La Corte Suprema, los jueces de Paz y la Fiscalía dicen no estar preparados para aplicar las principales innovaciones del nuevo Código Procesal Penal dado que no cuentan con los recursos económicos y tecnológicos necesarios. Los inconvenientes fueron explicados este lunes en la Comisión de Legislación de la Asamblea, donde los encargados de impartir justicia se reunieron con los diputados para externar los problemas que han enfrentado con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
La reunión giró en torno a las disposiciones innovadoras que plantea el nuevo Código. El primer aspecto que genera dificultades para el sistema judicial es el juicio sumario. Este nace como una opción práctica para aliviar la saturación de casos que tratan delitos menores, tales como robo, hurto, conducción temeraria y portación ilegal de armas.
Los juicios sumarios consisten en una forma rápida y ágil de aplicar justicia para delitos menores en la primera instancia judicial, de manera que todo el proceso, desde la audiencia inicial hasta la sentencia, sea resuelto por los jueces de paz. Estos contarían con la autonomía necesaria para dictaminar una sentencia sin moverse de localidad. De esa manera estos casos no tendrían que pasar al menos por las tres instancias que deben recorrer actualmente.
Según los jueces de paz, el problema surge al momento de llevar a la práctica lo que se plantea en el Código, dado que los espacios donde operan los juzgados son, en la mayoría de los casos, limitados. El ambiente resulta inadecuado para llevar a cabo un juicio que implique la presencia de todos sus integrantes, entre ellos un determinado número de personas que fungen como audiencia.
En adición, los juzgados de paz deben contar con un equipo especial de grabación de vídeo para recopilar las imágenes del juicio. El objetivo es brindar a los jueces de la siguiente instancia, los de instrucción, una mejor perspectiva de la resolución, en caso de que el imputado apele a la sentencia inicial. Esto implica que los 322 juzgados de paz existentes deberán estar equipados con esos dispositivos.
Según Ovidio Portillo, representante de la Fiscalía, el otro inconveniente de dicha disposición es el costo de la movilización del personal, dado que en los juicios sumarios es indispensable contar con la participación presencial del implicado, así como de la Fiscalía.
Sin embargo, la presidenta de la Sala de lo Penal, Rosa María Fortín explicó que la Corte tiene problemas con las licitaciones y el presupuesto para la adquisición del equipo. Según Fortín el equipo tiene un precio estimado de 15 mil dólares por unidad. Eso, multiplicado por los 322 juzgados de paz, supondría cerca de 5 millones de dólares.
La solución para la presidenta de la Sala de lo Penal es trasladar la responsabilidad de las vistas públicas de los juicios sumarios a los juzgados de sentencia, de forma que serán solo 21 tribunales de sentencia los que contarán con los equipos de grabación de vídeo. De no ser viable el traslado de los juicios de un tribunal a otro, Fortín también propone la creación de equipos de grabación móviles que asistan a los 322 juzgados de paz.
El nuevo Código Procesal Penal entró en vigencia el 1 de enero de este año y la aprobación del mismo en la Asamblea tardó más de dos años.
A pesar de la larga discusión en la Comisión de Legislación, los invitados del sector justicia no contaban con la posición oficial de la instituciones a las que representan, por lo que Guillermo Ávila Qüehl, diputado de Arena y presidente de la comisión, incitó a los jueces y fiscales a que se reunieran para discutir cuáles son los aspectos concretos que contempla el Código que necesitan ser verificados.
