El ministro de Seguridad, Manuel Melgar, llegó a la Corte Suprema de Justicia este lunes para demandar a la Asamblea Legislativa por invadir facultades del Ejecutivo. El ministro pidió declarar inconstitucional el acuerdo que da vida a una comisión especial de la Asamblea Legislativa que es impulsada por un grupo de diputados de Arena, Gana, PCN y PDC, quienes se oponen a la investigación que realiza la inspectora general de la Policía Nacional Civil, Zaira Navas, contra 18 oficiales de la PNC.
El ministro y el viceministro Henry Campos, que son los demandantes, sostienen que el acuerdo legislativo de un grupo de partidos tiene “la intención de proteger un interés privado”, pues pretende beneficiar solo a un grupo de oficiales y no a todos los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
Alegan que la Asamblea cometió “un exceso o abuso de las atribuciones constitucionales conferidas”; que los diputados cometieron una “intromisión” en procedimientos propios del Órgano Ejecutivo y que existe “una ausencia de razonamiento o motivación del acuerdo legislativo.”
Navas procesa los expedientes contra varios jefes y ex jefes policiales, uno de ellos supuestamente encargado de la protección de alijos de droga en territorio salvadoreño, según el testimonio de un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
La semana pasada, el fiscal Romeo Barahona llegó a la Asamblea a discutir los 18 expedientes. Los legisladores de derecha argumentan su temor de que la inspectora Navas esté actuando con criterio político al investigar a estos oficiales, ya que varios de los sospechosos salieron de las filas del ejército. Navas ha dicho que la prueba de que esa no es la motivación está en que algunos de los investigados no proceden de las filas militares.Los diputados investigan además por qué Navas pidió ayuda al Organismo de Inteligencia del Estado, pues temen que se trate de una persecución política.
La comisión decidió tomar acción justo después de que El Diario de Hoy publicó que el oficial Douglas Omar García Funes, jefe del Comando Antipandillas, fue señalado por una fuente de la DEA como responsable de brindar custodia a los alijos de droga que transitaban por el territorio salvadoreño. Al conocer esa denuncia, la inspectora Navas decidió investigar y pidió ayuda al Organismo de Inteligencia del Estado.
La Sala de lo Constitucional ya ha declarado inconstitucional dos comisiones especiales creadas por la Asamblea Legislativa. La primera es de 1998, cuando declaró una inconstitucionalidad contra una comisión legislativa creada con el fin de investigar a la Corte Suprema de Justicia. En dicha sentencia los magistrados argumentaron que dicha comisión violaba la independencia del Órgano Judicial.
La segunda sentencia es de 2003, cuando la Sala declaró inconstitucional el trabajo de la comisión especial creada para investigar a la empresa MIDES. En esa ocasión la Corte declaró que no era un asunto de interés nacional el que motivaba la creación de la comisión.
