Si uno ha de juzgar al sector privado organizado por el tipo de campos pagados que difundió a partir de la emisión de las órdenes de captura de Carlos Vielmann, Edwin Sperisen y Alejandro Giammattei, el tipo de política de seguridad que defienden linda peligrosamente con la limpieza social.
En efecto, sus protestas ante la causa abierta contra este trío denota que para proteger a la sociedad de la delincuencia no debe recurrirse a la investigación científica, detener luego a los sospechosos y llevarlos a juicio, ni darles la oportunidad de que se defiendan. De acuerdo con la visión que denotaron esos campos pagados, lo único que se requiere es arremeter a balazos contra todo aquel que parezca ser asaltante, secuestrador o narco. Todos aquellos que son delincuentes, o simplemente parecen serlo, carecen de presunción de inocencia y no tienen derecho a ser oídos, vencidos y condenados en juicio.
Menos mal que la política criminal del Estado de Guatemala no funciona como el sector privado organizado parece desear. De otra manera, la apelación del Presidente del Cacif para que se garanticen sus derechos y el debido proceso al recién capturado ex ministro Carlos Vielmann, caerían en el vacío.
Ahora que ha sido capturado y que sea eventualmente juzgado junto con Edwin Sperisen, Javier Figueroa y Alejandro Giammattei, ello permitirá aclarar si la utilización de fuerzas policiales en la eliminación sumaria de presuntos delincuentes eran o no una política del gobierno de Óscar Berger. Y por supuesto, permitirá dilucidar si las ‘razzias’ contra pandilleros, reclusos en penales, trabajadoras del sexo y ocupantes de fincas eran avaladas por el presidente Berger y su entorno de asesores. En aquellos años, Berger estaba rodeado por varias luminarias procedentes de los grandes grupos económicos del país.
No olvidemos que en 2006, cuando Vielmann, Sperisen y Figueroa controlaban la Policía, el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales Philip Alston, dijo haber encontrado pruebas fidedignas de la participación de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la limpieza social. A pesar de que estos asesinatos no habían “llegado a constituir una política oficialmente sancionada”, para Alston constituían “algo más que simples actos individuales de algunos oficiales corruptos”. En otras palabras, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad civiles se desarrollaba en una zona gris en donde no había órdenes ni aprobación explícita, pero tampoco se censuraba o castigaba a los ejecutores.
Por todo esto, es importante que se realice el juicio contra Vielmann, Sperisen, Figueroa y Giammattei. Sólo mediante el proceso judicial podrá aclararse por qué de las ejecuciones extrajudiciales eran tan frecuentes durante el gobierno de Óscar Berger y se dilucidará quiénes eran los que las apañaban, tanto dentro como fuera de la administración que encabezaba el ex alcalde.
