Además de la crisis de legalidad de varias candidaturas presidenciales, el proceso electoral está cimbrado por la narco-guerra. Como es una guerra entre cárteles por el control de territorios y rutas, los primeros blancos son actores locales. Quiere decir que los espacios de participación democrática municipal y departamental se cierran de una manera brutal y riesgosa.
Cada año electoral se propaga –sin información dura de terreno que la sustente– la tesis del “incremento de la violencia política”, pero esta vez las cosas han cambiado. Los seis procesos electorales celebrados desde 1985, ocurrieron ante la presencia in crescendo del narcotráfico, pero bajo armisticio. Indistintamente los narcos financiaban candidatos, y estos a caballo regalado no le veían el diente. Ahora el patrocinio podría estar atado a la demanda de lealtades, y eso cambia las cosas.
Hace tres años analicé los escenarios del narcotráfico (“Llegó la guerra”, Análisis de situación, elPeriódico, 6 de marzo de 2008) basándome en estos eventos clave: 1. la desestabilización de rutas de la droga debido al reto bélico que el presidente de México, Felipe Calderón, había plantado a los carteles, 2. el asesinato de Juancho León y, 3. el arribo de Los Zetas, que se volvieron huéspedes incómodos de los narcos tradicionales.
El escenario de la guerra ya está puesto. La versión local de Los Zetas y los jefes de grupos emergentes están conquistando territorios y rutas a sangre y fuego. Entre tanto crimen cotidiano, pasan inadvertidos los datos que conforman el cuadro de la guerra entre narcos. En oriente, una camioneta blindada volada junto con sus pasajeros por un RPG-7. En occidente, un personaje abatido, apenas el martes, con 70 tiros de armas de grueso calibre. En una finca de la región central, otro personaje secuestrado no obstante la treintena de custodios seriamente armados. En plena Zona Viva, en el Periférico y en restaurantes de municipios aledaños a la capital se ha sucedido ataque tras ataque en los últimos meses.
Además, la violencia del narco está cruzando con cada vez más frecuencia el campo de los políticos municipales y regionales. Los mensajes parecen claros: si el candidato “equis” está alineado al bando bajo acoso y no se alinea al agresor, es eliminado junto con sus colaboradores, o bien le envían la señal atacando a su familia. Estamos entonces ante un cuadro de violencia cada vez menos esporádica y de asesinatos que van en serie. Es un cuadro de gobernabilidad riesgosa del evento electoral. La pregunta es, ¿tiene el Estado la capacidad de imponer una tregua?
