España la semana pasada ha “gozado” de dos manifestaciones que algunos medios de comunicación han comparado. La primera celebrada el día 10 fue desarrollada en Barcelona, movida por los algunos partidos políticos catalanes; la otra el día 12 en Madrid fue motivada por la explosión de alegría de los españoles al conseguir, la selección nacional de fútbol, su primer campeonato mundial.
Analicemos la primera, derivada de la frustración de los partidos nacionalistas catalanes al saber la sentencia del Tribunal Constitucional, TC, que declaraba la inconstitucionalidad de 14 artículos e interpretaba otros 27, diciendo cómo debían ser entendidos para ser constitucionales. La Constitución española de 1978 era suficientemente abierta, nacida de un consenso entre el franquismo y las demás fuerzas políticas, que permitió traer la democracia a España. Se redactó una Constitución en donde se dejaban abiertos algunos temas, que se han ido cerrando posteriormente, como es la estructura del Estado.
El desarrollo posterior ha inclinado la balanza hacia un estado autonómico, con ciertas trazas federales, en donde todas las autonomías deben tener un trato igual, aunque cuatro de ellas: Las Provincias Vascongadas, Cataluña, Galicia y Andalucía han tenido una vía administrativa más rápida, derivada de sus condiciones históricas.
Mientras, ha habido un juego limpio y un compromiso histórico por parte de todos los partidos políticos, las cosas han ido relativamente bien. Aceptando que en las Provincias Vascongadas, Cataluña y Galicia históricamente por tener una lengua distinta del castellano y otras características, siempre ha habido un porcentaje de su población que ha deseado la independencia, siendo ésta bastante minoritaria y ha dado, en algunos momentos, lugar a movimientos terroristas, como ETA, Tierra lliure(Tierra libre), Frente Popular Galega (Frente Popular Gallego) y Nos Unidade Popular (Nuestra unidad Popular), todos ellos, excepto ETA, han desparecido y se han reciclado en partidos democráticos plenos.
Algunos de esos partidos han alcanzado el gobierno autonómico y alcaldías.
La cuestión se empezó a complicar cuando los votos de esos partidos fueron claves para la gobernación de España o en las autonomías, durante los primeros años los votos nacionalistas moderados jugaron un equilibrio aglutinador, que ellos sabían debía ser táctico, tal fue el juego que en Cataluña hizo Convergencia y Unión, CiU. Y el Partido Nacionalista Vasco, PNV, que igual apoyaban al partido socialista PSOE que al partido Popular, PP.
Poco a poco fueron legislando amparados en su Estatuto y fueron imponiendo su doctrina nacionalista sobre todo en el ámbito de la educación y de la administración autonómica, aunque las reglas del juego eran claras, los excesos no eran corregidos por la administración del gobierno central pues sus votos eran necesarios para el gobierno general central.
Impusieron el catalán como lengua vehicular de la educación básica, posteriormente de la secundaria, siempre afirmando que al final del proceso educativo el alumnado saldría sabiendo por igual ambas lenguas: catalán, vasco (por su dificultad intrínseca ha tenido un tratamiento diferente), gallego.
En la administración autonómica y municipal poco a poco se dejó de mandar las cosas en los dos idiomas y se fue imponiendo, sobre todo en Cataluña, el catalán, como único idioma aunque la legislación no lo decía.
Incluso se sacaron algunas leyes en que se multaba a los comercios que no tuvieran en catalán los rótulos, la ley permitía tener él rotulo de los comercios en catalán sólo, pero si estaba sólo en castellano eran multados con 1200 euros, según del articulo 32 de la ley de Política Lingüística de 1998. Se han puesto centenares de multas al respecto. Últimamente se ha legislado que es obligatorio contestar en catalán en las tiendas si uno habla en ese idioma. No se sabe cómo quedará esta nueva normativa, que aun no está vigente, dada la sentencia del tribunal constitucional.
Cuando en Cataluña y en España para gobernar fueron esenciales y claves, los votos de un partido independentista Ezquerra Republicana de Catalunya, ERC, en Barcelona y el líder del PSC-PSOE, Maragall y en Madrid, Rodríguez Zapatero prometieron elaborar y aceptar un nuevo estatuto para Cataluña.
Como ha señalado un catedrático de derecho constitucional: “Las cosas que mal empiezan mal acaban. Jordi Pujol nunca quiso reformar el Estatut de 1979 porque sabía lo que podía pasar y ha pasado. Pero por razones partidistas, para acceder al Govern de la Generalitat, Pasqual Maragall emprendió una reforma estatutaria de alto riesgo, con claros tintes confederales a fin de complacer a ERC. Obviamente tal proyecto no tenía cabida en una Constitución que admite el Estado federal pero no otra forma de Estado. Tal proyecto prescindió de la evolución del Estado autonómico y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se jugó al adanismo constitucional haciendo una interpretación libre de la letra de la Constitución. Ciertamente las Cortes Generales recortaron brutalmente tal proyecto que de forma insensata aprobó el Parlament de Catalunya. Pero quedaron flecos. Estos flecos son los que ahora ha acabado de pulir el Tribunal Constitucional.”
