El presidente del partido Arena, Alfredo Cristiani, pidió este martes que se investigue la versión del asesinato de tres diputados salvadoreños en Guatemala motivado por el interés en robarles varios millones de dólares y un alijo de cocaína.
Según un reportaje del diario El Mundo un informe de la Comisión Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) asegura que los políticos de Arena y su motorista fueron asesinados para robarles 5 millones y 20 kilogramos de cocaína que transportaba en el vehículo en febrero de 2007 el diputado William Pichinte.
Esa investigación, que fue ignorada por la Fiscalía guatemalteca al presentar su caso, haría ver el actual juicio contra los presuntos responsables del múltiple homicidio como un montaje. Mientras que la CICIG determinó que una red integrada por las más altas autoridades de seguridad guatemaltecas decidieron robar a los diputados al Parlacen, la Fiscalía de Guatemala alega que el ex diputado Roberto Silva Pereira ordenó matarlos en venganza porque el partido Arena había accedido a que se le quitara la protección constitucional para que se le investigara por lavado de dinero.
Cristiani dijo que esta versión de los hechos, en la que se dice que Pichinte estaba involucrado en el narcotráfico, debe investigarse y que se deben presentar pruebas.
Además aseguró que cualquier persona que se vea involucrada en actos ilícitos deberá ser juzgada por estos. “Que se investigue a profundidad, que se presenten pruebas y el que salga metido en un problema ilícito que le caiga todo el peso de la ley”, comentó.
Cuando ocurrió el crimen, en la ruta que de El Salvador lleva hacia la ciudad de Guatemala, las autoridades de Guatemala mencionaron su convicción de que se trataba de una disputa de drogas la razón de los asesinatos. En 2009, sin embargo, la Fiscalía guatemalteca repentinamente apareció con la versión de que Silva Pereira era el responsable del crimen.
Entrevistado por El Mundo, el ex director de la Policía Nacional Civil salvadoreña, Rodrigo Ávila, admitió que él tenía conocimiento de que Pichinte llevaba una maleta con dinero. Entendía él, dice, que el diputado arenero iba a comprar una propiedad en Guatemala y supone que por eso viajaba con bastante efectivo.
Ávila también admitió que el principal asesor del Ministerio de Gobernación guatemalteco en aquellos días, Víctor Rivera, le había dicho en más de una ocasión que Pichinte era narcotraficante, pero que él no encontró pruebas de eso cuando la PNC investigó.
En sus declaraciones del martes, Cristiani pidió que no se vinculara al partido con las posibles actuaciones de sus miembros, ya que ellos no encubrirán a nadie que se vea involucrado en actos ilícitos. “Nosotros no vamos a ser mamparas de ilícitos, pero tampoco nos traten de embadurnar como partido político”.
Cristiani se rehusó a comentar sobre el hecho de que el ex director de la PNC, Rodrigo Ávila, tuviera informes sobre el presunto involucramiento de Pichinte en narcotráfico. Antes de Cristiani, Ávila fue presidente de Arena y candidato presidencial.
Captura contra investigadora de CICIG
El juicio en Guatemala continúa con un ex diputado guatemalteco y Silva Pereira como autores intelectuales. Silva Pereira guarda prisión en Estados Unidos debido a inmigración ilegal, mientras se procesa un pedido suyo de asilo, porque alega que en El Salvador no tendría un juicio justo por las acusaciones de lavado de dinero.
La Fiscalía salvadoreña hace tiempo decidió enterrar sus pesquisas sobre el crimen de los diputados, a pesar del involucramiento de salvadoreños en el crimen.
En Guatemala, el juicio dio un viraje esta semana cuando se supo que la justicia guatemalteca pidió la captura de dos ex investigadores de la CICIG, entre ellos la costarricense Gisele Rivera. Esta abogada, que estuvo a cargo de las pesquisas sobre el crimen de los diputados salvadoreños, ha denunciado que el anterior director de la Comisión, el español Carlos Castresana, decidió engavetar la investigación aduciendo que había que esperar 'el momento político' propicio para darla a conocer.
La Fiscalía de Guatemala decidió pedir la captura de Rivera debido a que supuestamente compartió información vital sobre la investigación con el ex subjefe de la Policía guatemalteca Javier Figueroa. En declaraciones a El Periódico, Rivera dijo que ella, efectivamente, habló varias veces con Figueroa como parte de su trabajo de investigación.
Por el protocolo de creación de la CICIG, Rivera y los demás investigadores de CICIG tienen inmunidad diplomática.
