A pocas semanas de que se cumpla un año de aprobada la Ley de escuchas telefónicas, ni la presidencia de la República -uno de los órganos que más pujó por la aprobación de la normativa- ni la embajada de Estados Unidos en El Salvador -oficina que ha ofrecido un donativo de 5 millones de dólares para operativizar un centro de intervenciones telefónicas- se explican por qué la Fiscalía retrasa un proyecto que hace mucho pudo haber arrancado.
La semana pasada fue la embajadora de Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte, quien llamó la atención del fiscal general, Romeo Barahona, en el programa Sin Su permiso, del Canal 33, cuando invitó a Barahona 'a que firme el memorando de entendimiento para el centro de escuchas', dando a entender que el funcionario está retardando la posibilidad de tener esa herramienta de investigación.
Un par de días después Barahona respondió diciendo que él en ningún momento se ha rehusado a firmar el documento y que estaba presto a hacerlo. Este martes fue el presidente Mauricio Funes quien llamó la atención del fiscal general, en quien recae según la ley aprobada hace un año dirigir esa nueva oficina para combatir el crimen organizado.
'Yo hasta ahora no he encontrado ninguna explicación a su negativa a firmarlo. Tendrá que ser el fiscal (general) el que explique por qué no lo ha hecho. No cabe ninguna duda de que mientras más se tarde él en firmar, más se tardará el desembolso y más tardamos también los salvadoreños en contar con un centro de escuchas, que es vital para el combate del crimen organizado en el país', dijo el mandantario este martes 18, a la salida de un acto público organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en donde se le entregó al gobernante el Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2010.
El centro de intervenciones telefónicas, según la ley, arrancaría seis meses después de entrada en vigor la normativa, aprobada el 18 de febrero de 2010. Sin embargo, a petición de la Fiscalía, el plazo se prorrogó en busca de fondos para mantener el sistema, que según el fiscal Barahona, rondarían los 22 millones de dólares. Cifra que nunca fue explicada en detalle a los diputados de la Asamblea Legislativa. De hecho, para el presupuesto de 2011, la Asamblea negó ratificar el desembolso para la FGR pues no se detallaba cómo y en qué rubros serían utilizados los fondos solicitados por Barahona.
Como contrapropuesta, Estados Unidos ofreció al gobierno de El Salvador una donación de $5 millones de dólares para poner en marcha el centro, capacitaciones incluidas. Esta donación parte de un convenio marco firmado y ratificado por ambos países hace más de cuatro semanas, según dijo Aponte en Sin su permiso.
Hoy, el presidente Funes, confirmó que el gobierno a través de Cancillería ratificó ese convenio y que solo falta la firma de Barahona para que todo arranque.
'El gobierno por su parte ya firmó este convenio, de acuerdo al Protocolo de Entendimiento. Faltaría que lo firme el Fiscal General de la República. Una vez firmado, viene el desembolso de los 5 millones y podemos comenzar a construir el centro de escuchas', dijo Funes.
'La señora embajadora ha sido clara, ella ha dicho de que espera la firma del documento que hace posible la entrega de los recursos (y que) el Fiscal lo haga a la brevedad posible. Yo no tengo ninguna duda que el Fiscal lo va a firmar', puntualizó el mandatario, quien descartó que existan diferencias entre el Fiscal General y la Embajadora Aponte, quien ironizó el caso diciendo en Sin su permiso que Barahona quizá no ha firmado el convenio 'porque no ha escuchado mi invitación”.
La semana pasada, en declaraciones a La Prensa Gráfica, Barahona dijo que no había firmado el convenio porque a él sólo se le ha entregado un borrador para que haga observaciones.
