La empresa privada es motor clave del desarrollo por su aporte a la economía, pero de manera especial por la creación de empleos. Cuando se habla de El Salvador siempre se menciona el dinamismo de la población y sus empresarios. Gran parte de lo que producimos e invertimos viene del sector privado. Varias empresas salvadoreñas se han distinguido a nivel centroamericano e incluso internacional. El Salvador necesita de la empresa privada para su desarrollo económico; el estado no tiene la eficiencia y efectividad que ese sector ha demostrado. Ambos son complementarios.
Sin embargo, en las últimas décadas la empresa privada ha perdido competitividad, no se ha transformado de acuerdo a las exigencias de la globalización y mucho menos de las necesidades nacionales. El Foro Económico Mundial reportó en su último informe que el país bajó tres escalones en el índice de competitividad. La productividad de El Salvador en Latinoamérica es media y ello gracias a la intensidad de nuestra mano de obra. Estudios recientes (La Era de la Productividad, BID 2010) señalan la productividad como factor clave para el crecimiento económico y para disminuir la desigualdad.
La economía salvadoreña está altamente concentrada en los sectores servicios y comercio, donde la productividad y competitividad, comparada con otros sectores como el de la manufactura o la agricultura, es muy baja. El comportamiento del sector de la banca en estos últimos años no es positivo para nuestro desarrollo, con gran liquidez pero con muy poco crédito e inversión en el país en sectores productivos. La transformación tecnológica y la innovación de las empresas son lentas e insuficientes para el mercado internacional.
La principal contribución del sector privado al PIB proviene de los migrantes (17%), lo que va en casi su totalidad al consumo. La gran mayoría del empleo nacional lo genera la pequeña empresa, el auto empleado, pero en general las empresas de menor tamaño tienen menor productividad. La función social de la empresa salvadoreña ha sido muy limitada, en su mayoría donaciones filantrópicas no proporcionales al capital de las grandes empresas. En el pasado la gran empresa privada se alineó políticamente con Arena, lo que la ha colocado en una situación difícil ante el cambio de gobierno. La cúpula empresarial “considera que la situación política actual pone en riesgo la estabilidad” y por ello no invierten. Todo ello repercute significativamente en el desempleo y la desaceleración económica.
En el continente americano se han dado recientemente varios ejemplos en que la empresa privada ha tomado posiciones muy diferentes, posiciones en las cuales asumen su papel en el desarrollo nacional, en el cual en vez de buscar excusas o pedir cada vez más privilegios, aceptan el desafío que la situación les demanda. Reconocen que el estado tiene también grandes responsabilidades, pero que ellos deben ser aliados en la construcción del país.
El Presidente Piñera de Chile, y uno de sus grandes empresarios, ante los desafíos de su nuevo gobierno y los daños causados por el terremoto, aprobó un aumento transitorio de los impuestos a las grandes empresas, a los sectores de más altos ingresos y al tabaco y propuso una reforma política para que los ciudadanos en el extranjero puedan votar y renovar a los partidos políticos, entre otros. Él alega que, si en América Latina se derrota a la pobreza extrema y se crean oportunidades, no hay razón para no derrotar el subdesarrollo (El País, 18/05/2010).
En Estados Unidos unos cuarenta multi-millonarios anunciaron que donarán la mitad de su fortuna a obras de caridad, lo cual se estima en más de 600 mil millones de dólares. Todavía en medio de la crisis financiera, las empresas del sector privado crearon 42,000 empleos en julio, esfuerzo producto todo de las medianas y pequeñas empresas. Varios otros países solo hacen que la empresa privada cumpla sus leyes. La empresa BP, responsable del derrame de petróleo en el Golfo de México, enfrenta una batalla legal que le podría costar 17.6 mil millones de dólares. Bolivia está haciendo cumplir el Código de Comercio, vigente desde 1973 pero no aplicado, fiscalizando a 115 empresas consideradas grandes y multando a 25 de ellas.
Josep Valles, en una columna de opinión en el diario El País de España, reflexiona sobre el mercado y la democracia, y sus palabras se pueden aplicar a El Salvador: “La amenaza del modelo soviético hizo que los gestores del mercado aceptaran un mayor grado de regulación democrática. Pero tal aceptación se disipó cuando la amenaza fue debilitándose. Se desató la ofensiva para reducir el control democrático de las relaciones socioeconómicas. Treinta años después el resultado está a la vista: quiebra económica, precaria solidaridad social, profundo desapego político. No creo que apatía democrática y crisis financiera sean fenómenos paralelos sin ninguna relación…hacían previsible, e incluso deseable para algunos – la apatía democrática de unos ciudadanos convertidos en dóciles consumidores. Salir ahora del embrollo y prevenir su repetición exige un nuevo arreglo de convivencia..”. En el caso de El Salvador ese nuevo arreglo debe incluir un estado fuerte que invierta en educación, tecnología y seguridad entre otros, pero también una empresa privada, sobre todo la grande y mediana, con visión de país y creatividad; una empresa privada que sea capaz de pensar en la época post crisis y que contribuya desde ahora con lo que le corresponde en el desarrollo del país.
