Opinión / Política

Confusión de roles en las gremiales empresariales


Domingo, 23 de enero de 2011
Mauricio Silva

Aunque se han dado pasos importantes en el país hacia la construcción de una agenda de nación, todavía existe confusión en los roles que algunos de los actores claves, especialmente la empresa privada, deben desempeñar en el quehacer nacional. En tiempos recientes mucha de la gran empresa privada ha limitado su aporte a la construcción de país, restringido sus inversiones y crédito, y varias de sus gremiales han incluso jugado el papel de oposición. Sin embargo, en sus últimas intervenciones algunas gremiales, especialmente la ANEP, empiezan a cambiar su mensaje reconociendo que se deben buscar las soluciones a través del consenso, que las soluciones requieren de todos. Ello abre la esperanza para un cambio real de parte de ese sector.

La empresa privada argumenta que su baja inversión, la falta de préstamos por parte de la banca, su constante crítica y su falta de acuerdos para un pacto fiscal, se deben a la inseguridad, a las finanzas públicas débiles, a la falta de rumbo y reglas claras, y la inestabilidad política. 

La inseguridad y las débiles finanzas públicas son problemas viejos de nuestro país, son problemas agudos que hay que enfrentar, son los problemas para los cuales todos debemos aportar y cuyas soluciones son, por lo menos, de mediano plazo. Parte esencial de la solución a la inseguridad es el desarrollo económico y la creación de empleo, tareas en las cuales la empresa privada debe ser parte importante de la solución, no del problema. Las débiles finanzas publicas reflejadas en un sobreendeudamiento, un endeudamiento de corto plazo, y una muy débil base fiscal, son uno de los problemas más graves que heredo este gobierno y cuyo rumbo el estado ha comenzado a cambiar tomando decisiones difíciles como el ajuste fiscal y la racionalización de los subsidios. Para que la solución sea completa se deben incrementar todavía más los ingresos fiscales por medio de medidas administrativas y subiendo la carga fiscal; la empresa privada debe ser parte de la ejecución de esas medidas, incrementando la inversión, parando la evasión y corrupción y consensando un pacto fiscal.

La falta de rumbo y reglas claras y la inestabilidad política no son problemas reales; el país tiene cada vez más un rumbo y reglas definidas y un sistema político que empieza a institucionalizarse. Son un rumbo, unas reglas y un sistema diferentes a los que existían en las décadas pasadas; pueden ser rumbo, reglas y sistema político que no le gusta tanto como el anterior a la gran empresa privada. Son rumbo, reglas y sistema político producto del cambio que empieza y que, en el largo plazo, deben crear mayor estabilidad, reglas más transparentes y más fáciles de implementar y un sistema político más democrático y participativo, pero para que ello sea así, es también necesaria la participación de la empresa privada en su definición y aplicación.

El Plan Quinquenal define un modelo de desarrollo basado en una economía de mercado con una fuerte inversión social que fortalezca la producción nacional. Las políticas de estado han fortalecido las relaciones con EE.UU. y Brasil, el dólar como moneda, la separación de los tres poderes del estado, las alianzas publico – privadas, la lucha contra la pobreza, la trasparencia y el acceso a la información pública y la separación del Ejecutivo y los partidos políticos. Estas, entre otras medidas, definen el rumbo que se busca en la economía y nuestro sistema político.

¿Si se han dado los pasos ya señalados que tienden a mayor estabilidad política, finanzas públicas más solidas, y mayor transparencia; si la empresa privada debe ser parte de la solución y no del problema, y si varios de esos problemas nacionales datan ya de muchos años, cabe preguntarse porque esa reciente apatía y oposición de las gremiales empresariales? Dos parecen ser las razones para ello. Primero, la identificación tan fuerte que existió entre la empresa privada, el partido Arena y el gobierno y el quiebre de esa relación por la subida al Ejecutivo del FMLN y por la crisis de Arena. Ello limita el poder de algunos y, por tanto, contribuye a su mayor oposición al cambio y a la inseguridad que perciben.

Otra razón para lo anterior es la falta de confianza de mucha de la gran empresa privada en el FMLN y en la izquierda salvadoreña. Esa misma razón fue argumento fuerte en contra de la firma de los Acuerdos de Paz por varios sectores por mucho tiempo. Sin embargo, los Acuerdos se firmaron porque prevalecieron los intereses de nación, lo que ha sido de gran beneficio para el país.  Esa desconfianza también la impulsó la derecha y la empresa privada en varias elecciones pasadas, pero la alternancia en el poder, producto de los resultados de esas elecciones, ha servido para profundizar y fortalecer nuestra democracia. Esa desconfianza es también la que enfrentó la empresa privada brasileña ante el triunfo de Lula, pero ante la cual ella respondió buscando el consenso y aceptando el cambio y nuevas reglas, lo que resulto en beneficio de toda esa nación.

La actitud actual de la empresa privada salvadoreña tiene consecuencias graves para el país como se refleja principalmente en la baja inversión y crédito y la ultima calificación de S&P a El Salvador. Es de esperar que como en esas ocasiones anteriores ahora prive el interés nacional y la empresa privada, socio clave en nuestro desarrollo, ratifique su rol en el quehacer nacional y abandone sus desconfianzas. 

