El fiscal general de la República, Romeo Barahona, firmó este viernes 28 de enero el convenio de donación que permitirá operativizar el Centro de Intervención de Telecomunicaciones (Cite). Este era el único paso que faltaba para poder echar a andar esta herramienta de combate al crimen.
La otra firma que quedó estampada este día en el documento es la de la embajadora estadounidense Mari Carmen Aponte, quien había retado públicamente a Barahona a rubricar el arreglo, dado que Estados Unidos declaraba su interés en resolver esa necesidad del país, mientras el fiscal seguía diciendo que andaba en busca de 22 millones de dólares para montar el Cite. En noviembre pasado, cuando Barahona acudió a la Asamblea Legislativa a explicar sus pretensiones presupuestarias para 2011, los diputados se quedaron con el sinsabor de que el fiscal no supo especificar en qué y cómo iba a utilizar todos los recursos que estaba solicitando.
Cancillería salvadoreña y la embajada de Estados Unidos firmaron en diciembre el protocolo que permitiría la cooperación entre ambos países y lo único que faltaba para echar a andar los preparativos del Cite era la firma de Barahona.
Tanto Aponte como el presidente de la República, Mauricio Funes, aseguraron públicamente que no entendían las razones por las que el fiscal general se negaba a darle su visto bueno al convenio, que implica un donativo de 5 millones de dólares de parte de los Estados Unidos. Los fondos servirán para equipar el Cite y para capacitar al personal.
“Yo hasta ahora no he encontrado ninguna explicación a su negativa a firmarlo. No cabe ninguna duda de que mientras más se tarde él en firmar, más se tardará el desembolso y más tardamos también los salvadoreños en contar con un centro de escuchas, que es vital para el combate al crimen organizado en el país”, comentó Funes en su momento.
La ratificación del convenio por parte de la Fiscalía tiene lugar 10 días después de las declaraciones del mandatario. Una vez que el fiscal terminó de suscribir la copia del documento que quedará en poder de Aponte, esta levantó la carpeta y la sacudió en el aire, como hacen los atletas vencedores al recibir un trofeo. El gesto provocó risotadas entre las delegaciones presentes, a excepción del fiscal general, que sonreía con cortesía.
Estos 5 millones de dólares donados por los estadounidenses se sumarán a los 14 millones que se encontraron enterrados en barriles. El fiscal general prefirió no comprometerse con un plazo concreto en el que comenzará a funcionar el Cite, puesto que esto dependerá de la celeridad con que los estadounidenses liciten la compra del equipo y contraten el entrenamiento, puesto que el donativo no es en efectivo.
Sobre el retraso en ratificar el convenio, Barahona explicó que la Fiscalía se tomó su tiempo para verificar que en el texto no existiera ninguna incompatibilidad constitucional o con algún otro cuerpo legal salvadoreño que terminara invalidándolo.
Las escuchas telefónicas podrán aportar prueba en un juicio si han sido autorizadas por un juez para una docena de delitos como homicidio, secuestro, actos de corrupción, actos de terrorismo y en general crimen organizado.