La sentencia según los nacionalistas es un profundo varapalo. El TC ha eliminado en el artículo 6.1, que regula que la lengua propia de Cataluña es el catalán, el Constitucional elimina la expresión 'y preferente', pero mantiene que ésta es 'la lengua de uso normal de las Administraciones y de los medios de comunicación'. Quedando de la siguiente manera: 'La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza'.
Este artículo dice que todas las personas tienen 'derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y él deber de conocerlas'.
Además, afirma que los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos el cumplimiento de este deber y estipula que no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua.
Del artículo 33 --sobre los Derechos lingüísticos ante las Administraciones públicas y las instituciones estatales-- será interpretado el apartado 5, que estipula que los ciudadanos de Cataluña tienen 'derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal', instituciones que deberán 'atender y tramitar los escritos presentados en catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica'.
Sobre los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios (artículo 34) también será necesaria una interpretación. En concreto, este punto dice que todas las personas tienen 'derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, productos y servicios'. Por ello, las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al público en Cataluña quedan 'sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos establecidos por ley'.
El artículo 76.4, que regula el funcionamiento del Consejo de Garantías Estatutarias. Este precepto dice: 'Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente Estatuto'.
Elimina, además, el 'carácter exclusivo'del Síndic de Greuges, una especie de Defensor del Pueblo catalán cuyas funciones se recogen en el artículo 78.1. La nueva redacción de este precepto sería la siguiente: 'El Síndic de Greuges tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto'.
También añade que 'a tal fin supervisa la actividad de la Administración de la Generalitat, la de los organismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma, la de las empresas privadas que gestionan servicios públicos o realizan actividades de interés general o universal o actividades equivalentes de forma concertada o indirecta y la de las demás personas con vínculo contractual con la Administración de la Generalitat y con las entidades públicas dependientes de ella. También supervisa la actividad de la Administración local de Cataluña y la de los organismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma'.
Asimismo, el fallo considera inconstitucional el Consejo de Justicia de Cataluña, recogido en el artículo 97. Su redacción completa aprobada por el Parlamente decía: 'El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial'.
En relación con el artículo 98, que versa sobre las atribuciones de este organismo, se eliminan los siguientes preceptos: 'Las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio de Cataluña son, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las siguientes: --a) Participar en la designación del Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como en la de los Presidentes de Sala de dicho Tribunal Superior y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales.
En el artículo 99.1 se retira el inciso 'por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña'. Este precepto afirma: 'El Consejo de Justicia de Cataluña está integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y por los miembros que se nombren, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre Jueces, Magistrados, Fiscales o juristas de reconocido prestigio. El Parlamento de Cataluña designa a los miembros del Consejo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial'.
Del mismo modo, se considera inconstitucional el artículo 100.1, que defiende que 'los actos del Consejo de Justicia de Cataluña serán recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma'. En el artículo 101.1 se elimina la referencia 'o al Consejo de Justicia de Cataluña'. Estos artículos defienden en su redacción original: 'La Generalitat propone al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Justicia de Cataluña, según corresponda, la convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir
las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y Fiscales en Cataluña'.
Esta misma expresión se retira del artículo 101.2, que faculta al Consejo de Justicia de Cataluña para 'convocar los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados en Cataluña en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial'.
Asi mismo el TC declara inconstitucionales partes de los artículos sobre financiación y cajas de ahorros
Los nacionalistas catalanes argumentan que el Tribunal Constitucional no tiene derecho a retrotraer el Estatuto que fue votado en Cataluña. Ciertamente con una abstención del 51%. Los que votaron que
Toda esta situación ha conllevado a un evidente deterioro político en España, agudizado por la crisis y que se ha visto claro en la soledad del partido gobernante el PSOE que se ha quedado sólo y que en el debate del Estado de la Nación, Rodríguez Zapatero ha sido atacado por todos los partidos, por su política variable de alianzas, siendo acusado de traición por algunos de ellos afirmando que nunca más, en esta legislatura, pactaran con él.
Lo que subyace en el fondo de toda esta cuestión es que España no acaba de encajar un modelo de Estado en donde quede claro que España es una nación Única, ya que los catalanes también se consideran nación y los vascos también. Que vascos y catalanes quieren liberarse del dominio español y por ello desean ser Libres. Y Grandes, por ello unos piden la anexión de Navarra y el sur de Francia y los otros desean el sur de Francia, en la parte que les toca, la llamada por ellos Cataluña Norte y la creación de unos Países Catalanes. Y enfrente están los españoles que desean curiosamente también que España sea Una, Grande y Libre, palabras que eran las dichas por el dictador Franco en la banderola que circundaba las columnas de Hércules su escudo nacional.
De momento la cercanía de las vacaciones veraniegas, el triunfo de la selección nacional de fútbol (que fomentó una eclosión de banderas, como nunca, obligando a más de un nacionalista a quejarse de que hubiera más banderas españolas en Cataluña, en esos días, que la autonómica), hace que todo este problema se evapore un poco, pero estamos seguros que del tema, tendremos que volver a hablar, pues en octubre habrá elecciones en Cataluña y es mas que obvio, que ésta será la cuestión; lo que está por saber es que va a hacer el pueblo de Cataluña ya que todas las encuestas afirman, que hay una inmensa decepción de sus políticos, que éstos son considerados una casta que va a los suyo, con muy serios actos y casos de corrupción, y que durante los últimos años más que solucionar los problemas ellos son el problema.
