Los intercambios de los últimos días entre funcionarios del Ejecutivo y representantes de las gremiales empresariales evidencian la diferencia entre la visión de país de unos y otros; las enormes dificultades para trazar un mapa viable hacia el desarrollo y, a fin de cuentas, la pugna entre las aspiraciones de transformación nacional y las resistencias del poder tradicional.
El actual sistema tributario, que fue diseñado a medida de la gran empresa privada, ha demostrado su obsolescencia, su incapacidad para dotar al Estado de los recursos necesarios y su incompatibilidad con cualquier plan de redistribución de la riqueza (o de la pobreza) nacional.
El último informe de desarrollo humano de Naciones Unidas lo dice: En El Salvador, los más ricos reciben mayores subsidios del Estado que los más pobres.
Es en este contexto en el que se dirime la discusión sobre una urgente reforma tributaria. El Ejecutivo quiere discutirla en el Consejo Económico y Social y las gremiales empresariales quieren discutirla aparte, con los partidos políticos y el Gobierno, alegando que en las demás organizaciones que componen el CES (organizaciones sindicales e instituciones académicas) saben de reivindicaciones pero no de políticas fiscales. Ante la negativa del gobierno a ceder en esta “condición” de la empresa privada, sus representantes decidieron no participar en la discusión, y así evitar la consecución de un pacto fiscal.
El presidente de la Cámara de Comercio lo dijo con estas palabras: “Nosotros somos los que pagamos la fiesta y ellos los que la disfrutan. Sin nosotros eso puede ser un paquetazo fiscal, pero no un pacto”.
La historia, lamentablemente, demuestra que esas palabras son falsas. En El Salvador, histórica y actualmente, son los grandes empresarios los que han disfrutado de la fiesta que pagamos los ciudadanos; los que más gozan de incentivos fiscales, los que más se benefician de los subsidios y los que más han influenciado las políticas de Estado para hacerlas a su medida desde una posición paternalista y prepotente que no parece haber cambiado al ritmo del país: “Ya les dijimos qué hacer y no quieren”, dijo la semana pasada, también, el presidente de la Cámara de Comercio. Acto seguido pidió un debate con números, no ideologizado.
Aquí hay algunos números para el debate: de cada dólar que el Estado recibe, la mitad es a través del IVA, que pagamos los consumidores. Casi todo lo demás viene a través de otros impuestos como la renta o los que están incluidos en el precio del combustible que pagamos consumidores y empleados. En El Salvador el modelo fiscal es tan regresivo que, siendo el país más densamente poblado del continente, ni siquiera se pagan impuestos a la propiedad. Porque el modelo fue diseñado a la medida de los que más tienen.
Un reciente informe de la Unidad de Análisis del Presupuesto de la Asamblea Legislativa da cuenta de lo siguiente: el Estado deja de percibir más de mil millones de dólares al año en incentivos fiscales (principalmente para zonas francas y gran turismo) y estos generosos incentivos no se han traducido en crecimientos significativos de estos sectores ni en la generación de empleo esperado.
En otras palabras: se han beneficiado pero no han reinvertido. Han aumentado sus márgenes de ganancia pero no han puesto ese aumento a producir más empleos o a generar más riqueza para el Estado. Estos son los números que las gremiales no quieren discutir porque les parecen ideologizados, aunque abiertamente hayan hecho campaña política e ideológica (el entonces presidente de ANEP fue precandidato de ARENA a la presidencia; y el de la Cámara de Comercio públicamente advirtió sobre las amenazas a la libertad que representaría un eventual triunfo del FMLN y su candidato Mauricio Funes).
Las gremiales empresariales han hecho, sin embargo, un listado válido de propuestas que consideran de cumplimiento anterior a la discusión sobre impuestos: han pedido mayor transparencia en la administración pública y una reforma a la Corte de Cuentas. Ambas propuestas son no solo legítimas sino urgentes en El Salvador, y fue una promesa del actual gobierno que aun espera ser cumplida. A mediados de año la Asamblea debe renovar las magistraturas de la Corte de Cuentas. Con el Ejecutivo en una posición idónea para conseguir la aprobación de sus candidaturas, el presidente Funes tendrá una oportunidad única para demostrar su verdadero compromiso con la rendición de cuentas.
Los empresarios también piden un recorte en el gasto del Estado, que a la luz de los descubrimientos de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa y el manejo antojadizo del presupuesto de ese órgano del Estado es también pertinente y deseable con urgencia.
Finalmente, la empresa privada pide concesionar algunos servicios y empresas del Estado, entre ellos el sistema de transporte, el Puerto de La Unión y el aeropuerto. Y aquí ya la lista se vuelve muy extraña: el sistema de transporte ya es privado, es manejado por empresarios y no por el Estado; el aeropuerto, por otro lado, es una empresa estatal rentable y eficiente por lo que no hay ninguna razón para privatizar su administración (lo que requiere es una inversión astronómica para su ampliación que no está en los planes ni la capacidad de las empresas nacionales).
Estamos llegando, pues, al inevitable momento de choque entre los intereses y las prácticas del poder tradicional y la urgencia del cambio estructural en el modelo de nación, y es un choque porque son intereses opuestos; la consecución de uno necesariamente agrede la naturaleza del otro. Pero un país donde las mayorías aún padecen las consecuencias de rezagos y marginaciones históricos, y que debe construirse buscando que todos los salvadoreños tengan una vida digna, requiere sacrificios de sus miembros. Otra vez, recurriendo a la historia, es fácil determinar quiénes han puesto las mayores cuotas de sacrificio en términos de trabajo, salud, educación y economía familiar. O mejor dicho, a quiénes se les ha obligado a poner esa cuota. Esa fórmula no funcionó. Es buen momento para probar con una nueva fórmula: que el sacrificio lo hagan, esta vez, los que más tienen. Los que han disfrutado de la fiesta.
