Opinión /

La Ley de Transparencia


Martes, 24 de agosto de 2010
El Faro

Los diputados de la Asamblea Legislativa están revisando un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información. Es una ley que pretende garantizar el derecho ciudadano a la información de carácter público, que hoy sigue dependiendo de la mera voluntad de los funcionarios a pesar de que la firma de varias convenciones y tratados internacionales obligan al Estado a proporcionarla.

La ley regularía el ejercicio de ese derecho y se convertiría, en primer lugar, en una poderosa herramienta para el combate a la corrupción y la malversación de fondos.

El Faro no es ajeno a estas propuestas. Desde sus inicios ha formado parte del Grupo Promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un grupo conformado por varias instituciones, gremios, universidades y tanques de pensamiento, cuyo único punto de agenda es promover la aprobación de una ley que establezca unos mínimos para que la cultura del secretismo dé paso a la de la transparencia.

El Grupo se formó en 2008, y creímos que el triunfo de Mauricio Funes abría la posibilidad inédita de cambiar radicalmente las perversas dinámicas de rendición de cuentas porque durante la campaña electoral Funes hizo del combate a la corrupción y la transparencia ejes esenciales de sus compromisos con la población.

Hay que decir que la creación de la Subsecretaría de Transparencia es algo muy positivo, porque habla de la importancia que la actual administración le da a la materia; pero aún no hay mecanismos directos que permitan a la ciudadanía obtener información clara de cómo se administran los recursos del Estado.

Desafortunadamente la transparencia y la rendición de cuentas siguen entre las principales deudas de la actual administración. Ahora, el próximo gran paso es potestad de los diputados, quienes asumen la responsabilidad de darle a la gente una herramienta que cuente con la fuerza suficiente para cambiar esquemas y conductas.

Una ley de acceso a la información, estamos seguros, no terminará por sí sola con la corrupción o los abusos de funcionarios y contratistas del Estado; pero ayudará mucho en este sentido, así como en otros más pragmáticos. No es casual que, en otros países, los principales usuarios de esta ley son empresarios y académicos, ávidos de información para tomar decisiones o tener mejores herramientas de análisis.

La ley, en el fondo, puede convertirse en un importante paso para dotar de mayor poder a la ciudadanía, y por tanto para consolidar nuestro proceso democrático. Pero es urgente contar con ella cuanto antes, para que no termine, como otras buenas iniciativas, engavetada esperando a que el olvido permita darle el mismo nombre a un cuerpo de leyes inocuas, solo para cumplir con las formas.

logo-undefined
CAMINEMOS JUNTOS, OTROS 25 AÑOS
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual, trimestral o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas continúen haciendo periodismo transparente, confiable y ético.
Apóyanos desde $3.75/mes. Cancela cuando quieras.

Edificio Centro Colón, 5to Piso, Oficina 5-7, San José, Costa Rica.
El Faro es apoyado por:
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
FUNDACIÓN PERIÓDICA (San José, Costa Rica). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2023. Fundado el 25 de abril de 1998.