Opinión /

¿Necesitamos una CICIG?


Domingo, 3 de octubre de 2010
El Faro

El Presidente Funes busca activamente  involucrar a la comunidad internacional en la creación de una comisión que investigue delitos en El Salvador. Sería, ha dicho el mandatario, una institución similar a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, pero corregida y adaptada a las necesidades locales.

En Guatemala, esta Comisión surgió ante la negligencia de las autoridades locales para perseguir el delito y la profunda penetración del crimen organizado en todo el aparato de administración de justicia: policía, fiscalía, jueces.

No es extraño, pues, que la CICIG enfrentara una férrea resistencia desde el principio, y que aún hoy se encuentre bajo el ataque de políticos y medios de comunicación.  Pero es innegable la validez de su intervención para la gobernabilidad guatemalteca, especialmente en casos como el del abogado Rosenberg que pusieron en jaque a la administración de Colom.

El Salvador no es Guatemala. Son muchos los elementos que explican por qué estamos aún a salvo de los niveles de corrupción y penetración del crimen organizado que allá existen: entre ellos un ejército sin rol político ni control territorial; no tener frontera con México y por tanto no ser la bodega de paso de la droga entre Sudamérica y Estados Unidos.

Hoy el 90 por ciento de la droga que proviene de Sudamérica pasa por el istmo centroamericano, y Guatemala es el punto de almacenaje previo a su llegada a manos de los carteles mexicanos.

Si bien El Salvador no es Guatemala, hay indicios suficientes para concluir que el narcotráfico y el crimen organizado en general han penetrado ya toda nuestra institucionalidad y que están afectando seriamente nuestra vida republicana.  Diputados involucrados en narcotráfico y lavado de dinero (caso Silva Pereira); policías dedicados a cuidar embarques de droga en vez de detenerlos; narcobarriles; bandas enteras dedicadas no solo al tráfico de estupefacientes sino también a corrupción de autoridades (Los Perrones y caso Adolfo Tórrez) y la preocupante reacción de algunos legisladores contra las investigaciones de la inspectora de la policía evidencian una realidad que solo es negada por una fiscalía que no parece preocupada por investigar estos delitos y jueces que cometen errores para liberar a acusados relacionados con estos delitos. 

Esta semana, durante la inauguración de un foro dedicado a la transparencia, el presidente Funes dijo que su gobierno ha presentado ya a la fiscalía 84 casos de corrupción de las administraciones anteriores, aunque ninguno ha sido llevado a los tribunales.

El Salvador cuenta con altísimos niveles de impunidad y una institucionalidad débil que pide con urgencia auditorías a fondo y depuración. Pero una especie de CICIG local tiene implicaciones mucho mayores. Funes y su gabinete no han proporcionado aún detalles de qué pretenden hacer, aunque han solicitado ya en organismos internacionales apoyo para la conformación de este organismo.

Independientemente del resultado final, hay una cuestión clara de fondo: la necesidad de una comisión internacional para investigar el crimen en El Salvador es una declaración contundente del fracaso de nuestras instituciones para lidiar con la corrupción y la penetración del crimen organizado. La reingeniería del sistema llevada a cabo en los Acuerdos de Paz ha sido ya superada y ahora necesitamos apelar nuevamente a la comunidad internacional para que nos provea las mínimas garantías de convivencia institucional. Esto es lo que dice el presidente cuando pide una comisión de este tipo, y debe explicarle al país en qué sustenta una conclusión tan grave.

Es, también, una declaración de la incapacidad de todo el sistema político para corregir lo que hay que corregir: exigir al fiscal general una rendición de cuentas de por qué se atascan siempre los casos de este tipo; depurar la fiscalía e investigar la negligencia; y esperar de los legisladores y los partidos políticos debates serios y responsables para la elección de funcionarios clave como el fiscal general y el presidente de la Corte de Cuentas.

Si Funes pide hoy una CICIG, es porque su gobierno cree que ya la institucionalidad salvadoreña ha tocado fondo, y que no sirve más para hacer frente al embate del crimen organizado. Esto es lo que debe explicarle al país.

 

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