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Fiscalía española pide rechazar la extradición de Joaquín Alviz

La Fiscalía de España dice que uno de los principales implicados en la corrupción en ANDA, el empresario Joaquín Alviz, no debe ser extraditado hacia El Salvador por su nacionalidad. El Salvador tendría la posibilidad de pedir que el imputado sea procesado en ese país.


Viernes, 18 de febrero de 2011
Efren Lemus

La Fiscalía de España pidió rechazar la solicitud de extradición contra el empresario hispano Joaquín Alviz Victorio, procesado en El Salvador por pago de sobornos a cuatro ex funcionarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), incluido el ex presidente de la institución, Carlos Perla.

“El reclamado es mayor de edad y tiene nacionalidad española. Cada parte tiene el derecho de negar la extradición de sus nacionales. En este caso procede denegar la extradición por la nacionalidad del reclamado”, dice la petición 52/2010 que la Fiscalía presentó ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que es el encargado de estudiar la solicitud de extradición de la justicia salvadoreña.

El ex representante del consorcio español UTE Río Lempa deberá presentarse a una audiencia de extradición el próximo miércoles 23, a la sección Tercera de la Audiencia Nacional. Con la solicitud de la Fiscalía de denegar la solicitud de juzgamiento en El Salvador, el empresario que ganó irregularmente dos contratos en ANDA por un monto de 33.2 millones de dólares tiene asegurada media resolución para continuar viviendo en España.

La Audiencia Nacional recibió la solicitud de extradición el 6 de junio del año pasado. La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Séptimo de Instrucción de El Salvador invocaban el Convenio de Extradición entre El Salvador y España, en vigor desde 1997, y la Ley de Extradición Pasiva, de 1985, para reclamar la extradición del empresario y procesarlo por los delitos de pago de sobornos (cohecho activo) y asociaciones ilícitas.

Los fiscales salvadoreños aseguran que a finales de 1997, Alviz se reunió en varias ocasiones con el ex presidente de ANDA, Carlos Perla, y con el ex gerente general, Mario Orellana, para manipular la licitación del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de agua Río Lempa II, la cual abastecería de agua al gran San Salvador. La obra costó 29.9 millones de dólares y la mitad de los fondos fueron aportados por la cooperación española. La administración Perla autorizó el pago, pese a que la obra no estaba terminada.

En 2001, Alviz también ganó la licitación para construir un Reservorio en Nejapa, el cual costó al Estado 3.2 millones de dólares. La obra también quedó a media construcción y la administración Perla no cobró las fianzas establecidas en el contrato. Un año después de esas anomalías, Perla fue separado de su cargo por el gobierno del ex presidente Francisco Flores y la Asamblea Legislativa formó una comisión especial de investigación.

Perla huyó del país y eventualmente fue ubicado y detenido en Francia, que terminó extraditándolo a El Salvador.

Perla fue condenado a siete años de prisión por corrupción, mientras que otra figura clave que se favoreció con los sobornos, el ex gerente Mario Orellana, se convirtió en testigo protegido. Orellana ha confesado que Alviz les pagó el 10% del precio de cada obra y que una parte del dinero lo transfirieron a cuentas bancarias en Panamá, Francia y Suiza.

La Fiscalía española considera que los hechos por los cuales es procesado Alviz en El Salvador no han prescrito, pero que la nacionalidad, aunque no impide su extradición, sí es una razón para no entregarlo a las autoridades salvadoreñas. No obstante, en el documento mencionan que los artículos 2 y 3 de la Ley de Extradición Pasiva española abre la posibilidad de una “cesión de jurisdicción”. Eso significa que si el Estado salvadoreño lo solicita, Alviz podría ser juzgado en España por los delitos que cometió en El Salvador.

Las dimensiones precisas de la corrupción en ANDA bajo la larga presidencia de Perla en la institución nunca han llegado a determinarse, pues la justicia salvadoreña solo ha logrado montar un par de casos principales que ni siquiera lograron dar con el paradero de todos los recursos mal habidos.

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