Los diputados avalaron el decreto que contiene una tabla con escalones de indemnización que suben hasta los 30 mil dólares para entregar a los empleados legislativos que accedan a dejar sus puestos, en lo que fue un reconocimiento tácito de haber contratado personal que no necesitaban. La idea es reducir el número de plazas que existen en el Órgano Legislativo para 'racionalizar' el presupuesto.
Aunque son mil 138 -de los poco más de mil 600 empleados legislativos- los que fueron contratados directamente por los partidos políticos, y aunque la mayoría de ellos están en régimen de contrato y no por Ley de Salarios, los políticos decidieron que igualmente tendrán derecho a que se les entregue dinero a cambio de que dejen los puestos. El régimen de contrato se supone que existe en el sector público para obtener los servicios temporales y excepcionales de personas a las que no se requiere de manera permanente en una institución. Debido a eso, frecuentemente las plazas por contrato han sido las mejor remuneradas, pero también han permitido al empleador la libertad de terminar la relación laboral cuando lo estime necesario sin obligación de compensación económica.
Lo que fue sucediendo poco a poco, sin embargo, es que el Estado poco a poco se fue llenando de personas bajo régimen de contrato a tal punto que ahora son mayoría en muchas instituciones. Como la Asamblea Legislativa.
Durante la plenaria de este jueves los partidos políticos, con la excepción del PCN, votaron a favor del decreto, que de paso también tratará a todos los empleados por igual, concediendo una prestación de indemnización incluso aquellos a los que se les requirió bajo régimen de contrato. El decreto se aprobó bajo el nombre de Ley transitoria de compensación económica por Servicios Prestados en el Órgano Legislativo, y este estipula cuatro montos escalonados.
Las sumas propuestas para el retiro voluntario están escalonadas con una indemnización equivalente a dos meses de salario para los empleados que tienen de cero a dos años laborando, cuatro meses de salario para los que tienen de dos a cinco años, seis meses de salario para los que tienen de 5 a 10 años y 12 meses de salario para 10 años de labores en adelante.
Según el decreto, la compensación no podrá exceder los 12 meses de salarios o los 30 mil dólares. Además, los empleados que se encuentren en los primeros tres rangos y que opten por un retiro voluntario no podrán ser contratados por la Asamblea hasta después de un plazo de tres años. Para los que se encuentran en el último rango, el plazo de recontratación no solo aplica en la Asamblea Legislativa sino que en todas las instituciones públicas.
El decreto aprobado pretende solucionar el exceso de empleados contratados por partidos políticos y pagados por la Asamblea durante el último año. A inicios de 2011 hubo un aumento de más de 580 plazas, de las cuales 126 aparecen sin respaldo financiero en el presupuesto de la Asamblea y ningún directivo legislativo atina a explicar por qué tienen ese personal ni de dónde le pagarán.
Sin embargo, la medida no estipula qué pasará con las plazas que queden vacías después de ser aceptada la renuncia de los empleados. El arenero Guillermo Ávila Qüehl, quien forma parte de la comisión política de la Asamblea, aseguró que las plazas ocupadas por partidos políticos serán congeladas.
Hasta le fecha ningún jefe de bancada ni el propio presidente de la Asamblea, el efemelenista Sigfrido Reyes, han revelado el monto exacto que se le otorga a cada partido político en concepto de remuneración salarial para sus empleados. Reyes, presidente del parlamento, espera que la medida ayude a cumplir los techos salariales de cada fracción pactados a inicios de la legislatura.
Hasta ahora, algunas fuentes legislativas han asegurado que el pacto que tienen los partidos es otorgarse 12 mil dólares en remuneraciones disponibles para personal estrictamente partidario, independientemente de que los diputados realmente los necesiten como apoyo para su trabajo legislativo. Se supone que esos 12 mil dólares mensuales son para pagar 12 plazas de mil dólares cada una, pero un jefe de bancada consultado por El Faro aseguró que ese límite no se cumple.
El Faro determinó, con los datos proporcionados por algunos partidos, que los partidos Gana, PCN y PDC concentran los mayores séquitos promedio de empleados: 28 por cada diputado. El FMLN, que tiene 35 diputados, ha aceptado públicamente que tiene bajo el régimen de trabajadores estrictamente partidarios, a 134 personas, mientras que Arena, con 18 escaños legislativos, dice tener bajo la misma situación a 180 empleados. El diputado de CD Douglas Avilés ya ha confesado que tiene 16 trabajadores a su servicio, mientras que Orlando Arévalo, del PP, admite que tiene 12.
Ni Gana, ni PCN ni PDC han accedido a revelar sus planillas.
