Contrario a la propuesta de la presidencia de la República, los diputados de la comisión de Legislación acordaron este lunes que la entidad que vele por la aplicación y cumplimiento de una ley de acceso a la información sea una nueva institución, en lugar de darle esa tarea al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
Con esta posición, los legisladores se alejaron de la propuesta del Ejecutivo y del mismo TEG, que planteaban que esta oficina absorbiera la tarea de impartir justicia en la materia. “Las funciones del Tribunal de Ética y las de un instituto de transparencia son de naturaleza distinta, tienen funciones diferentes. Uno tiene una función de velar por la ética de los funcionarios y un instituto de transparencia tendría un quehacer muy grande y especializado, que es el de garantizar el acceso a la información pública”, opinó el diputado de Arena Guillermo Ávila Qüehl, presidente de la comisión.
El artículo 58 del proyecto de ley, que inicia el capítulo II del mismo, propone la creación de un Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que estaría encargado de velar por la defensa y aplicación de la ley, de resolver sobre las negativas a las solicitudes de información y proteger los datos personales en poder de las respectivas dependencias y entidades en los casos bajo su conocimiento.
Con esta decisión de los diputados, la Comisión sorteó uno de los tres puntos que más diferencias generan ya en el debate, aparte del procedimiento de elección de los miembros del Instituto de Transparencia y de quiénes lo integrarían.
La posibilidad de contar en el país con una ley que garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública se ha visto frenada desde los anteriores gobiernos con el partido Arena a la cabeza. El ex presidente Antonio Saca, de hecho, mantuvo durante su gestión el argumento de que la mejor ley de acceso era aquella que no existía. El gobierno de Mauricio Funes, que ahora plantea como necesaria la ley, ha mostrado, sin embargo, actitudes contrarias al espíritu de la misma.
En la discusión de este lunes algunos diputados, como el arenero Mario Valiente, sugirieron que se considerara la propuesta presidencial de que fuera el Tribunal de Ética el que asumiera la función de velar por el cumplimiento de la ley, alegando que eso supondría un ahorro de recursos, pero prevaleció el argumento a favor de una institucionalidad independiente, sin subordinación a ninguna otra autoridad. “El Tribunal de Ética Gubernamental tiene poco presupuesto y necesitaría un refuerzo presupuestario para poder llevar a cabo esas funciones. Es mejor canalizar ese refuerzo a una nueva institución”, dijo Ávila Qüehl, desestimando la idea del ahorro de recursos.
Esa fue también la posición que compartió el FMLN, quien en voz de la diputada Margarita Velado expresó que “lo ideal es una nueva institucionalidad, que puede ser pequeña, no necesariamente tiene que ser muy grande”.
El único punto que los diputados dejaron pendiente sobre el artículo 58 es el del nombre que tendrá esta nueva entidad, que en la propuesta del Grupo Promotor de la ley es llamado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, mientras que el FMLN plantea que sea Consejo Nacional para el Acceso a la Información Pública.
Los diputados después pasaron a analizar el artículo 59, donde se entrampó la discusión. El 59 habla sobre la integración del organismo garante y su mecanismo de elección. El proyecto en discusión, que es una fusión de las propuestas del FMLN y del Grupo Promotor, plantea una divergencia en este punto. El del Grupo Promotor propone que sean cuatro comisionados los que integren el instituto, y que estos sean elegidos por la Corte Suprema de Justicia luego de recibir ternas propuestas por las universidades, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Los diputados coincidieron en que es más conveniente que el número de integrantes sea impar -preferentemente cinco- para evitar entrampamientos en las discusiones, pero discrepan en el mecanismo para elegir a los comisionados. Arena se inclina porque sea la Corte la que tenga la palabra final, pero propone que tres de las ternas para elegir los cinco puestos sean propuestas por universidades, APES y ANEP, mientras que los dos nombres restantes sean nombrados directamente por la Corte.
El FMLN, en cambio, pese a defender la idea de una institucionalidad independiente, propone dejar en manos de la presidencia la elección de los comisionados, luego de un proceso abierto en el que los postulantes provengan no de organizaciones gremiales, sino de la sociedad civil. Los efemelenistas no precisaron cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra. “Muchos se quejan de que la Corte tiene un problema de retardación de justicia y darle esta atribución también sería distraerla de sus funciones esenciales de administración de justicia”, argumentó el efemelenista Jaime Valdez.
El pecenista José Almendáriz planteó una tercera posición, proponiendo que sean Fiscalía, Procuradoría General y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos quienes presenten las ternas.
Ante tal diferencia de opiniones, los diputados acordaron dejar el punto “en el congelador” y llevar a cabo reuniones bilaterales y privadas para llegar a una posición conjunta, que discutirán hasta dentro de dos semanas dentro de la comisión.
El principio elemental del proyecto de ley es que todo es público y solo en excepciones la información en manos del Estado será reservada o confidencial. La reservada es aquella que si se divulga puede dañar los intereses del Estado en materia de seguridad nacional o relaciones internacionales. La confidencial es la información personal relativa a la intimidad de las personas, como datos de salud o credo religioso.
En junio pasado, el Ejecutivo presentó a la comisión una serie de sugerencias, como que entre las instituciones obligadas a publicar información estuvieran los partidos políticos, pero la comisión desechó esa posibilidad, argumentando que ya está en proceso un anteproyecto de ley de partidos políticos.
