Los diputados de la Comisión de Legislación postergaron, nuevamente, el debate sobre la entidad que será la encargada de velar por la defensa y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La reunión se programó hace un mes, cuando se llevó a cabo la última reunión de la comisión hasta la de este lunes.
Hasta el 23 de agosto, los diputados habían desarrollado el estudio de la normativa de acuerdo con el orden correlativo de los artículos que la componen, pero al llegar al capítulo dos del borrador, que habla sobre el Instituto de Acceso a la Información, la integración, las ternas, el procedimiento de elección de los comisionados, y las atribuciones del mismo, los legisladores discreparon y decidieron realizar reuniones bilaterales para llegar a un consenso.
Uno de los acuerdos, que cuenta con aprobación de los miembros de la comisión, es que se debe crear un Instituto que se encargue, únicamente, de velar por el acceso a la información, tal como plantea el borrador de ley que se está estudiando. Eso descartó las pretensiones del Ejecutivo y del Tribunal de Ética Gubernamental, que pedían que fuera el TEG el que se hiciera cargo de velar porque se cumpla la ley.
Sin embargo, hasta ahora no se ha discutido nada respecto a la procedencia de los comisionados del instituto ni de quién nominaría. Según Mario Valiente, diputado de Arena, el tema está congelado hasta nuevo aviso.
Durante la reunión de la comisión esta mañana, los legisladores cambiaron la metodología que habían venido utilizando y se saltaron los 11 artículos que hablan sobre la integración de los miembros del Instituto. “Sobre eso no tenemos acuerdo todavía, puede ser la Asamblea quien los nombre, o puede ser el Ejecutivo quien los nombre”, dijo Benito Lara, diputado del FMLN. Y aclaró: “Para nosotros (FMLN), podría ser el presidente, quien a partir de ternas tome la decisión”, expresó.
Eso complacería al presidente Mauricio Funes, ya que la Presidencia de la República, por medio de la subsecretaría de Transparencia, planteó el interés en que sea el gobernante quien nombre a los comisionados de transparencia.
La comisión avanzó, sin embargo, con 10 artículos más, en los que se tomaron disposiciones respecto a la solicitud de la información. La diputada del FMLN Margarita Velado sugirió eliminar la atención de peticiones vía telefónica dado que no existe soporte que valide y forme un registro de quién pidió la información. La moción fue aceptada y se hizo el respectivo cambio.
Otro cambio que surgió fue producto de la enarbolación de la bandera de la seguridad. Tiene que ver con la identificación de la persona que solicita la información. Rafael Machuca, del PCN, pidió que el nombre e identificación, a través de documento, por parte del solicitante fuese de carácter obligatorio. La propuesta no contó con el apoyo de Velado, quien consideró que la medida era demasiado dura para los solicitantes que fuesen menores de edad y que no tuviesen un documento de identificación para presentar. “Todas las personas deben tener derecho a la identificación, con o sin identidad”, dijo Velado.
De acuerdo con Antonio Almendáriz, la propuesta de Machuca es una medida de seguridad, ya que no duda de que se presenten casos donde personas con mayoría de edad se hagan pasar por menores de edad. “Aprovechando el acceso a la información necesitamos que por cuestiones de seguridad se identifique a los menores”, dijio, aunque no aclaró cuál era su preocupación. En este punto, el diputado y presidente de la comisión, Guillermo Ávila Qüehl solicitó a los técnicos que plantearan posibles escenarios para poder decidir cuál será la mejor iniciativa.
El artículo 82 del capítulo de infracciones y sanciones, que habla de las multas que se impondrán a los funcionarios públicos que no brinden la información solicitada, también presentó modificaciones. Se redujo la multa de 100 hasta 200 salarios mínimos, a una de 10 hasta 20 salarios mínimos mensuales que se pagarán al cometer sanciones muy graves. Para las infracciones graves la multa se redujo de 50 hasta 99, a una de cinco a nueve salarios mínimos mensuales. Y en el caso de las infracciones leves la multa pasó de 10 hasta 49 a una de uno a cuatro salarios mínimos.
La comisión seguirá trabajando el próximo lunes en los artículos restantes.
