Sábado, 22 de enero de 2011
La Policía Nacional Civil (PNC) tomó control de nueve sedes del Instituto de Medicina Legal (IML) y desalojó a un grupo de sindicalistas del órgano judicial que mantenían cerradas las instalaciones desde el lunes pasado.
La operación inició a las 2:30 de la madrugada de este sábado, cuando elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de la dirección de Seguridad Pública de la corporación retiraron los objetos que bloqueaban la entrada de la sede del IML en San Salvador.
Los sindicalistas tacharon de innecesaria esta medida porque, dijeron, ya se había pactado la salida de los manifestantes si la corte plena del órgano judicial aceptaba la agenda de negociación pactada el viernes pasado.
El desalojo fue dirigido por el mismo director general de la PNC, Carlos Ascencio, quien aseguró que los procedimientos fueron realizados por petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en ellos no se reportaron capturas ni incidentes violentos. Belarmino Jaime, magistrado presidente de la Corte, negó que ellos solicitaran la acción, pero que sin embargo veía con buenos ojos la intervención de la policía. “Felicito a la PNC”, dijo Jaime, “Ellos hicieron su trabajo y, aunque no lo solicitamos, estoy de acuerdo con que los haya sacado”. El magistrado, durante una entrevista con El Faro, aseguró que no buscaría enfrentar a los sindicalistas con la policía para no generar “cosas más graves”.
El director general Carlos Ascencio confirmó que también se había desalojado a los huelguistas de otras ocho sedes de Medicina Legal en todo el país. Según explicó, entre las 2:30 y 5:00 a.m. de este sábado, se efectuaron operativos en las sedes del IML de Santa Tecla, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, Chalatenango, San Vicente, Usulután, San Miguel y San Salvador.
En todas las sedes se mantendrán elementos policiales por un tiempo indeterminado, dijeron las autoridades policiales. “Ahora los médicos forenses podrán realizar su trabajo”, dijo Ramírez Landaverde, subdirector general de la PNC, al término de la operación. La medida pretende asegurar que no se repitan las tomas de las instalaciones por parte de los sindicalistas, quienes durante toda la semana pasada no permitieron el levantamiento ni el reconocimiento de cadáveres. Por ello, las autoridades habían echado mano de las morgues de hospitales públicos, que no cuentan con las condiciones necesarias, para almacenar los cuerpos.
Reacciones encontradas
Miembros de seis organismos sindicales de la Corte mantenían tomadas las diferentes sedes de Medicina Legal desde el lunes pasado, como una medida de presión para obligar a la CSJ a hacer efectivo un aumento general de 300 dólares. Hasta el viernes, la negociación entre ambas partes no había dado frutos. Pero ese día la corte plena acordó integrar una comisión de acercamiento, compuesta por los magistrados Florentín Meléndez, Miguel Ángel Cardoza y Miguel Trejo, “con el fin de buscar un acercamiento que permita establecer las condiciones mínimas para abrir la negociación” con los sindicalistas.
Ese mismo día, en horas de la tarde, se dio la primera reunión entre ambas partes. En ella, se habría tomado la decisión de dejar las instalaciones del IML en todo el país, como una muestra de buena voluntad, si los magistrados aceptaban los puntos de negociación propuestos por las organizaciones sindicales, que serían sometidos a consideración de la corte plena.
“No esperaron a conocer nuestros puntos y mandaron a la policía”, acusó Domingo Rivas, secretario de conflictos del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (Sittoj), una de las seis organizaciones que se mantienen en paro. “Esto ha sido una traición al proceso de diálogo y negociación en el que se venía trabajando”.
Según varios dirigentes sindicales consultados, ya se había negociado bajar las pretensiones del aumento general de 300 dólares a uno de entre 100 y 150 dólares. Además, se solicitó, como condición necesaria para sentarse a negociar, que no hubiera descuentos para quienes han participado en la huelga y que no participara en la mediación el gerente general de la Corte, Felipe López Cuellar. “A cambio, nosotros íbamos a dejar las instalaciones del IML”, aseguró Rivas.
“Lo peligroso de esto es que puede entorpecer un proceso de diálogo”, dijo Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. “Se teme que también los tribunales, el Centro Judicial ‘Isidro Menéndez’ y otros, puedan ser tomados por la policía. No es esa la forma para resolver el conflicto”, adelantó Luna. Aún cuando el procurador reconoció el profesionalismo de la PNC en las acciones de esta madrugada, también reprochó a la Corte que no honró el acuerdo tomado con la comisión de negociación con la acción policial.
