La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa alcanzó este martes un principio de acuerdo para reformar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) sobre la propuesta de duplicar el monto a partir del cual se exige licitación.
La ley dicta que toda adquisición de la administración pública que supere los 16 mil dólares debe someterse a un proceso de licitación. Municipalidades, ministerios y dependencias gubernamentales se han quejado de las dificultades que presenta un proceso que multiplica los costos de las contrataciones.
Entre ayer y ahora, la Comisión se ha reunido con alrededor de 20 técnicos y funcionarios de diferentes instituciones públicas y privadas: la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), la Corte de Cuentas, el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Superior de Salud. Dichas sesiones se han realizado a puertas cerradas en el Hotel Real Intercontinental, en San Salvador.
Esta fase de consultas intensivas se debe, según Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la Comisión, a que quieren tener lista una propuesta completa de reformas a la ley a principios de marzo.A eso se debe las jornadas de consultas con diversidad de involucrados. Irónicamente, la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) hizo caso omiso de la convocatoria para la discusión de las reformas a la ley que tanto ha reclamado. Mario Ponce, miembro de la Comisión por el Partido Conciliación Nacional (PCN) lamentó la ausencia del colegio de alcaldes. “Es una lástima que no aprovechen estos espacios”, se quejó.
Un caso que evidencia la vulnerabilidad a la que el país se ve expuesto a partir del formato LACAP vigente, es la situación que se vivió después del paso de la tormenta Ida por territorio salvadoreño en noviembre de 2009. Tras el desastre natural, diversas municipalidades enfrentaron muchos problemas para llevar a cabo proyectos de reconstrucción o prevención, debido a los costos económicos y de tiempo que conlleva seguir un proceso de licitación. De aprobarse esta reforma, se proporcionaría un mayor margen de maniobra para las municipalidades y dependencias estatales, al disminuir los procesos burocráticos requeridos.
La otra gran ambición de la Comisión es la abanderada por la fracción legislativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Dicha bancada ha propuesto que se establezca un mínimo del 12% de las contrataciones públicas a favor de la micro y pequeña empresa. 'El principal objetivo es romper los monopolios en los procesos de licitaciones y contrataciones públicas”, dijo Peña.
Si bien la propuesta de llevar a 32 mil dólares el piso para contrataciones sin necesidad de licitar ha encontrado unanimidad entre todas las fracciones y los sectores consultados, el establecimiento de una cuota mínima de contrataciones a favor de la micro y pequeña empresa ha causado malestar en la ANEP, cuyo director ejecutivo, Arnoldo Jiménez, declaró que atenta contra los principios del libre mercado y competitividad.
La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, aseguró que el Consejo Superior de Salud (conformado por el Ministerio, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social -ISSS-, el Fondo Solidario para la Salud -Fosalud- y Sanidad Militar) quiere llevar la reforma un paso más allá, al permitir que los medicamentos del sector público puedan adquirirse sin necesidad de hacer licitación, independientemente del monto de la transacción. “No es posible que el Estado trate a la compra de un lote de medicamentos como si fuera un lote de ladrillos”, dijo.
Por tanto, el Consejo propone que para combatir la grave carencia de medicamentos en el país, todas las contrataciones y adquisiciones del sector sanitario se gestionen por medio de compra directa por la entidad correspondiente.
Ni la Comisión ni las diferentes fracciones legislativas se han pronunciado acerca de tal propuesta.
Las reformas a la LACAP han venido siendo reclamadas por diversidad de sectores desde hace años, argumentando que resulta floja para enfrentar o evitar la corrupción, y resulta un obstáculo para la agilización en las transacciones entre Estado y privados.
