El traspaso de la presidencia de la Asamblea Legislativa puede ser visto como algo meramente simbólico, y acaso lo es. Pero es un símbolo tan grande que no puede ser pasado por alto. Hace veinte años el FMLN era aún una fuerza militar rebelde, proscrita y considerada enemiga del Estado. Ahora preside dos de los tres Órganos del Estado y es la principal fuerza política del país. El referente del poder.
Este proceso, desde los acuerdos de paz hasta hoy, es un hito sin precedentes en América Latina y acaso en el mundo. Es la mejor prueba de que el principal motivo político de la guerra, la falta de espacios para la participación de las expresiones distintas a las del poder tradicional, ha sido superado definitivamente.
Con el traspaso legislativo de la semana pasada el proceso democrático da un paso más hacia el fin de la etapa de transición y el inicio de la de normalización institucional de la democracia. El Salvador, en este sentido, ha cambiado mucho. Hace apenas dos años, los tres órganos del Estado estaban en manos distintas. Ahora hasta la Corte Suprema de Justicia es escenario de cambio. La llegada de cuatro magistrados independientes, incluyendo al presidente de la Corte, complementan el ciclo de transformaciones en la administración del Estado.
Si bien era importante cerrar esa etapa, y se ha hecho sin mayores convulsiones (lo cual habla también de la madurez del proceso), ahora es necesario abordar con nuevos referentes, y nuevos parámetros, la que comienza a abrirse ante nosotros. La polarización del sistema político es ya obsoleta. Las amenazas, y los enemigos, no vienen de la izquierda o de la derecha, sino de la corrupción y el crimen organizado.
Ya no se trata, pues, de evitar que determinada fuerza política administre el Estado, sino de evitar que determinada fuerza criminal lo sustituya, como ya está sucediendo en algunas partes de México y Guatemala.
Por eso es necesaria una profunda transformación del aparato de Estado, que le permita contar con herramientas más eficaces para combatir la corrupción y la infiltración de grupos crminales. Para evitar la perversión del sistema. Para salvar, justamente, al Estado y al proceso democrático. Para que la administración púbica sea mucho más eficiente en el cumplimiento de su misión: la de atender las necesidades de los ciudadanos. Y estas necesidades son hoy, primordialmente, seguridad, empleo, salud y educación. Todo lo demás es un lujo.
Ahora, que cerramos definitivamente la transición con el traspaso de la presidencia en la Asamblea, el sistema político debe de tener serenidad para asumir el inicio de esta nueva etapa, que requiere de concurso de sus mejores elementos.