“Supuestamente se tendría reunión de corte plena este día (sábado) y dependía de ello que se dejara o no las instalaciones del IML”, explicó Domingo Rivas. Como ejemplo, asegura el dirigente sindical, los desalojos realizados por la PNC se llevaron de manera ordenada y sin incidentes porque “ya se habían girado órdenes a los trabajadores que nos íbamos a retirar y que, si había algún tipo de incidente, se abstuvieran de participar en hechos violentos”.
Belarmino Jaime negó que estuviera en un proceso de negociación: “Es mentira. Ellos están mintiendo. No hemos tenido ninguna negociación con los huelguistas”, dijo el magistrado presidente de la CSJ. Según Jaime, para abrir un verdadero proceso, los huelguistas deben de desalojar las instalaciones que mantienen controladas, permitir la normalización de las audiencias y garantizar que no se llevarán a cabo actos de violencia contra los trabajadores que no toman parte de la huelga.
Del otro lado de la moneda, Domingo Rivas aseguró que el paro de labores continuará de manera indefinida hasta que la Corte acepte las demandas de los trabajadores. “Nos pidieron una muestra de buena fe y estábamos dispuestos a dársela. Hicieron los desalojos de Medicina Legal con la PNC, pero todavía tenemos los centros judiciales, los juzgados de paz, de instrucción, de sentencia, de vigilancia penitenciaria… Todos. Los tenemos y los mantendremos”, aseguró.
Hasta el jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) reportaba 22 levantamientos de cadáveres sin la presencia de Medicina Legal. Además, el bloqueo en juzgados de todo el país obligó a la suspensión de 840 audiencias, incluyendo más de 100 en juzgados especializados.
(*) Con reportes de Carlos Martínez.
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Ese mismo día, en horas de la tarde, se dio la primera reunión entre ambas partes. En ella, se habría tomado la decisión de dejar las instalaciones del IML en todo el país, como una muestra de buena voluntad, si los magistrados aceptaban los puntos de negociación propuestos por las organizaciones sindicales, que serían sometidos a consideración de la corte plena.
“No esperaron a conocer nuestros puntos y mandaron a la policía”, acusó Domingo Rivas, secretario de conflictos del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (Sittoj), una de las seis organizaciones que se mantienen en paro. “Esto ha sido una traición al proceso de diálogo y negociación en el que se venía trabajando”.
Según varios dirigentes sindicales consultados, ya se había negociado bajar las pretensiones del aumento general de 300 dólares a uno de entre 100 y 150 dólares. Además, se solicitó, como condición necesaria para sentarse a negociar, que no hubiera descuentos para quienes han participado en la huelga y que no participara en la mediación el gerente general de la Corte, Felipe López Cuellar. “A cambio, nosotros íbamos a dejar las instalaciones del IML”, aseguró Rivas.
“Lo peligroso de esto es que puede entorpecer un proceso de diálogo”, dijo Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. “Se teme que también los tribunales, el Centro Judicial ‘Isidro Menéndez’ y otros, puedan ser tomados por la policía. No es esa la forma para resolver el conflicto”, adelantó Luna. Aún cuando el procurador reconoció el profesionalismo de la PNC en las acciones de esta madrugada, también reprochó a la Corte que no honró el acuerdo tomado con la comisión de negociación con la acción policial.
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Belarmino Jaime negó que estuviera en un proceso de negociación: “Es mentira. Ellos están mintiendo. No hemos tenido ninguna negociación con los huelguistas”, dijo el magistrado presidente de la CSJ. Según Jaime, para abrir un verdadero proceso, los huelguistas deben de desalojar las instalaciones que mantienen controladas, permitir la normalización de las audiencias y garantizar que no se llevarán a cabo actos de violencia contra los trabajadores que no toman parte de la huelga.
Del otro lado de la moneda, Domingo Rivas aseguró que el paro de labores continuará de manera indefinida hasta que la Corte acepte las demandas de los trabajadores. “Nos pidieron una muestra de buena fe y estábamos dispuestos a dársela. Hicieron los desalojos de Medicina Legal con la PNC, pero todavía tenemos los centros judiciales, los juzgados de paz, de instrucción, de sentencia, de vigilancia penitenciaria… Todos. Los tenemos y los mantendremos”, aseguró.
Hasta el jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) reportaba 22 levantamientos de cadáveres sin la presencia de Medicina Legal. Además, el bloqueo en juzgados de todo el país obligó a la suspensión de 840 audiencias, incluyendo más de 100 en juzgados especializados.
(*) Con reportes de Carlos Martínez.
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