. Consecuentemente, para muchos, la causa del problema de homocidios en El Salvador se ha vuelto los miembros de las maras. Punto.
Cuando el problema es simple y casualmente también se explica por la presencia de los chivos expiatorios, el desorden intelectual no acarrea tantos problemas. Pero cuando el problema es complejo, como el caso de los homicidios en El Salvador, lo más probable es que el desorden intelectual que el temor paralizante genera implique sobresimplificaciones que resulten en medidas apresuradas, porque se tiene la sensación de que hay que hacer algo. No importa qué, pero algo. Estas medidas pueden ciertamente propiciar resultados deseables marginales, pero por un lado esquivarán las raíces del problema por completo, atropellando a inocentes e ignorando culpables, y por otro lado, generarán nuevos problemas. Por lo tanto, constituyen medidas destructivas, desde el punto de vista ético y también desde una perspectiva pragmática, porque habrá violaciones de derechos justificadas, o mejor dicho injustificadas, por unas políticas poco efectivas.
En este sentido es importante resaltar que desde hace unos años ha habido una discusión entre representantes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML), respectivamente. De un repaso de los asesinatos cometidos entre 2005 y 2006, el IML encontró que sólo el 12 por ciento podían atribuirse a las maras. El 18 por ciento se clasificaron dentro del ramo de delincuencia común y 67 por ciento no se podían atribuir a ninguna de estas categorías. Un repaso más reciente, basado en los homicidios de los últimos ocho años, fijó el porcentaje de asesinatos atribuibles a las maras en 9,9 por ciento. Es decir, cerca de dos puntos porcentuales menos de lo establecido en base a las cifras de 2005 y 2006. De acuerdo a la PNC, el IML no ha investigado exhaustivamente las relaciones entre los que perpetraron los homicidios. Por ello, la PNC rechaza las cifras del IML, afirmando en abril de 2010 que el 70 por ciento de los homicidios cometidos en el país pueden atribuirse a las maras.
Debido a estas opiniones diametralmente opuestas, el informe “Seguridad y Paz, un reto de país: Recomendaciones para una política de seguridad ciudadana en El Salvador” afirma que “si bien los datos disponibles no son concluyentes, todo indica que las maras o pandillas juegan un papel importante en los altos niveles de violencia y delincuencia del país, aunque el problema no se limita a estos grupos juveniles”. Si hacemos un compromiso y fijamos la cifra como un promedio de las estimaciones del IML y la PNC, podríamos decir desafiladamente que las maras son probablemente responsables del el 40 por ciento de los asesinatos en el país. Además, el informe mencionado señala que tan solo el 9 ciento de los crímenes denunciados en el país son homicidios, más del 80 por ciento de estos son cometidos con arma de fuego, 89 por ciento de las víctimas son hombres y el 60 por ciento de los homicidios se concentran en 20 municipios.
Hay por supuesto muchas más variables que complican la ecuación. También podríamos analizar más profundamente, señalando las variables y estructuras que explican la existencia de mareros criminales, mareros no-criminales, no-mareros asesinos y no-mareros criminales. Pero tomando en cuenta estos datos limitados, podemos concluir de manera aproximada que el 3,6 por ciento de los crímenes denunciados en el país son homicidios atribuibles a las maras. Al mismo tiempo, más del 7,2 por ciento de los crímenes denunciados en el país son homicidios por arma de fuego, y el 8,01 de las víctimas de todos los crímenes denunciados en el país son hombres que han sido asesinados. 5,4 por ciento de todos los crímenes denunciados en el país son homicidios concentrados en 20 municipios del país.
Esto plantea el problema desde otra perspectiva. Primero, demuestra que los homicidios no representan el mayor problema de criminalidad en el país, si lo medimos por su incidencia en las denuncias. Además, estas cifras reafirman que si bien las maras juegan un papel importante en los altos niveles de homicidios, su papel está muy por detrás del que juegan las armas de fuego y otras variables radicales que complican más el problema. Obviamente, estas variables no son mutuamente excluyentes. Por ello, dicha perspectiva no hace si no recordarnos que el problema no se resolverá atendiendo tan solo una de las variables asociada a los homicidios por sí sola. Como muchos especialistas, estudios e informes no se cansan de repetir; hace falta una perspectiva sistémica, dinámica y multidimensional para abordar el problema de la violencia. No es posible reducir la violencia en el país, sin atender el problema de inseguridad humana primero. Se necesita además de una política integral de corto, mediano y largo plazo. Esta política debe enfocarse en la prevención, en vez de la represión, que es irremediablemente necesaria en ciertas ocasiones, pero igual de indeseable como eje político estratégico. Es cierto que dicha política debe hacer priorizaciones y enfocar recursos en las areas más problemáticas. Pero esto no es sinónimo de sobresimplificar y abandonar la perspectiva integral, que es más realista.
De esta manera, ayudará poco prohibir a las maras o enviarlas a una isla, siempre y cuando siga habiendo factores sociales que las causen, de lado de todos los otros problemas que generan crimen y violencia en el país. Tampoco contribuirá a reducir la violencia un reclutamiento forzoso de jóvenes. Parece innecesario decirlo, pero lo militar promueve la cultura de la guerra y de la violencia. Además, estas dos medidas tienen un valor ético cuando menos cuestionable.
Lo que sí puede ser una parte pequeña de una solución integral es crear espacios dentro de la sociedad que sustituyan las necesidades de identidad, pertenencia y realización que las maras atienden. Por ejemplo, creando empleos públicos pagados, como parte de un programa de servicio social universal y obligatorio. Los empleos como servidores sociales serían para todos los jóvenes de cierta edad. Estarían financiados por el Estado y lo que los jóvenes produzcan. El programa podría basarse en un modelo de educación para la paz y su respectiva filosofía. Este sería un modelo de educación civil (no religioso) independiente de clase social, que combine el trabajo, la cultura, el deporte, el arte y el aprendizaje. Pueden llevar a cabo estos programas en diversas granjas e islas del país, si tanto se desea, pero las premisas, misión y visión, tendrán que ser fundamentalmente distintas a las del militarismo, si lo que se quiere es reducir la violencia.
Para una política integral de seguridad humana hace falta voluntad en todo el país. También es necesario otro entendimiento que reconozca que la seguridad humana cuesta. Esta empieza con una sociedad más justa, y todos tenemos que estar dispuestos a pagar por ella. Al gobierno le tocará decidir si quiere implementar políticas de seguridad cortoplacistas, basadas en un temor desorganizado, simplificante y destructivo, o políticas que integren estructuras y dinamismos, sobre la base de un temor organizado, inteligente y constructivo.
