Mike O'Connor, veterano periodista que ahora es representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), suele decir que la impunidad de un asesinato deja la puerta abierta al siguiente. La frase enmarca la raíz de la violencia soterrada que se vive en México: la impunidad.
Cualquiera puede hacer prácticamente cualquier cosa, con la garantía de que tienen un 99 por ciento de probabilidades –según estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- de que no se investigará y, por lo tanto, no tendrá ningún castigo.
En el caso de las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la impunidad tiene un acompañante todavía más peligroso: el desprecio institucional al trabajo de la prensa.
Mucho de este desprecio debe su origen a la perversa relación de servilismo de los medios hacia el poder que se enquistó durante las siete décadas de hegemonía príísta y que, después de la alternancia de 2000, se ha mantenido intacta en los gobiernos estatales y municipales, sin importar cuál sea el partido que gobierne. Pero también hay una parte abonada por la administración del conservador Felipe Calderón y su equipo gobernante.
No se puede explicar, de ningún modo, que México haya sido anfitrión, durante dos semanas, de los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que por primera vez hicieron una visita conjunta a un país, y el presidente Calderón no los haya recibido.
'Nosotros la solicitamos como hacemos en todos los estados, y no se dio. No sabemos por qué. Creemos que era un momento para que el jefe de Estado diera un mensaje político de que este es un tema prioritario', dijo a los periodistas el relator de la ONU, Frank La Rue, antes de terminar la visita, el 24 de agosto.
Tampoco es entendible el silencio que durante meses ha tenido el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas -cuyo salario mensual supera los 160 mil pesos (unos 13 mil dólares)-, mientras la fiscalía sólo ha ejercido acción penal en tres casos desde 2006. Ni que la única referencia al tema del vocero presidencias para asuntos de seguridad, de Alejandro Poiré, haya sido para descalificar al Diario de Juárez porque el 18 de septiembre, dos días después del asesinato del joven fotógrado Luis Carlos Santiago, publicó una editorial en la que reconoce al crimen organizado como la autoridad de facto en esa ciudad que agoniza.
Para los familiares del fotógrafo muerto, como para los familiares de los más de 30 periodistas asesinados y desaparecidos en el sexenio, no hubo, en cambio, ni un gesto de duelo.
La única explicación para ese silencio es que el gobierno federal ve a los periodistas como 'un mal necesario'. Es una visión es compartida por muchos académicos y por la sociedad, que nos acusa de manipular la información.
Tienen razón. En muchos casos, la prensa mexicana no hace bien su tarea. Pero no es una condicion exclusiva de los periodistas. En Mexico hay malos periodistas, como hay malos políticos, malos maestros y malos empresarios. Somos un país en el que 7 de cada 10 maestros no pasa un examen de colocación y 80 por ciento de los estudiantes de preparatoria no sabe hacer operaciones matemáticas. Así, no es posible ganar premios de periodismo. Ni de nada.
Pero a diferencia de los políticos, que no terminan de salir de sus ambiciones cortoplacistas y de los dueños de los medios, que son incapaces de susperar su lógica de competencia comercial, los periodistas hace tiempo que empezamos a trabajar sobre nuestras carencias.
Cada vez son más los periodistas que buscan alternativas de profesionalización que no les ofrecen sus medios y alternativas para publicar historias que no tienen cabida en los espacios formales. Es cierto que, en el grueso, todavía son menoría, pero sin duda son muchos más que los políticos que estudian o los dueños de medios que contratan seguros de vida para sus trabajadores.
Con todas nuestras fallas, los periodistas de a pie, los que cada día convivimos con la miseria humana, los que nos desvelamos por un nota en el Congreso o por el asesinato de un famoso, sí entendemos el valor de la información.
Entendemos que una sociedad con pretensiones democráticas necesita ser una sociedad informada. Que un medio silenciado es un atentado contra un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que es el acceso a la información pública. Que cada periodista muerto es una arteria que muere en el aparato circulatorio que de esa sociedad.
El periodismo retrata imágenes, y lo que muestra con su pobreza es la pobreza de una sociedad que se marchita en medio de plazas ocupadas por policías y criminales, como ocurrió en Ciudad Juárez el 15 de septiembre, cuando el alcalde dio un grto de Independencia 'simbólico'.
Pero nuestras autoridades, que son las responsables de garantizar los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso de todos los mexicanos a la información, no quieren ver lo que tienen enfrente. Les molesta el periodismo, que cada día les refleja un rostro deforme y miserable. Cierran los ojos y se tapan los oídos. Usan las instituciones en contra de quien ya sufrió una agresión intolerable.
Han incumplido su responsabilidad de aclarar los asesinatos, las desapariciones, y las agresiones que se multiplican día con día, frente a la mirada inmóvil, cuando no cómplice, de quienes tendrían que evitarlo.
'Cuando escuché el clic dela cerradura, en ese momento entendí que estaba dejando atrás todo', dice, en un desgarrador relato al CPJ, el periodista Luis Horacio Nájera, quien en septiembre de 2008 se exilió con su familia en Canadá. 'Tenía un mes documentando e investigando los abusos a los derechos humanos que los militares estaba realizando en Ciuda Juárez. Tenía evidencia sólidas de que efctivamente se estaban violando los derechos humanos con secuestros, privaciones ilegales de la libertad, incluso, con asesinatos, torturas, cateos ilegales. Un agente federal que tenía contacto con los militares y con la policía me advirtíó que los militares sabían lo que estaba haciendo aún cuando la nota no se publicaba. Que estaban muy molestos conmigo y podrían incluso asesinarme o desapareceme'.
El relato está contenido dentro del informe 'Silencio o muerte', que presentó hace unos días el CPJ y que se suma al diagnóstico de todas las organizaciones nacionales de periodistas y libertad de expresión: las agresiones a periodistas no son prioridad para el gobierno mexicano.
Presionado por las organizaciones internacionales y por la rebelión de los periodistas, que el 7 de agosto salieron a las calles a decir: '¡basta!', el gobierno federal ha tenido que recitificar y anunció un plan de protección que, si no incluye a los periodistas, nacerá muerto.
La libertad de expresión y el derecho a la información en México tienen enfrente un camino nublado. ¿Cuántos periodistas más tendrán que pedir asilo en otro país o cambiar de profesión, y cuántos más deben morir, antes de que las autoridades –gobernantes, legisladores, jueces-- se den cuenta del daño que están haciendo con su desprecio a la prensa?
*Periodista mexicana independiente; miembro directivo de la Red de Periodistas de a Pie; integrante del comité organizador de la marcha del 7 de agosto.
