La reciente filtración de cables diplomáticos del servicio exterior estadounidense por el sitio web Wikileaks y su publicacion en el New York Times y otras cuatro publicaciones europeas ha facilitado, por ahora, la divulgación de un revelador cable de la embajada estadounidense en Tegucigalpa sobre el reciente golpe de Estado en Honduras. El cable retrata el esfuerzo de la misión diplomática por determinar el carácter legal o ilegal de la asonada militar y por transmitir a los funcionarios en Washington una valoración objetiva sobre la legitimidad del régimen de Micheletti.
El cable no solo muestra la capacidad de la embajada americana en Tegucigalpa para llevar a cabo el análisis de los textos legales hondureños y para comprender la limitación de los entresijos legales del proyecto golpista, sino también señala la incapacidad de la elite jurisprudente hondureña para realizar el mismo análisis sin caer en la obnubilación partidaria. El despacho de la misión estadounidense concluye sin ambages que el golpe llevado a cabo por el ejercito, el Congreso y la Corte Suprema hondureños fue inconstitucional y, por lo tanto, ilegal, y que el régimen golpista transitorio de Micheletti era ilegítimo.
El documento en cuestión registra de forma esquemática muchos de los excesos y arbitrariedades cometidos por los golpistas en el ámbito legal, pero más allá de la relevancia de las conclusiones de la Embajada Americana y de la discusión de las implicaciones que las mismas debieron haber tenido en la posicion del Departamento de Estado estadounidense y en la respuesta de Washington hacia los golpistas, la lectura del mismo genera algunas inquietudes que, aún sin amenazas inmediatas de golpes militares, son aplicables al caso salvadoreño. Estas inquietudes se pueden resumir en dos puntos.
En primer lugar, el cable resalta que a pesar de que la constitución hondureña no especifica un procedimiento jurídico formal para remover al presidente, el golpe fue llevado a cabo pasando por alto todos los mecanismos del debido proceso establecidos en las leyes hondureñas. Es más, de acuerdo con el análisis del servicio diplomático norteamericano, aún aceptando las premisas y los argumentos legales enarbolados por los golpistas, estos ultimos inclusive violaron el debido proceso estipulado por su interpretación parcial de las leyes. Algo que los defensores jurídicos del régimen golpista nunca fueron capaces de justificar. En otras palabras, aplicaron las leyes de forma discrecional y parcial, lo cual viola el Estado de derecho en cualquier dimensión posible. Dicho de otra manera, la ejecución jurídica del golpe fue tan torpe como ilegal.
Y este es un problema serio porque si las máximas instituciones del Estado ni siquiera son capaces de mantener la coherencia en el entramado legal que ellas fabrican para que sus caciques y patrones accedan y se perpetúen en el poder, es imposible esperar que las instituciones fundamentales del país serán capaces de enfrentar el desafío global de la crisis económica, el crimen organizado, la corrupción estatal y la violencia social. Dicho de otra manera, en un entorno de manipulación sistémica, es imposible esperar que las leyes de un país sirvan para algo más que justificar a una clase política poco comprometida con la democracia y la rendición de cuentas.
En segundo lugar, el cable diplomático concluye que cuando los opositores de Zelaya llegaron al acuerdo de remover al presidente del poder y se enfrentaron con el reto de ejecutar esa decisión, los militares y sus patrocinadores acudieron a la única manera que ellos conocían para forzar un cambio de gobierno: el golpe militar. Esto pone de relieve la limitada capacidad del orden político para resolver las crisis aún al más alto nivel e ilustra la perenne tendencia de las instituciones hondureñas y, por extensión, centroamericanas de acudir a las viejas prácticas autoritarias para resolver los problemas. Estas prácticas desarman los mismos marcos legales diseñadas para evitarlas.
Lo sucedido en Honduras hace más de un año, escrupulosamente analizado en sus aspectos legales por el cable de la misión diplomática estadounidense en Tegucigalpa, sería completamente irrelevante para el caso salvadoreño si el entusiasmo por el golpe no hubiese sido tan alto entre algunos círculos políticos criollos, pero sobre todo si las instituciones políticas salvadoreñas mostrasen signos inequívocos de transparencia, apego al debido proceso y respeto por el Estado de derecho.
A final de cuentas, uno de los problemas fundamentales de El Salvador con el golpe de Estado en Honduras, y con su flagrante violación al marco democrático que debe prevalecer en la region centroamericana, no es que aquí se condecore a los golpistas y se glorifique a quienes están dispuestos a acudir a los métodos del pasado —eso es, más bien, vergonzoso. El problema fundamental con el cuento hondureño, tal y como lo ha contado el despacho diplomático, es que el golpe refleja mañas y procedimientos que, salvadas las diferencias entre los dos países, son todavía demasiado comunes también en la forma de operar de las instituciones políticas salvadoreñas.
* Profesor visitante, Florida International University
