Opinión /

El desarrollo del país es a cuenta de todos


Domingo, 20 de febrero de 2011
Carlos Calles

No sorprende la posición asumida por ANEP ante la propuesta del Presidente Funes de discutir el pacto fiscal en el seno de Consejo Económico y Social (CES); tampoco sorprende, y debe ser respaldada, la actitud firme con la que el Presidente Funes defiende la posición de que sea desde el CES de donde emane el pacto fiscal.

Es muy cierto que la Asamblea Legislativa promulga las leyes, pero no tiene el patrimonio de las discusiones y/o decisiones políticas. Estas decisiones políticas, y su aplicación, son la inmanencia de la voluntad soberana o lo sustancial del bien común. La voluntad soberana existe y se desarrolla en el proceso, ascendente y acumulativo, de participación política de los ciudadanos, participación que consiste en discernir y asumir la mejor solución posible a problemas públicos. Son decisiones políticas que deben ser legisladas para su aplicación general por medio del acatamiento de la ley, es esta la función primaria de la Asamblea Legislativa; tal como reza en el Art. 121 de la Constitución de la República: “… a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar.”

Esta defensa firme que hace el Presidente Funes conforma una práctica nueva en nuestro país; ya no serán los preclaros hijos de la Patria -respaldándose en la Benemérita- los que definan el rumbo general; ahora, empieza a tomar cuerpo la participación de diversos estamentos, con sus particulares comprensiones políticas y en la búsqueda de la satisfacción de sus interés y objetivos. En este sentido acudo a Rubén Zamora cuando expone, en Para lo que sirve la democracia, que “solo si el ejercicio democrático le demuestra al pueblo que puede resolver 'sus problemas' y hacerlo de la mejor manera que la dictadura, es que la democracia tendrá valor y sentido para el pueblo. En consecuencia, el nudo del problema no reside en que la gente dé preferencia a encontrar soluciones a sus problemas sobre el tipo de régimen bajo el cual viva; el problema no está en la democracia sino en “los demócratas” que están en el gobierno implementándola, en los partidos políticos que la proclaman y en general en todos aquellos que la usan para su particular beneficio.”

Recurro a la figura gramatical de la conjunción condicional para configurar la indisoluble relación de la democracia participativa o directa y de  la democracia representativa. La modernización de las sociedades políticas se caracteriza por la tendencia hacia el perfeccionamiento del régimen representativo a través del desarrollo del régimen democrático participativo;  el ejercicio pleno y complementario de ellos dos establecen los flujos, ascendentes y descendentes, de poder y decisión; flujos que transitan la piramidalidad social  para materializarse en ciudadanía, no solamente en votantes. En la base de la pirámide social se realiza el ejercicio del régimen democrático participativo, a medida que se asciende a la cúspide se va privilegiando el régimen democrático representativo. Así, la democracia adquiere el sentido de ser una forma dinámica de organización de la vida política de las sociedades.

En esta tendencia descansa la propuesta del Presidente Funes, es en procura del ejercicio de lo democrático que se debe respaldar la defensa intransigente que el Presidente Funes sostiene ante ANEP. El pleno sentido admonitorio que Carlos Dada expone en ¿Democracia para qué? adquirirá sentido prospectivo en la medida que el sector empresarial, representado en ANEP, comprenda, asuma y respalde el pacto fiscal como piedra angular del desarrollo que nuestro país requiere. La modernización del accionar político requiere y estimula la modernización del pensamiento y accionar económico. La miopía de los empresarios es superada por nuevos empresarios que acompañan y se nutren de los desarrollos del accionar democrático. Empresarios que son sustentados por el desarrollo de las ciencias políticas y económicas, no solamente por el afán de lucro.

Por el hecho de que una proposición pueda ser (localmente) cierta con respecto a cualquier unidad de análisis, no podemos concluir que pueda ser (globalmente) cierta para todas las unidades. El profesor de la Universidad de Michigan George Katona expone, en su libro Análisis Psicológico del Comportamiento Económico, “para el hombre de negocios en lo particular, el efecto de un incremento en los impuestos es el mismo que el de un aumento en los salarios: representa un costo extra que tratará de pasarle al consumidor mediante un alza de precios.” Este pensamiento lleva a establecer el perverso nexo de a más impuestos, precios más altos. Pero un incremento general de los impuestos actúa en la reducción de la demanda acumulada, generando reducción de precios. Habrá, entonces, mayor movimiento de productos, se eleva la velocidad de circulación de la masa monetaria, mejor poder adquisitivo de los salarios, se eleva la capacidad de ahorro y hay mejor voluntad hacia la adquisición de créditos.

Hay una valorización del dinero, que se sostiene y mejora por el clima de estabilidad política generado por el accionar democrático. Todo ello es alcanzable en la medida que se establezca el pacto fiscal que requiere nuestro desarrollo; por ello, insisto, debemos respaldar la actitud firme del gobierno 'Con ANEP o sin ANEP la discusión del pacto fiscal seguirá en el Consejo Económico y Social'.  

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