Opinión /

El Salvador es tarea de todos


Domingo, 7 de noviembre de 2010
Mauricio Silva

Mucha cobertura ha recibido estas semanas las relaciones entre empresa privada y gobierno y el papel que cada uno de ellos debe jugar en el desarrollo de El Salvador. La construcción de país es tarea de todos y esos dos actores tienen grandes responsabilidades en ese proceso. Por ello, es necesario ser más específicos en aclarar las responsabilidades de cada uno de esos dos actores.

La empresa privada de El Salvador es muy heterogénea. Los mayores generadores de empelo son las pequeñas y micro empresas (MYPES), la mayoría de ellas del sector informal. Ellas hacen su parte, produciendo la mayoría de los empleos del país y siendo base fundamental para la actividad económica del sector mayoritario de la población, los más pobres. Sin embargo, por su tamaño, poco acceso a tecnología y bajos recursos, su nivel de eficiencia es bajo, y por ello su aporte a la competitividad del país también es bajo. Su aporte a las finanzas públicas es reducido por ser el sector informal.

Esta es un área donde el gobierno debe tener mucha mayor presencia. Sus aportes son necesarios dadas las limitaciones de las MYPES. Los esfuerzos hasta ahora realizados por el estado no son conmensurables con las necesidades. El Ministerio de Finanzas ha propuesto un impuesto fijo para las empresas del sector, ello sería un justo y eficiente aporte de ese sector a las finanzas públicas que el gobierno debería liderar y ejecutar. Los fondos provenientes de ese impuesto pudieran ir dirigidos a elevar la competitividad del sector dándole mayor y mejor acceso a tecnología, financiamiento y mercados. Las MYPES deben organizarse mejor para aportar y ser voz en el proceso de desarrollo; ellas deben también cumplir con las normas básicas de ordenamiento, cuidado del medio ambiente, y de la economía.

Está también el sector privado que envía las remesas las cuales son una contribución muy valiosa al producto nacional, cerca del 18% del PIB. Su papel es también clave en la lucha contra la pobreza pues van, en una gran parte y directamente, a las familias pobres. Tienen el problema que dadas las necesidades de las familias que reciben esas remesas, las mismas son destinadas sobre todo al consumo.

Pero el mayor debate y potencial aporte está en el papel del gobierno y la empresa privada mediana y, especialmente, la grande. Es especialmente la competitividad de esa empresa privada la que se mide en el índice del Foro Económico Mundial, el cual ha caído para el país desde el 2003, del puesto 48 al 82. Es esa empresa privada la que no invierte en el país. El promedio de inversión doméstica como porcentaje del PIB de El Salvador es del 13% y el promedio para C.A. es del 20%. Son los bancos con presencia en el país los que no dan créditos y dificultan la inversión. Esa baja inversión según esos empresarios se da por “la falta de certidumbre jurídica y del rumbo político y económico del país, así como la ausencia de seguridad”.  Son ellos los que “necesitan señales más claras y mayor certidumbre de parte del gobierno”.  Algunos mencionan la corrupción como otro factor.

Es tarea común el romper ese ciclo de desconfianza y baja inversión y competitividad. Para ello como decía La Prensa Grafica en un editorial reciente “hay que fomentar confianza, no multiplicar ansiedades”, y para ello debemos todos entender que el proceso de construir patria es una negociación en la cual todos deben contribuir, en la cual ninguno puede obtener todo lo que desea, y en la que todos deben hacer concesiones. Un mensaje semejante envió la embajadora de los E.U.A. en su reciente presentación en la Cámara Americana de Comercio.

El gobierno ha comenzado muchos de los cambios exigidos por el sector privado, pero algunos factores que se le pide cambiar como la violencia, la corrupción y la falta de seguridad jurídica, son tendencias que datan de hace muchas décadas y que tienen causas estructurales, y por tanto difíciles de revertir, pero ya se ven logros. El índice de homicidios no ha incrementado e incluso ha disminuido recientemente; la fuerza armada está poniendo su parte en la lucha contra la violencia; se empieza a romper la impunidad como lo demuestran los hallazgos de los barriles; el índice sobre la percepción de la corrupción sube  favorablemente por primera vez para el país; se empieza a dar una verdadera separación de poderes en los órganos judiciales, legislativo y ejecutivo, base para un mejor estado de derecho.  Todo esto es un inicio, pero falta mucho por hacer.

Aporte clave del gobierno es la estabilidad macro económica. Los fantasmas que tanto se publicitaron, que tendrían efectos negativos en la economía, como la llegada “del comunismo, las expropiaciones, el revertir la dolarización, etc. “, no se dieron. El gobierno ha mantenido el dólar, reestructurado la deuda, implementado un ajuste fiscal, y, sobre la base de lo anterior, logrado acuerdos con el FMI y la banca multilateral. También como en los campos anteriores esto es un inicio, falta mucho que hacer. Se deben parar las declaraciones extremistas, pero que causan mucha inestabilidad, del partido de gobierno. Organismos internacionales como el FMI y la Cepal, en sus presentaciones recientes en el país insistieron en profundizar la reforma fiscal alegando que “mayor democracia y menos desigualdad necesitan de mayor recaudación fiscal. El aumento de la capacidad fiscal y tributaria, la lucha contra la evasión y el diseño de una estructura tributaria más progresiva, son elementos claves de la agenda de la democracia. La llave maestra de la igualdad y la democracia es el empleo….para ello es necesario debatir las políticas laborales y avanzar hacia el establecimiento de salarios mínimos dignos.” Estas son tareas comunes pendientes del gobierno y la empresa privada que se debe reflejar en un pacto fiscal que es urgente, que requerirá concesiones de todos y aportes de cada uno de acuerdo a sus recursos.

La empresa privada debe jugar un papel clave en la creatividad e innovación necesarias para lograr mayor competitividad, introduciendo nuevas tecnologías y procesos, ampliando su visión, tomando riesgos, apostando a rendimientos en el mediano y largo plazo. Deben ser factor clave y líder en  convertir nuestra economía de consumo a una industrial, que agregue valor. Ambos Estado y empresa privada no deben contaminar y deben invertir en preservar el medio ambiente y en los recursos humanos. El estado ha subido su inversión en educación, pero estamos todavía muy lejos de lo necesario y del promedio latinoamericano. Falta que los sectores públicos y privados inviertan en el fomento de exportaciones y de comercio exterior y en ciencia y tecnología. Ambos deben reforzar la lucha contra la corrupción, pues ambos son parte de ella; el empresario que corrompe y el funcionario público que acepta la corrupción. La banca debe revisar sus requerimientos para crédito, facilitándolos y no obstruyéndolos.

Pero quizás el cambio que le es mas difícil aceptar a buena parte de la gran empresa privada, es el de reconocer un nuevo escenario político y económico, no el que ellos controlaban totalmente, no el que más les satisface, pero sí uno que es más realista, uno que es más conveniente para el país, uno que los librará de sus grandes temores, uno que es más viable y que aportará mayores beneficios para todos en el largo plazo. Ese nuevo escenario conlleva también nuevas reglas del juego. De aceptar eso la empresa privada probablemente reducirá sus temores y sus demandas, entenderá que hay señales claras y certidumbre, pero que son señales y certidumbre de cambio, y podrá incrementar sus aportes a esa tarea de todos de construir un nuevo El Salvador. Dejará de exigir, de señalar, de decir “que ahora la pelota queda en la cancha del gobierno” y pasará a un dialogo y negociación sinceros y constructivos. 

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