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España captura a ex ministro guatemalteco que investigó asesinato de diputados

Guatemala tiene 40 días para presentar a España las acusaciones contra el ex ministro de Gobernación Carlos Vielman, con el fin de que se tramite la extradición. Vielman y sus colaboradores policiales tuvieron a su cargo, en 2007, la investigación del asesinato de tres diputados salvadoreños ocurrido en las afueras de la ciudad de Guatemala.

Miércoles, 13 de octubre de 2010
El Faro

Las autoridades españolas informaron la mañana de este miércoles que capturaron al ex ministro guatemalteco Carlos Vielman, uno de los funcionarios de alto rango involucrados en las investigaciones sobre el asesinato de tres diputados salvadoreños en 2007, y que ahora es acusado en su país de haber formado parte de una red responsable de varios asesinatos.

Según el periódico El País, el ex ministro de Gobernación fue detenido en la calle de O'Donnell, en el centro de Madrid, por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española.

Contra Vielman, al igual que sucede con un ex director de la Policía Nacional Civil y contra un ex jefe de investigaciones de la PNC, pesa una orden de captura por su presunta implicación en la ejecución sumaria de siete reclusos en la cárcel de Pavón en en 2006, pocos meses antes del asesinato de los diputados salvadoreños.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, tenía ordenada desde hace dos meses la captura de Vielman, la del ex director de la PNC Erwin Sperisen, la del ex jefe de investigaciones criminales Javier Figueroa, y la del ex candidato presidencial Alejandro Giammattei, quien cuando ocurrieron los asesinatos era jefe de los centros penales.

Según las pesquisas de la CICIG, ellos forman parte de una estructura paralela en la policía que trabaja en la clandestinidad.

Tanto Vielman como Sperisen y Figueroa estuvieron involucrados, a partir de febrero de 2007, en las investigaciones sobre el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen, quienes fueron interceptados por agentes de policía cuando se dirigían hacia la ciudad de Guatemala. Las investigaciones determinaron que los tres políticos y su motorista fueron torturados y posteriormente calcinados en las afueras de la capital guatemalteca.

Como responsables materiales de los asesinatos, Guatemala capturó a cuatro agentes policiales que apenas duraron unos días en la cárcel de Boquerón, donde fueron asesinados por un comando que ingresó al penal de máxima seguridad.

Hace dos meses, una ex fiscal de la CICIG, la costarricense Gisela Rivera, afirmó en unas declaraciones que esta red estaba vinculada no solo a la ejecución de los policías en la cárcel de Pavón, en 2006, sino también al asesinato de los diputados, aunque no dio detalles sobre esas relaciones.

Las órdenes de captura contra Vielman y sus ex colaboradores se giraron el 10 de agosto pasado. 'Las personas señaladas, junto a otras que están pendientes de captura, integraban parte de una organización criminal conformada desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil desde 2004 y estaban dedicadas a ejecuciones extrajudiciales', afirmó el pasado agosto la CICIG en un comunicado. 'Esta estructura prosiguió con una actividad criminal continuada en delitos de asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y robos de droga, entre otros', agregaba la nota.

El ex ministro Vielman, el ex director de prisiones Alejandro Giammattei y el subdirector de Investigación Criminal Javier Figueroa están acusados por el asesinato de siete presos durante el asalto policial, el 25 de septiembre de 2006, al Penal de Rehabilitación Pavón. Según aseguraron ellos entonces, los reclusos Luis Zepeda, Jorge Batres, Carlos Barrientos, Érick Mayorga, José Tiniguar, Ricardo Ortega y Daniel Oswaldo murieron al enfrentarse a las fuerzas antidisturbios.

Vielman se halla en calabozos policiales en Madrid y está previsto que pase a disposición del juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, a efectos de tramitar la extradición solicita por las autoridades de Guatemala. Este país dispone de 40 días para entregar a España la documentación que avala las sospechas que recaen sobre el ex ministro.

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