La Fiscalía envió la semana pasada a la Asamblea Legislativa el resultado de sus indagaciones sobre la demanda de antejuicio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime. El resultado del estudio, según dos legisladores que conocieron el informe, es negativo. El fiscal Romeo Barahona determinó que no hay méritos para proceder a hacerle juicio político al magistrado.
El diputado Mario Ponce, del PCN, y el diputado Guillermo Ávila Qüehl, de Arena, aseguran que el fiscal no encontró ninguna prueba que ameritara abrir una causa en el parlamento contra Jaime, quien por Constitución tiene protección para mediatizar cualquier proceso penal en su contra.
Un antejuicio implica que un funcionario público como el Presidente de la República, los diputados o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos que cometan, antes de que esta decida que deben ser procesados en un juzgado como un ciudadano común.
El antejuicio en contra del presidente de la Corte se solicitaba por la denuncia de delito de prevaricato, a raíz de un proceso contra el empresario Orlando de Sola. Supuestamente Jaime influyó en la decisión del tribunal, de tal manera que supuestamente presionó en favor de una decisión, violando la independencia judicial.
Cualquier persona puede denunciar un delito cometido por un funcionario. Esta denuncia es recibida por la Asamblea, que solicita al fiscal general que inicie una investigación para determinar si procede o no realizar un antejuicio en contra del funcionario. La Fiscalía recibió la solicitud de investigación el 16 de septiembre y el jueves pasado envió el informe en el que asegura que no hay razones de peso para proceder. “De acuerdo con la información que nos ha dado el fiscal, no hay méritos para hacer el antejuicio”, dijo el diputado pecenista Mario Ponce.
La Asamblea ya recibió la respuesta del fiscal, pero este informe no ha ingresado todavía al pleno.
Jaime ha estado en la mira de algunos diputados después de que, como presidente de la Sala de lo Constitucional votó una sentencia que impactó la piedra angular del poder de las cúpulas partidarias al declarar inconstitucional la designación de candidatos a diputados. Hubo legisladores, como Rodolfo Párker, del PDC, que repetidas veces llegaron a advertir a Jaime con destituirlo debido a esa sentencia.
El presidente de la Corte asegura que no le preocupan esas advertencias y solo subraya que cualquier proceso de destitución debe sustentarse en una causa específica.