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os recientes mucha de la gran empresa privada ha limitado su aporte a la construcción de país, restringido sus inversiones y crédito, y varias de sus gremiales han incluso jugado el papel de oposición. Sin embargo, en sus últimas intervenciones algunas gremiales, especialmente la ANEP, empiezan a cambiar su mensaje reconociendo que se deben buscar las soluciones a través del consenso, que las soluciones requieren de todos. Ello abre la esperanza para un cambio real de parte de ese sector.

La empresa privada argumenta que su baja inversión, la falta de préstamos por parte de la banca, su constante crítica y su falta de acuerdos para un pacto fiscal, se deben a la inseguridad, a las finanzas públicas débiles, a la falta de rumbo y reglas claras, y la inestabilidad política. 

La inseguridad y las débiles finanzas públicas son problemas viejos de nuestro país, son problemas agudos que hay que enfrentar, son los problemas para los cuales todos debemos aportar y cuyas soluciones son, por lo menos, de mediano plazo. Parte esencial de la solución a la inseguridad es el desarrollo económico y la creación de empleo, tareas en las cuales la empresa privada debe ser parte importante de la solución, no del problema. Las débiles finanzas publicas reflejadas en un sobreendeudamiento, un endeudamiento de corto plazo, y una muy débil base fiscal, son uno de los problemas más graves que heredo este gobierno y cuyo rumbo el estado ha comenzado a cambiar tomando decisiones difíciles como el ajuste fiscal y la racionalización de los subsidios. Para que la solución sea completa se deben incrementar todavía más los ingresos fiscales por medio de medidas administrativas y subiendo la carga fiscal; la empresa privada debe ser parte de la ejecución de esas medidas, incrementando la inversión, parando la evasión y corrupción y consensando un pacto fiscal.

La falta de rumbo y reglas claras y la inestabilidad política no son problemas reales; el país tiene cada vez más un rumbo y reglas definidas y un sistema político que empieza a institucionalizarse. Son un rumbo, unas reglas y un sistema diferentes a los que existían en las décadas pasadas; pueden ser rumbo, reglas y sistema político que no le gusta tanto como el anterior a la gran empresa privada. Son rumbo, reglas y sistema político producto del cambio que empieza y que, en el largo plazo, deben crear mayor estabilidad, reglas más transparentes y más fáciles de implementar y un sistema político más democrático y participativo, pero para que ello sea así, es también necesaria la participación de la empresa privada en su definición y aplicación.

El Plan Quinquenal define un modelo de desarrollo basado en una economía de mercado con una fuerte inversión social que fortalezca la producción nacional. Las políticas de estado han fortalecido las relaciones con EE.UU. y Brasil, el dólar como moneda, la separación de los tres poderes del estado, las alianzas publico – privadas, la lucha contra la pobreza, la trasparencia y el acceso a la información pública y la separación del Ejecutivo y los partidos políticos. Estas, entre otras medidas, definen el rumbo que se busca en la economía y nuestro sistema político.

¿Si se han dado los pasos ya señalados que tienden a mayor estabilidad política, finanzas públicas más solidas, y mayor transparencia; si la empresa privada debe ser parte de la solución y no del problema, y si varios de esos problemas nacionales datan ya de muchos años, cabe preguntarse porque esa reciente apatía y oposición de las gremiales empresariales? Dos parecen ser las razones para ello. Primero, la identificación tan fuerte que existió entre la empresa privada, el partido Arena y el gobierno y el quiebre de esa relación por la subida al Ejecutivo del FMLN y por la crisis de Arena. Ello limita el poder de algunos y, por tanto, contribuye a su mayor oposición al cambio y a la inseguridad que perciben.

Otra razón para lo anterior es la falta de confianza de mucha de la gran empresa privada en el FMLN y en la izquierda salvadoreña. Esa misma razón fue argumento fuerte en contra de la firma de los Acuerdos de Paz por varios sectores por mucho tiempo. Sin embargo, los Acuerdos se firmaron porque prevalecieron los intereses de nación, lo que ha sido de gran beneficio para el país.  Esa desconfianza también la impulsó la derecha y la empresa privada en varias elecciones pasadas, pero la alternancia en el poder, producto de los resultados de esas elecciones, ha servido para profundizar y fortalecer nuestra democracia. Esa desconfianza es también la que enfrentó la empresa privada brasileña ante el triunfo de Lula, pero ante la cual ella respondió buscando el consenso y aceptando el cambio y nuevas reglas, lo que resulto en beneficio de toda esa nación.

La actitud actual de la empresa privada salvadoreña tiene consecuencias graves para el país como se refleja principalmente en la baja inversión y crédito y la ultima calificación de S&P a El Salvador. Es de esperar que como en esas ocasiones anteriores ahora prive el interés nacional y la empresa privada, socio clave en nuestro desarrollo, ratifique su rol en el quehacer nacional y abandone sus desconfianzas. 

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