Tal y como lo había anunciado dos semanas atrás, el presidente Mauricio Funes devolvió este día, vetado, el decreto No. 493 con el cual la Asamblea Legislativa pretendía eliminar la declaración patrimonial para aquellos contribuyentes con ingresos superiores a los 75 mil dólares anuales.
'No puedo proceder a su sanción, pues a través del mismo se elimina una herramienta útil y necesaria para el Ministerio de Hacienda, no sólo en su lucha contra la evasión y elusión fiscal, sino al limitarse la posibilidad de que dirija adecuadamente las finanzas públicas', dijo Funes en sus conclusiones, en un documento de siete páginas en donde firma el veto en mención contra una medida que los partidos de derecha Arena, PCN, Gana y PDC aprobaron para eliminar del Código Tributario la obligación de declaración patrimonial a aquellos con ingresos de más de 75 mil dólares por año.
Una semana más tarde, uno de los más firmes defensores de la derogación, el diputado pecenista Mario Ponce, se retractó y dijo que aplaudía el anuncio de Funes de vetar el decreto.
Hace cuatro semanas, los diputados de estos partidos aprobaron la eliminación argumentando que las personas con dichos ingresos tenían razón al temer que el Ministerio de Hacienda estuviera infiltrado por delincuentes que pudieran hacer uso de su información patrimonial para luego robarles o extorsionarlos. La postura de los diputados fue aplaudida por gremios empresariales como la Cámara de Comercio, y fue duramente criticada por algunos funcionarios de gobierno.
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, mencionó que recomendaría al presidente vetar esa medida, aprobada hace menos de un año, en el pliego de reformas tributarias que impulsó el primer gobierno de izquierdas. Defendió, además, la probidad de sus subalternos y descargó contra las administraciones pasadas acusándolas de haber sido ellas las que exoneraban del pago de sus impuestos a grandes contribuyentes.
Cáceres aseguró que los gobiernos anteriores tenían listas de contribuyentes a los que no solo no fiscalizaban, sino que les perdonaban el pago de impuestos.
Funes, que hace una semana calificó de absurdos los comentarios de los diputados, que aseguraban que la seguridad de los contribuyentes estaba en juego, ahora reitera esas críticas señalando que ya existen los filtros necesarios para garantizar la protección de la información en poder de Hacienda.
El decreto 493 aprobado por la Asamblea planteaba que 'proporcionar información patrimonial pone en riesgo a los contribuyentes, porque la misma puede ser capturada y utilizada para fines delictivos'. Funes, en respuesta, les dice que esa es una información que además de no contar con antecedentes que la respalden, atenta contra el honor de los servidores públicos y tiene como efectos inmediatos minar la confianza de la población en las instituciones.
El mandatario también desestimó los alegatos de los diputados con los cuales planteaba que no tenía sentido entregar esa declaración patrimonial, argumentando que ya en instancias como el Registro de la Raíz e Hipotecas, y el Registro de Comercio se contaba con alguna información encaminada a cuantificar los bienes de los contribuyentes. Según Funes, ese argumento no puede ser válido dado que 'esas instituciones no están llamadas a efectuar una recopilación de data para el establecimiento de cargas fiscales'.
Según Funes, el objetivo de la medida parte del precepto de igualdad que establece la Constitución en su artículo 3, y en la necesidad de que cada ciudadano contribuya al sostenimiento de los gastos públicos en atención a su capacidad económica. 'Todo incremento patrimonial no justificado debe ser considerado como una verdadera renta', señaló el mandatario en su argumentación.
Los partidos que aprobaron la medida -hoy vetada por Funes- no podrían revertir este veto presidencial, porque esto requeriría el concurso de al menos 56 diputados. El partido del presidente, el FMLN, con 35 escaños, tiene la llave de la mayoría calificada y dado que no votó por la eliminación de la declaración patrimonial, difícilmente podría dar sus votos para derrotar al presidente.
La obligación de declarar patrimonio se estableció en las enmiendas fiscales de diciembre de 2009, pero solo iba a cobrar vigencia en octubre pasado, cuando la Asamblea la abolió.
